Edgar Fonseca, editor

El fiasco del cuestionario de 621 preguntas adicionales a las pruebas FARO en el que los alumnos de quinto grado tardaron hasta cinco horas merece investigación profunda y sanción a los responsables.


Y profundizar sobre el orígen de estas misteriosas “innovaciones” en nuestra paupérrima educación pública.


Que no destruyan la evidencia.


Que nadie toque esos cuestionarios matriz como ya algunos corren y pregonan para desaparecer cualquier indicio a eventuales indagaciones.

¿Quién dio la orden de aplicarlos?


¿De dónde salieron?


¿Cómo el MEP se prestó tan solícitamente para su aplicación?


¿Por qué demandar a los alumnos datos privados personales, familiares, económicos, sociales?


¿Por qué aprovecharse para montar esa base de datos, más propia del censo Inec, en una prueba estrictamente académica?


“Hoy, los estudiantes de quinto grado pasaron más de tres horas llenando más de 600 bolitas, contestando preguntas referentes a información de los hogares, información sensible. Si quieren saber cómo viven los padres de nuestros estudiantes o si tienen Internet, televisor u otros dispositivos, por qué no le envían esos cuestionarios a los padres o encargados de los estudiantes”, criticó una docente de apellido Leal, informa La Nación.


“Lo de hoy es inaceptable. Mis compañeras hoy sintieron tristeza. Les tocó casi obligar a estos niños a cumplir con sus más de 600 puntitos, abuso emocional tanto para docentes como para estudiantes”, cuestionó otra educadora, según dicho medio.


Haría bien el MEP en permitir que un panel independiente se sume a tratar de esclarecer qué pasó.


¿Cuál fue el origen de este desaguisado que remata el apagón educativo que ha sufrido el país en la emergencia de la pandemia?