Edgar Fonseca, editor
Un informe legislativo evidencia grave retroceso en lucha contra crimen organizado y narco en últimos 4 años.
Durante la Administración Chaves Robles, la política de seguridad pública ha experimentado un debilitamiento sustantivo, evidenciado tanto en la toma de decisiones como en la asignación de recursos y la conducción estratégica del Estado en esta materia, destaca el informe de mayoría de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Adjunto conclusiones:
Informe Comisión de Seguridad y Narcotráfico
VI. Conclusiones
Del análisis integral realizado, esta subcomisión concluye que:
➢ Durante la Administración Chaves Robles, la política de seguridad pública ha experimentado un debilitamiento sustantivo, evidenciado tanto en la toma de decisiones como en la asignación de recursos y la conducción estratégica del Estado en esta materia.
➢ Se determina que múltiples decisiones administrativas relevantes carecieron de sustento técnico suficiente y, en varios casos, se apartaron de criterios especializados, generando impactos negativos en áreas críticas como la vigilancia marítima, el control fronterizo, la formación policial y la gestión penitenciaria. Estas actuaciones no solo afectaron la operatividad institucional, sino que contribuyeron a una disminución en la capacidad de respuesta del Estado frente al crimen organizado.
➢ Asimismo, se identifican omisiones, fallas de gestión y debilidades en la coordinación interinstitucional que han favorecido un entorno propicio para el fortalecimiento de estructuras criminales, reflejado en el aumento de la violencia, la expansión territorial del narcotráfico y la reducción en indicadores clave como los decomisos de droga.
➢ La evidencia también permite advertir una reducción sostenida de recursos en sectores estratégicos de seguridad, inteligencia y prevención, lo cual configura un factor adicional de debilitamiento institucional, particularmente en cuerpos especializados como la Policía de Control de Drogas, el Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía Profesional de Migración y el Instituto Costarricense sobre Drogas.
➢ Se constata, además, la ausencia de una política de seguridad de Estado articulada entre los Poderes de la República, así como una falta de liderazgo estratégico que ha limitado la construcción de respuestas integrales basadas en prevención, inteligencia y control territorial. A ello se suma un contexto discursivo que ha dificultado la generación de consensos y la coordinación necesaria para enfrentar una problemática de carácter estructural.
➢ De igual forma, se identifican indicios preocupantes de posibles vínculos, contactos o acercamientos entre funcionarios del Poder Ejecutivo y personas investigadas por narcotráfico, lo cual, sin constituir por sí mismo una determinación de responsabilidad penal, representa un riesgo significativo para la integridad institucional y la confianza pública.
➢ En materia penitenciaria, la implementación del régimen de alta contención presenta elementos que podrían comprometer derechos fundamentales y exponer al Estado a eventuales responsabilidades internacionales, particularmente por la ausencia de sustento normativo adecuado y las condiciones de aplicación documentadas.
➢ Adicionalmente, se confirma la utilización sistemática de áreas protegidas como rutas para el narcotráfico, así como la consecuente degradación ambiental y la limitada capacidad estatal para ejercer control efectivo en estos territorios, lo que evidencia el carácter transversal del fenómeno criminal.
En conjunto, los indicadores delictivos, la evidencia técnica y los testimonios recabados permiten concluir que Costa Rica enfrenta una de las crisis de seguridad más complejas de las últimas décadas, en un contexto de creciente presencia de organizaciones criminales transnacionales.
Finalmente, los hallazgos expuestos permiten sustentar la necesidad de determinar responsabilidades políticas y administrativas derivadas de decisiones, omisiones y actuaciones atribuibles a los jerarcas y funcionarios que ocupan cargos con poder de toma de decisiones dentro de la Administración de Rodrigo Chaves Robles, las cuales han incidido en el debilitamiento progresivo de las capacidades institucionales. Dichas conductas han comprometido de manera directa la eficacia del Estado para garantizar la seguridad pública, el control territorial y el mantenimiento del orden público, afectando el adecuado cumplimiento de sus funciones esenciales.
