Edgar Fonseca, editor

La investigación de supuestas irregularidades con el financiamiento de los partidos políticos durante la campaña recién pasada será un eventual foco de tensión entre estos y el Poder Judicial, particularmente el Ministerio Público, advierte el IV Informe Estado de la Justicia.

El 16 de junio el presidente Rodrigo Chaves, en una acción sin precedentes, visitó inesperadamente la Fiscalía General a indagar por causas abiertas en su contra.

El Fiscal General interino, Wagner Molina, le confirmó 5 procesos, entre ellos una investigación por la supuesta estructura paralela de financiamiento de su campaña.

Tras la sorpresiva visita a la Fiscalía, Chaves calificó las denuncias como “frívolas, absurdas, sin fundamento”.

El lunes 20 de junio, el gobernante se presentó a la sesión de Corte plena e hizo igual reclamo ante los magistrados.

El magistrado Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, le recordó a Chaves la importancia del respeto a la independencia de poderes y sostuvo que la investigación de financiamiento de partidos está a cargo del Poder Judicial.

Cruz anunció el lunes 4 de julio que no optará a la reelección como presidente de la Corte, cargo en el que se desempeña desde 2014. Seguirá como magistrado de la Sala Constitucional hasta 2028.

Este contexto de tensión entre actores políticos y el Poder Judicial es ratificado en el IV Informe Estado de Justicia que advierte:

El trámite de las denuncias de irregularidades en el financiamiento de los partidos políticos durante la

campaña electoral pondrá de nuevo al Ministerio Público en el foco de la opinión pública y será fuente de

tensión con partidos políticos, sobre todo con aquellos que están representados en la Asamblea Legislativa.

Recuérdese que el Legislativo tiene competencia para legislar sobre el Poder Judicial, reformarlo desde fuera,

y cuenta con un megáfono permanente para realizar un escrutinio de la labor judicial. Todo ello configura

un mayor riesgo del fenómeno de lawfare (el uso de la ley como arma política), sobre todo en momentos en

que el Poder Judicial es especialmente vulnerable debido a las restricciones presupuestarias y la necesidad de

llenar vacancias en la Corte Suprema de Justicia.

Bajo fuerte tensión

El informe, el primero tras el periodo de pandemia, resalta que el Poder Judicial sigue sometido a una fuerte tensión

Una vez superados los primeros impactos de la pandemia y con un país en un incierto proceso de

recuperación económica, el Poder Judicial sigue sometido a una fuerte tensión, cita dicho análisis.

Por un lado –agrega– debe enfrentar retos novedosos como la brecha digital en la ampliación de la justicia electrónica, ejercer como

contrapeso de los poderes Ejecutivo y Legislativo cuando se tramitan iniciativas que alteran el funcionamiento general del Estado

costarricense y lograr intervenciones balanceadas frente al creciente fenómeno de judicialización de la política y

la politización de la justicia.

Advierte que no puede descuidar los esfuerzos para solventar desafíos estructurales históricos, tales como la mora judicial, los costos

y la productividad.

Panorama complicado

Para complicar este panorama, resalta el informe, todo ello ocurre en medio de demandas ciudadanas crecientes, una pérdida de la

confianza de la población, recursos humanos y presupuestarios limitados, distintas condicioneslaborales que generan tensiones

gremiales internas y sin cambios viables de gobernanza.

Esta dinámica –sostiene el estudio– presionará fuerte y continuamente la capacidad de respuesta del Poder Judicial y, de no ser

atendida adecuadamente, podría erosionar aun más la credibilidad de la ciudadanía en el Estado de derecho.

En un contexto internacional de reversiones democráticas, en el cual el ataque a la independencia de los poderes

judiciales es un fenómeno común, sería ingenuo pensar que Costa Rica está exenta de esos peligros, alerta el informe.

En mayo de 2022 el país inauguró una nueva administración de gobierno que continúa enfrentando una

crisis fiscal y el desafío de la recuperación económica tras los peores períodos de la pandemia.

En la actualidad, diferentes situaciones internacionales provocan un aumento de precios y pueden afectar negativamente

esta recuperación.

En ese marco, remarcan, el extendido malestar ciudadano con la política y sus instituciones sigue vigente, en especial después de un

proceso electoral que creó muchas expectativas de un mejor futuro entre la población.

La judicialización de este descontento es un curso de evolución previsible, así como las demandas judiciales

de actores opositores al gobierno y sus políticas públicas con el fin de bloquear iniciativas de la nueva

administración.

Una muestra de ello –amplía el informe– es el hecho de que, a la fecha de cierre de edición del presente Informe

Estado de la Justicia (mayo de 2022), los primeros decretos ejecutivos del nuevo Ejecutivo (la no obligatoriedad

del uso de mascarillas en sitios cerrados y la vacunación), habían sido recurridos ante la Sala Constitucional.

La previsión de temas propios de la agenda de derechos humanos, anunciada por las nuevas autoridades,

posiblemente también terminarán en decisiones de los tribunales de justicia.

Denuncias de financiamiento de partidos

El trámite de las denuncias de irregularidades en el financiamiento de los partidos políticos durante la

campaña electoral pondrá de nuevo al Ministerio Público en el foco de la opinión pública y será fuente de tensión con partidos políticos,

sobre todo con aquellos que están representados en la Asamblea Legislativa, ratifica el estudio.

Recuérdese –señalan– que el Legislativo tiene competencia para legislar sobre el Poder Judicial, reformarlo desde fuera,

y cuenta con un megáfono permanente para realizar un escrutinio de la labor judicial. Todo ello configura

un mayor riesgo del fenómeno de lawfare (el uso de la ley como arma política), sobre todo en momentos en

que el Poder Judicial es especialmente vulnerable debido a las restricciones presupuestarias y la necesidad de

llenar vacancias en la Corte Suprema de Justicia.

Ante este panorama político nacional, plantean, el Poder Judicial requiere fortalecer la calidad de su gestión para

cumplir con el derecho humano y mandato constitucional de garantizar una justicia pronta, cumplida, igual

para todos y todas, e independiente de cualquier grupo de presión.

Ello –insisten– pasa por comprometerse con la mejora efectiva de las áreas débiles señaladas de manera constructiva

en este Informe, antes de que el origen de esos cambios provenga del sistema político-partidario, que

incluye actores que pueden no estar necesariamente interesados en mejorar las condiciones actuales del

Judicial, en la vigencia de los contrapesos al poder político, ni la persecución judicial de las personas integrantes

de los Supremos Poderes.

Especial PuroPeriodismo: IV Informe Estado de la Justicia, julio 2022