Edgar Fonseca, editor

Con cinco causas penales en su contra, una de ellas por el cuestionado financiamiento paralelo de su campaña, que investigan autoridades judiciales y electorales, el presidente Chaves se presentó en sesión de Corte Plena y advirtió que la Fiscalía General no debe ser usada para avanzar causas de “odio” e intereses “canallas”.

Nunca, que recordemos, un mandatario había aprovechado el máximo foro judicial, para aventurarse en una demanda de atención al casi colapsado aparato judicial, cuando, como en su caso, hay de por medio procesos que apenas empiezan a tramitarse y que tarde o temprano llevarán a los órganos jurisdiccionales a llamar a una u otra parte, ¿por qué no? al propio mandatario.

El imprudente sermón presidencial a los magistrados fue el segundo eslabón de acciones, por lo visto bien orquestadas, poniendo en entredicho la capacidad de respuesta de las instancias judiciales por todos conocida.

Más inquietante: el afán por deslegitimar, desacreditar, demeritar, a priori, cualquier proceso que se plantee o se abra en contra suya a lo largo de una administración que apenas despega.

El fiscal general interino, Wagner Molina, tuvo la cortesía de atenderlo, porque su investidura lo amerita, durante 37 minutos las tarde de aquel jueves.

Tras ello, el presidente se despachó a desacreditar el fundamento de las causas.

Las tildó de “absurdas, frívolas y sin fundamento” y acusó a “operadores políticos”, que no identificó, como el cerebro detrás de los procesos.

La intempestiva visita a la Fiscalía General fue el preludio del acto en que, a invitación del magistrado Fernando Cruz, el jefe de Estado, cargó ante el pleno de los magistrados por la mora y el atasco judicial y el supuesto uso de la instancia acusadora con fines politiqueros.

“Los ciudadanos estamos inquietos y preocupados por el uso de la judicialización como herramienta de la politiquería burda y barata”, afirmó Chaves ante su auditorio.

“Esta insigne institución que ustedes representan no debe permitir que individuos y grupos malintencionados continúen utilizando la Fiscalía General o el sistema judicial como obsceno cañón para lanzar sus balas de odio y sus intereses canallas”, acusó.

“La Corte –insistió– no merece darle vitrina y espacio a estos individuos”.

“Es momento de parar a los canallas que están llenando al tribunal de demandas absurdas y frívolas”, exigió, a la vez que presionó porque se nombre pronto un Fiscal General en propiedad.

“La prolongada ausencia de esta figura daña las importantísima figura del Ministerio Publico y afecta la persecución penal de este país, sobre todo de los casos de corrupción que lastiman las bases del Estado y el pueblo ve que no hay progreso suficiente y que permanece demasiada impunidad”, dijo.

Ante aquellas palabras, el pleno de magistrados guardó silencio.

Solo el magistrado Cruz atinó a recordarle al gobernante la esencia de la independencia de poderes que llevará tarde o temprano a las autoridades judiciales a avanzar –libres de toda presión, enojo o regaño–, las pesquisas por el financiamiento de la campaña del hoy mandatario o por cualquier otra causa que le atañere, cosa que parece perturbarle mucho.

Este desafortunado episodio pasa a la historia como un flagrante irrespeto a un principio fundamental de nuestra convivencia democrática institucional.

  • Version actualizada 25 de junio,2022