Edgar Fonseca, editor

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, defendió nuevamente ayer martes su accionar inicial frente a los casos de corrupción detectados en dicha dependencia que culminaron con el caso Cochinilla, el mayor escándalo reciente de alegada corrupción en contratación de obra pública.

Según Méndez Mata, mediante el Oficio DIE-12-18-2949 (011) del 11 de diciembre del 2018, emanado de la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), se confirmó la decisión y el posterior seguimiento para unir esfuerzos con el OIJ, desde el 2018, para combatir la corrupción en esa institución.

“De ese modo se logró el contacto con la unidad anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en noviembre de 2018, con la cual se están coordinando todas las gestiones necesarias, no solo para atender los hechos puntuales de la región de Guanacaste, sino y tal como lo señala en sus recomendaciones, de la totalidad de las zonas de trabajo de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes”, citó de dicho oficio un comunicado del MOPT.

El caso Cochinilla estalló el 14 de junio anterior cuando unos 600 agentes y fiscales ejecutaron al menos 50 allanamientos al desarticular lo que acusaron una gran presunta red de dádivas en que participaban representantes de firmas constructoras y funcionarios de CONAVI.

Al destapar el caso, Walter Espinoza, director OIJ, aseguró que el presunto daño social al Estado por este caso ascendería a al menos a ¢78.000 millones, cifra puesta en duda tras reciente intervenciones de la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, en una comisión legislativa investigadora y ante la Fiscalía.

“Esos fondos no salieron del Ministerio de Hacienda en 2018”, aseguró Aguilar ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción el 10 de febrero.

Por el caso Cochinilla hay acusadas al menos 28 personas.

Dos de ellas, los empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solís, de las constructoras MECO y H Solís, respectivamente, guardan prisión preventiva desde hace 8 meses que vence el próximo 26 de marzo.

La Fiscalía solicitó ampliar la medida de prisión preventiva contra ambos.

El ministro Méndez es investigado por OIJ y Fiscalía por supuestas anomalías con la orden de cierre que dio de cuatro plantas de asfalto.

Su residencia y despacho fueron allanados el 10 de marzo.

Según la Fiscalía, la finalidad de dichos allanamientos fue localizar evidencia de interés para incluir en el expediente 19–00028–033–PE, relacionado con el caso conocido policialmente como “Cochinilla”.

Desde que estalló el caso Cochinilla, Méndez ha alegado que, tan pronto asumió su gestión, contactó con OIJ para que se investigaran alegados casos de corrupción institucional.

El OIJ sostiene, por el contrario, que no hubo ningún acercamiento formal.

Queda claro acercamiento con OIJ

“Queda claro que esta Administración decidió, desde el 2018, llevar adelante una lucha contra los actos de corrupción que se pudieran estar dando en el CONAVI y que, para tales efectos, este ministro decidió en conjunto con la Dirección Ejecutiva del CONAVI, que se hiciera un acercamiento con el OIJ con el fin de que se llevara adelante una investigación efectiva y eficaz”, reaccionó Méndez Mata al dar a conocer el oficio de coordinación con autoridades judiciales.

“Es importante –agregó– también porque evidencia que siempre hemos dicho la verdad sobre esta decisión, que se manejó con sigilo y confidencialidad para asegurar el éxito, para que las autoridades llevaran adelante la investigación sin que se despertaran sospechas de parte de quienes estaban cometiendo actos delictivos”.

Según el MOPT, el oficio fue enviado a la Auditoría Interna del CONAVI de parte de la Dirección Ejecutiva de esa entidad, tres años y medio antes de que se diera a conocer el caso Cochinilla.

El oficio ratifica que “las gestiones incoadas en conjunto de esta Dirección Ejecutiva y la Unidad Anticorrupción del OIJ, están en franco avance (…) con lo cual se pretende hacer una injerencia en las posibles estructuras ilícitas que destacan en la institución”.

El MOPT destaca que la existencia de dicho oficio revierte la teoría de que los acercamientos con el OIJ se dieron de forma espontánea de parte de funcionarios del CONAVI y refleja claramente que se llevó a cabo un proceso informado y coordinado con ese organismo desde la Dirección Ejecutiva, tal y como lo instruyó el Ministro Méndez en el 2018 en reunión realizada en su despacho.

El MOPT enfatizó que la Administración actuó responsablemente en los temas de corrupción y que en el proceso de investigación guardó el cuidado, la discreción y la confidencialidad necesarias para no interferir con dicha investigación judicial. 

Aeveran que ello queda referenciado en ese oficio, al señalar que“cualquier diligencia actual debe tratarse con sumo cuidado para no poner en alerta a los potenciales implicados y afectar la investigación en desarrollo”.

Méndez Mata envió el documento a la Comisión Especial Investigadora del CONAVI para que lo incluyan en el expediente como prueba fehaciente de sus declaraciones ante ese foro legislativo.

La comisión legislativa entregará su informe del caso a fin de mes.