Edgar Fonseca, editor
La alusión que hizo el expresidente Rodrigo Chaves a una dictadura, durante los actos de celebración del 202 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya ayer sábado, generó fuerte repudio en círculos políticos opositores.
“La posibilidad de una dictadura ha sido nombrada públicamente por primera vez en décadas en Costa Rica por parte de quien está en el poder. Ya no podemos hacernos los desentendidos”, advirtió Kevin Casas Zamora, Secretario de Internacional IDEA, organización dedicada a promover y defender valores democráticos. Artículo adjunto.
“¿Están muertos de miedo? ¿Les da miedo la dictadura? ¿Les da miedo que cierre el Poder Judicial? Mejor me callo”, arengó Chaves durante el acto oficial en celebración de la Anexión del Partido de Nicoya ayer sábado.
Repudio y rechazo
“Ninguna diferencia política puede poner en duda la democracia, la división de poderes ni laindependencia judicial. Nuestra fracción repudia cualquier discurso que pretenda normalizar el autoritarismo y advertimos que no permitiremos que se juegue con los cimientos de nuestra República”, sostuvo la fracción de Liberación Nacional en un comunicado. Adjunto.
“No es momento para fomentar divisiones ni para atacar a quienes exponen su vida por nuestra seguridad y paz”, demandó la diputada Abril Gordienko de la fracción unipersonal PUSC.
“Ya nos tiene acostumbrados a su constante deslegitimación del Poder Judicial y de las bancadas del bloque democrático, de todo aquello que huela a pesos y contrapesos que caracterizan la democracia”, fustigó la diputada Claudia Dobles de la fracción unipersonal coalición CAC.
Lo acusó de fomentar “la provocación y la falta de respeto”.
“No es momento para lanzar discursos sobre dictaduras y cierres institucionales, sino para aplaudir los logros que nos benefician, para pensar en lo que nos une como costarricenses y en lo que nos puede hacer progresar. Es lo que yo espero de nuestros gobernantes”, remarcó.
“¿Les da miedo la dictadura?”
Kevin Casas-Zamora, exvicepresidente de la República
Las palabras del ex-presidente Rodrigo Chaves en el acto público de ayer en Nicoya pueden ser interpretadas de distintos modos. Al preguntarle a la audiencia “¿Les da miedo la dictadura?” y “¿Les da miedo que cierre el Poder Judicial?”, el ex presidente está o ridiculizando a quienes acusan al gobierno actual de moverse en esa dirección o, por el contrario, indagando la disposición de la audiencia a tolerar un sistema autoritario, en el que el Poder Judicial no opere como un control a las decisiones del gobierno.
Cada quien decidirá qué interpretación prefiere. Sin embargo, en un contexto en el que el gobierno está enfrascado en un conflicto político sin precedentes con el Poder Judicial, definido por el recorte de sus recursos presupuestarios a contrapelo de la norma constitucional, la emasculación deliberada de las capacidades de la Sala Constitucional para ejercer su función jurisdiccional, las cotidianas acusaciones por parte de las autoridades del gobierno sobre la supuesta incompetencia y corrupción de los jueces, y la declaración del hoy ministro Chaves sobre la prioridad para el partido de gobierno de controlar el Poder Judicial como necesario corolario de su control actual sobre los poderes ejecutivo y legislativo, es imposible descartar la segunda interpretación.
En eso consiste la gravedad de este episodio: desde hace más de 70 años para los costarricenses –y para el resto del mundo– la segunda interpretación, la noción de que algún líder político en Costa Rica pudiera considerar e invocar públicamente la posibilidad de una dictadura, ha sido simplemente impensable, como impensable lo había sido en Chile y Uruguay antes de 1973. Que ya no lo sea es una señal de que algo muy importante ha cambiado en Costa Rica y no para bien.
En el principio fue el Verbo, dice el Génesis.
