Edgar Fonseca, editor
La Corte Suprema de Justicia denunció este viernes que el ministerio de Hacienda quitó ₡23.722 mil millones del presupuesto asignado al Poder Judicial para este año.
El recorte para el OIJ es de ₡9.536 millones, con severo impacto para las tareas de investigación contra el narco y el crimen organizado.
La denuncia fue hecha en un video en el que participaron diferentes jerarcas del Poder Judicial, entre ellos, el Lic. Michael Soto, director a.i. del Organismo de Investigación Judicial; Licda. Karen Valverde, fiscal subrogante de la Fiscalía General; Lic. Juan Carlos Pérez Murillo, director Defensa Pública y Ana Eugenia Romero, Directora Ejecutiva institucional.
Soto advirtió que el recorte en el caso del OIJ afectará “severamente” operaciones.
Romero destacó que no es viable ningún nuevo recorte presupuestario para el Poder Judicial.
La denuncia del Poder Judicial trascendió horas después de una fallida cita de jerarcas de poderes convocada por la presidenta Laura Fernández con el fin de analizar prioridades institucionales ante la emergencia nacional en seguridad.
El presidente de la Corte magistrado Orlando Aguirre declinó asistir al encuentro al considerar que no era el espacio adecuado para discutir objetivos o fijar plazos de cumplimiento al Poder Judicial.
“Un espacio de naturaleza política no debe convertirse en la instancia desde la cual se definan metas y plazos para el Poder Judicial mediante acuerdos entre jerarcas ni en un mecanismo de evaluación periódica de su cumplimiento”, advirtió. Nota adjunta.
Fracasó llamado de Presidenta para ver con otros jerarcas de poderes crisis de inseguridad/Presidente de Corte Suprema de Justicia rechazó ir al encuentro/Anteriores citas culminaron en ataques al Poder Judicial
Ago 20, 2026
Edgar Fonseca, editor
Un llamado de la presidenta Laura Fernández para un encuentro este viernes con jerarcas de los otros poderes sobre la emergencia nacional de seguridad, fracasó al anunciar el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Orlando Aguirre, que no asistirá.
El jerarca judicial descartó hacerse presente en una nota que envió a la mandataria difundida en los medios.
“Cuando usted anunció la reactivación de las reuniones entre los Presidentes de los Supremos Poderes, el Poder Judicial recibió favorablemente la iniciativa”, manifestó Aguirre a la gobernante.
“Desde el inicio –añadió– incluso antes de conocer los términos de esta convocatoria, señalamos los criterios necesarios para los procesos de diálogo: cumplimiento de las obligaciones sobre financiamiento de la justicia, buena fe, respeto, disposición real a escuchar, reglas claras y pleno reconocimiento de las competencias de cada Poder”.
“Examinados los términos planteados para la sesión del 21 de agosto, debo que comunicarle que, en las condiciones actualmente definidas, esta Presidencia no concurrirá a ella”, puntualizó.
“Un espacio entre Supremos Poderes puede y debe identificar problemas comunes, compartir información y articular esfuerzos”, sostuvo Aguirre en la nota 326-P-2026 que trascendió este jueves un día antes de la cita planeada por Casa Presidencial.
“Sin embargo, un espacio de naturaleza política no debe convertirse en la instancia desde la cual se definan metas y plazos para el Poder Judicial mediante acuerdos entre jerarcas ni en un mecanismo de evaluación periódica de su cumplimiento”, advirtió.
“Esos acuerdos deben respetar los procedimientos, competencias y resguardos que la Constitución establece para la adopción de decisiones en cada poder. En el caso del Poder Judicial, su gobierno corresponde a la Corte Plena, órgano al que la ley confía la definición de las políticas generales de la institución”, afirmó Aguirre.
“Enfrentar la criminalidad actual exige también modernizar profundamente nuestra legislación procesal penal. El Poder Judicial trabaja ya en una reforma integral del proceso penal, cuyo resultado se prevé poner a disposición de la Asamblea Legislativa en 2027”, destacó el máximo jerarca del Poder Judicial.
“Mientras ese trabajo avanza, desde 2025 se encuentra planteado ante las y los diputados el expediente N.° 24.913, una reforma puntual capaz de producir mejoras inmediatas”, aseveró.
“Su aprobación –aseguró– permitiría aumentar en un 31% la capacidad operativa de los tribunales penales y generaría un ahorro estimado de ₡122,3 millones mediante un uso más eficiente del recurso judicial”.
Adjunto video denuncia del Poder Judicial.
