Edgar Fonseca, editor/Foto OIJ

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial lanzaron 21 allanamientos este lunes por alegadas irregularidades en la CCSS con la compra de mascarillas sanitarias KN95 por $6 millones, durante el pico de la pandemia covid-19 en 2020. 

Los allanamientos se desarrollaron como parte de la causa que se tramita contra personal de la Caja Costarricense del Seguro Social y proveedores de esa institución, por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública. 

La Fiscalía confirmó que en cuanto a funcionarios de la Caja, investiga al exgerente general, exgerente de logística, directores y jefes del Área Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, asesores de las gerencias, y la Comisión Técnica encargada del análisis de dichos respiradores. 

También son investigados una mujer de apellidos Martínez Ruiz y un hombre apellidado Landergren Castro, identificadas como personas externas de la institución.

No hubo detenidos.

Los allanamientos se desarrollaron desde primera hora en oficinas de la C.C.S.S, en el Edificio Océano, en el Centro Corporativo Internacional, IBT S.A y la Oficina Landergren Consulting Gruop.

La investigación

La Fiscalía presume que los funcionarios de la CCSS, quienes ocupaban cargos de alta jerarquía a mandos medios, se habrían aprovechado de sus puestos para intervenir en los procesos de compras, durante la pandemia.

Según las investigaciones, los sospechosos habrían facilitado dichos procesos para obtener los denominadas respiradores filtrantes de partículas para protección respiratoria y, al parecer, favorecerse y favorecer a proveedores que nunca habían contratado con la C.C.S.S. y que, presuntamente, se dedicaban a otro tipo de actividad económica.


En apariencia, extemporáneamente, las empresas habrían presentado ofertas a la institución, sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos dentro del cartel, citó un comunicado oficial.

Aparentemente, resultaron adjudicadas, pese a que existían otras ofertas que cumplían con los requisitos establecidos, así como compañías reconocidas por ser proveedores regulares, añade la Fiscalía.

Informaron que el objetivo de los allanamientos es decomisar prueba para el caso, por lo que no habrá personas detenidas. La causa se investiga mediante el expediente 20-027795-0042-PE.

OIJ destacó que en los sitios allanados realizan el decomiso de documentación y equipo electrónico en el que se determine que puede haber información de importancia para la investigación.

Casas y oficinas

Los allanamientos de este lunes incluyeron –según OIJ– casas de habitación y oficinas, en los sectores de Escazú, Pavas, Heredia, La Guácima, Santa Ana, Cartago, Barrio Don Bosco, Sabana y San José centro.

Investigan los supuestos los delitos de Tráfico de Influencias, Influencia contra la Hacienda Pública y Falsedad en la recepción de bienes y servicios.

Según OIJ, la investigación la iniciaron los agentes judiciales en agosto del 2020, a raíz de una serie de publicaciones realizadas en medios de comunicación, en las cuales indicaban que al parecer los insumos médicos, específicamente las mascarillas que estaban siendo entregadas a los funcionarios de los centros médicos encargados de la atención de la pandemia por el SARS-COV-2, no cumplían con los parámetros de calidad que se requerían para la debida protección de los profesionales de la salud encargados de la contención y manejo de dicha pandemia.

La investigación, ampliaron, se centró en tres concursos de compras de Respiradores filtrantes de partículas, Mascarillas quirúrgicas descartables y Mascarilla médica descartable, los cuales en apariencia fueron adjudicados por un monto de más de seis millones de dólares.

Tras la investigación realizada por los agentes de la Sección de Anticorrupción, es que este lunes bajo dirección funcional con el Ministerio Público, dispuso los allanamientos en las oficinas de la entidad pública encargada de la compra del mencionado insumo médico, en oficinas de empresas proveedoras de dichos productos, así como en las viviendas de las personas involucradas en dichos procesos de compra.

Los agentes de la Sección de Anticorrupción una vez finalizados los allanamientos remitirán un informe al Ministerio Público, sobre el trabajo realizado, para lo correspondiente.