Nombrar las cosas es crearlas en la mente de quien habla y de quien escucha. La posibilidad de una dictadura ha sido nombrada públicamente por primera vez en décadas en Costa Rica por parte de quien está en el poder. Ya no podemos hacernos los desentendidos. Que esa posibilidad no llegue a materializarse, que el verbo no adquiera existencia corpórea, ya no está garantizado. Dependerá enteramente de que los costarricenses lo entendamos así cuanto antes y actuemos en consecuencia
Fuente: Linkedin
LA DEMOCRACIA COSTARRICENSE EXIGE UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE, EFICAZ Y SUJETA A RENDICIÓN DE CUENTAS
- La Fracción del PLN defiende una justicia que mejore, rinda cuentas y tenga los recursos necesarios para combatir el crimen organizado y proteger a las personas.
Guanacaste, 25 de julio de 2026. Ante las recientes expresiones de Rodrigo Chaves, ministrode la Presidencia y de Hacienda, que plantearon, como posibilidad, el cierre del Poder Judicial,la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional reafirma que ninguna diferencia políticapuede poner en duda la democracia, la división de poderes ni la independencia judicial. Nuestrafracción repudia cualquier discurso que pretenda normalizar el autoritarismo y advertimos queno permitiremos que se juegue con los cimientos de nuestra República.
Para esta fracción no es momento de sembrar dudas, es momento de que la justicia funcionemejor para todos. Nosotros creemos en una justicia que rinda cuentas, que sea rápida yvaliente, pero para eso necesita herramientas, no amenazas de cierre.
Los recientes resultados en la lucha contra el crimen organizado demuestran por qué Costa Ricanecesita instituciones de justicia fuertes, con capacidad real para investigar, perseguir el delito yllevar a los responsables ante los tribunales. Debilitar o desfinanciar esa institucionalidad solofavorece la impunidad.
La prioridad de la Fracción del PLN será defender una justicia sólida y eficaz. Desde la Asamblea Legislativa impulsaremos un presupuesto suficiente para el buen funcionamiento del PoderJudicial y nos opondremos a recortes que comprometan la capacidad operativa de lostribunales y los cuerpos de investigación.
Costa Rica necesita instituciones que funcionen, seguridad para las comunidades y un Estado dederecho firme. En esa agenda seguiremos concentrados: proteger la justicia para proteger a la ciudadanía.
Kevin Casas, exvicepresidente de la República
Las palabras del ex-presidente Rodrigo Chaves en el acto público de ayer en Nicoya pueden ser interpretadas de distintos modos.
Al preguntarle a la audiencia “¿Les da miedo la dictadura?” y “¿Les da miedo que cierre el Poder Judicial?”, el ex presidente está o ridiculizando a quienes acusan al gobierno actual de moverse en esa dirección o indagando la disposición de la audiencia a tolerar un sistema autoritario, en el que el Poder Judicial no opere como un control a las decisiones del gobierno.
Cada quien decidirá qué interpretación prefiere.
Sin embargo, en un contexto en el que el gobierno está enfrascado en un conflicto político sin precedentes con el Poder Judicial, definido por el recorte de sus recursos presupuestarios a contrapelo de la norma constitucional, la emasculación deliberada de las capacidades de la Sala Constitucional para ejercer su función jurisdiccional, las cotidianas acusaciones por parte de las autoridades del gobierno sobre la supuesta incompetencia y corrupción de los jueces, y la declaración del hoy ministro Chaves sobre la prioridad para el partido de gobierno de controlar el Poder Judicial como necesario corolario de su control actual sobre los poderes ejecutivo y legislativo, es imposible descartar la segunda interpretación.
En eso consiste la gravedad de este episodio: desde hace más de 70 años para los costarricenses –y para el resto del mundo– la segunda interpretación, la noción de que algún líder político en Costa Rica pudiera considerar e invocar públicamente la posibilidad de una dictadura, ha sido simplemente impensable, como impensable lo había sido en Chile y Uruguay antes de 1973. Que ya no lo sea es una señal de que algo muy importante ha cambiado en Costa Rica y no para bien.
En el principio fue el Verbo, dice el Génesis. Nombrar las cosas es crearlas en la mente de quien habla y de quien escucha.
La posibilidad de una dictadura ha sido nombrada públicamente por primera vez en décadas en Costa Rica por parte de quien está en el poder. Ya no podemos hacernos los desentendidos. Que esa posibilidad no llegue materializarse, que el verbo no adquiera existencia corpórea, ya no está garantizado. Dependerá enteramente de que los costarricenses lo entendamos así cuanto antes y actuemos en consecuencia.
