Edgar Fonseca, editor
El decreto de secreto total de Estado para órganos adscritos a la Presidencia pone en peligro garantías constitucionales, denunció este martes el excandidato presidencial PUSC y analista, Juan Carlos Hidalgo.
Dicho decreto, firmado por la presidenta Laura Fernandez y el ministro de Seguridad, Gerald Campos, fue publicado en el diario oficial La Gaceta el lunes 10 de agosto.
“Es natural que ciertas cosas relevantes a la seguridad nacional se manejen como secretos de Estado. Pero este decreto del Ejecutivo va muchísimo más allá y ciertamente pone en peligro garantías constitucionales”, afirmó Hidalgo entre los primeros cuestionamientos a la medida presidencial.
“El gobierno está muy interesado en obtener la licencia de un poderoso software espía israelí que ya ha sido utilizado por gobiernos en la región a los cuales el chavismo admira muchísimo (ejem… El Salvador)”, aseveró Hidalgo, también analista de temas locales e internacionales.
“Este software ha sido utilizado en esos países para espiar periodistas, empresarios, enemigos políticos del gobierno, etc”, sostuvo. (Artículo adjunto)
El abogado penalista Dr. Rodolfo Brenes Vargas, especialista en libertad de expresión, también calificó de inconstitucional el decreto.
La declaratoria de secreto total de Estado trascendió menos de una semana después que medios independientes revelaron informes confidenciales de Seguridad sobre la supuesta penetración del crimen organizado en amplios segmentos de oficiales de la Fuerza Pública en la Zona sur del país.
La presidenta Fernández y el ministro Campos emitieron declaratoria de secreto de Estado de toda la información de seguridad adscrita a Casa Presidencial.
El decreto N° 45870 MSP abarca información absolutamente de carácter confidencial y de acceso restringido exceptuada de la consulta pública, por razones de interés público, seguridad y defensa nacionales, los informes, documentos, archivos o información vinculados con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el Grupo de Trabajo del Gobierno de Costa Rica denominado “Fuerza Élite”, anteriormente conocido como Task Force de Seguridad, así como cualquier otra coordinación que sobre el tema de seguridad y defensa del Estado dirija la Presidencia de la República.
Quienes participen en el Consejo, la DIS y “Fuerza Élite” y la persona con quien la Presidencia coordine directamente planes en materia de seguridad, están obligados a guardar absoluta confidencialidad y privacidad de los asuntos que ahí se discutan, y que de forma directa o indirecta puedan percibir y conocer con ocasión y a consecuencia de su participación, destaca la disposición.
Justifican la restricción en resoluciones de la Procuraduría General de la República, mediante dictámenes C-249-80 del 30 de octubre de 1980, C-175-83 del 31 de mayo de 1983 y C-126-2013 del 4 de julio de 2013, concluyó que constituyen Secreto de Estado las materias relativas a la seguridad, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la República.
La presidenta Fernández y el ministro Campos alegan que la divulgación de esta información puede comprometer operaciones en curso o futuras, poner en riesgo la vida e integridad física de funcionarios públicos y terceros, afectar compromisos de cooperación internacional en materia de seguridad y comprometer la eficacia operativa de la unidad, al revelar metodologías de análisis, resultados de las acciones llevadas a cabo y establecimiento de operativos, estrategias, control interno, supervisión de gestiones, protocolos de evaluación de confiabilidad y los resultados derivados de dichos procesos, evaluación de riesgos y mecanismos de detección de infiltraciones o actos de corrupción.
Todo ello, añaden, podría permitir a organizaciones criminales nacionales y trasnacionales, generar amenazas contra la seguridad pública al identificar vulnerabilidades institucionales y desarrollar estrategias para evadir los controles establecidos por el Estado.
Demasiado amplio, inconstitucional
El abogado penalista, Rodolfo Brenes Vargas, experto en libertad de expresión, también cuestionó por inconstitucional dicho decreto. Y contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos.
El decreto es DEMASIADO AMPLIO y puede abrir un portillo para la corrupción. Hace imposible fiscalizar cualquier actividad estatal ligada a la seguridad, incluyendo presupuestos, gastos, ofertas, adjudicaciones, financiamientos, contratos. Una cosa es proteger información sensible policial y estrategias de seguridad nacional, y algo muy distinto es impedir todo control de la ciudadanía sobre la actividad del Estado y el manejo adecuado de los recursos públicos, advirtió dicho jurista.
Adjunto post X
Imaginemos este escenario:
Juan Carlos Hidalgo, excandidato presidencial PUC
El gobierno está muy interesado en obtener la licencia de un poderoso software espía israelí que ya ha sido utilizado por gobiernos en la región a los cuales el chavismo admira muchísimo (ejem… El Salvador).
Este software ha sido utilizado en esos países para espiar periodistas, empresarios, enemigos políticos del gobierno, etc.
Además de necesitar la venia del gobierno israelí, la licencia no es para nada barata, por lo que su adquisición sería muy fácil de detectar en el presupuesto. Al menos, por supuesto, que sea secreto de Estado.
Bajo este amplísimo decreto, no solo el gobierno podría adquirir esta tecnología sin ningún tipo de control, sino que estaría prohibido que un medio de comunicación reporte si existiera evidencia de que se está utilizando contra figuras de la sociedad civil.
¿Recuerdan cuando Rodrigo Chaves dijo que utilizarían tecnología del Mossad para “combatir el contrabando”? Pues bueno, Hacienda luego se rehusó a contestar una consulta sobre qué tipo de tecnología era esa y cómo se iba a usar.
Es natural que ciertas cosas relevantes a la seguridad nacional se manejen como secretos de Estado. Pero este decreto del Ejecutivo va muchísimo más allá y ciertamente pone en peligro garantías constitucionales.
