Edgar Fonseca, editor/Foto OIJ
Alejandro Monge Picado, alias Diablo, confesó al ser detenido el viernes anterior en una aislada finca de San Bernardino, Sarapiquí, que contaba con apoyo de oficiales de Seguridad Pública, destacó un comunicado de la Fiscalía.
El Ministerio Público rechazó, además, con vehemencia los cuestionamientos lanzados por la presidenta Laura Fernández, el expresidente y ministro Rodrigo Chaves y otros voceros de gobierno contra el operativo Némesis que dejo un sospechoso muerto y 8 agentes OIJ heridos, dos de ellos delicados.
La captura de Diablo y de dos de sus lugartenientes se dio tras un tiroteo de 50 minutos. La DEA ofrecía $500 mil de recompensa por su arresto. Las autoridades estadounidenses lo vinculan a una violenta red del narco y el crimen organizado en la zona Atlántica.
El director a.i. del OIJ, Michael Soto aseveró el viernes que dicha red es responsable de al menos 200 homicidios producto de disputas por control del negocio narco. En total junto a los otros detenidos, las autoridades estiman que tendrían presunta vinculación con 360 homicidios particularmente en la región Caribe.
Estaba en fuga desde hace 10 años.
“¿Por qué ha recibido tan poca atención una manifestación de enorme gravedad realizada por el propio imputado al momento de su detención, quien afirmó haber contado con la colaboración de policías del Ministerio de Seguridad Pública?”, cuestionó la Fiscalía en un inesperado giro tras el espectacular operativo con participación de 70 oficiales élite del Organismo de Investigación Judicial, fiscales y un juez penal.
“Esa última afirmación –añadieron– de ser cierta, representa un asunto de la mayor relevancia para la seguridad del país y merece que todas las instituciones competentes concentren sus esfuerzos en esclarecerla. El Ministerio Público y el OIJ ya lo están haciendo.
Extrañeza y temor
-Respecto a la captura y procesamiento de alias Diablo vemos con extrañeza el temor y preocupaciones externadas por el Poder Ejecutivo, por lo que resulta pertinente formular algunas interrogantes que contribuyan a un debate objetivo y responsable:
¿Por qué ha generado tanta preocupación a ese poder de la República que una audiencia se realice de manera presencial, cuando esa modalidad está prevista en el ordenamiento jurídico y responde a criterios procesales definidos por las autoridades judiciales?
¿Por qué se ha cuestionado el traslado del imputado a las celdas del Organismo de Investigación Judicial desde tempranas horas, si se trata de una medida logística y de seguridad que forma parte de la preparación de una audiencia de esta naturaleza?
Y, sobre todo, ¿por qué ha recibido tan poca atención una manifestación de enorme gravedad realizada por el propio imputado al momento de su detención, quien afirmó haber contado con la colaboración de policías del Ministerio de Seguridad Pública?
Esa última afirmación, de ser cierta, representa un asunto de la mayor relevancia para la seguridad del país y merece que todas las instituciones competentes concentren sus esfuerzos en esclarecerla. El Ministerio Público y el OIJ ya lo están haciendo.
Fuente: Prensa Ministerio Público
