Edgar Fonseca, editor/Foto Riteve.co.cr

La Contraloría General de la República rechazó hoy prorrogar el contrato de revisión técnica vehicular suscrito por el Estado con la firma RITEVE, confirmaron fuentes oficiales.

Asó lo hizo constar en respuesta al planteamiento que le remitió el Consejo de Seguridad Vial -COSEVI- para la prestación del servicio de inspección vehicular.

El contrato vigente vence el próximo mes julio.

Según el ente contralor, COSEVI propuso prorrogar el contrato por un plazo de tres años y una prórroga de dos años adicionales.

Ausencia de información

La gestión fue rechazada en la medida que no existe claridad en la información presentada sobre aspectos esenciales para una eventual prórroga del contrato, advirtió en su respuesta la Contraloría.

La Contraloría reconoce el interés público en la inspección técnica vehicular.

Sin embargo, justifica e rechazo a la gestión de COSEVI entre otras razones en:

  • la variación en el modelo de negocio respecto de la donación de estaciones y equipo de dichas estaciones
  • el impacto en la tarifa que pagarán los usuarios del servicio
  • la justificación de la prórroga del plazo por 5 años
  • la suspensión del trámite de contratación de nuevos operadores en razón de la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra del artículo 25 de la Ley de Tránsito
  • la participación de la ARESEP en la aprobación de la tarifa que rige a partir del 16 de julio
  • el mantenimiento de las instalaciones

Dos alertas

La Contraloría destaca que mediante informes de fiscalización del 28 de junio y 13 de octubre de 2022, desde un año antes del vencimiento de este plazo contractual, advirtió claramente a la Administración sobre la oportunidad requerida en la gestión de una solución en este tema, bajo su entera responsabilidad y con apego a la normativa legal aplicable (misma que le es de amplio conocimiento), por lo que en el oficio se cuestiona la oportunidad y la calidad con la que se planteó la solicitud de autorización.

¿Y ahora?

Según la Contraloría, le corresponde exclusivamente a la Administración valorar los términos del oficio de la CGR y definir una estrategia para dar continuidad a la prestación del servicio apegado a la normativa aplicable, que le compete y conoce.