Edgar Fonseca, editor
El decreto de secreto total de Estado para órganos adscritos a la Presidencia pone en peligro garantías constitucionales, advirtió este martes el excandidato presidencial PUSC y analista Juan Carlos Hidalgo.
El decreto firmado por la presidenta Laura Fernandez y el ministro de Seguridad, Gerald Campos fue publicado en el diario oficial La Gaceta el lunes 11 de agosto.
“Es natural que ciertas cosas relevantes a la seguridad nacional se manejen como secretos de Estado. Pero este decreto del Ejecutivo va muchísimo más allá y ciertamente pone en peligro garantías constitucionales”, afirmó Hidalgo entre los primeros cuestionamientos a la medida presidencial.
También calificó dicho decreto de inconstitucional el abogado penalista Dr. Rodolfo Brenes Vargas, especialista en libertad de expresión.
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Imaginemos este escenario:
Juan Carlos Hidalgo, excandidato presidencial PUC
El gobierno está muy interesado en obtener la licencia de un poderoso software espía israelí que ya ha sido utilizado por gobiernos en la región a los cuales el chavismo admira muchísimo (ejem… El Salvador).
Este software ha sido utilizado en esos países para espiar periodistas, empresarios, enemigos políticos del gobierno, etc.
Además de necesitar la venia del gobierno israelí, la licencia no es para nada barata, por lo que su adquisición sería muy fácil de detectar en el presupuesto. Al menos, por supuesto, que sea secreto de Estado.
Bajo este amplísimo decreto, no solo el gobierno podría adquirir esta tecnología sin ningún tipo de control, sino que estaría prohibido que un medio de comunicación reporte si existiera evidencia de que se está utilizando contra figuras de la sociedad civil.
¿Recuerdan cuando Rodrigo Chaves dijo que utilizarían tecnología del Mossad para “combatir el contrabando”? Pues bueno, Hacienda luego se rehusó a contestar una consulta sobre qué tipo de tecnología era esa y cómo se iba a usar.
Es natural que ciertas cosas relevantes a la seguridad nacional se manejen como secretos de Estado. Pero este decreto del Ejecutivo va muchísimo más allá y ciertamente pone en peligro garantías constitucionales.
