Edgar Fonseca, editor
El histórico operativo Némesis, ejecutado por OIJ y la Fiscalía el viernes 24 de julio, para capturar al fugitivo número 1 del país, Alejandro Arias Monge, alias Diablo, costó aproximadamente ¢50 millones, reveló ante diputados la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala III-Casación Penal.
El dato lo brindó la noche del lunes en una audiencia en la Comisión de Nombramientos a la que fue convocada por legisladores chavistas para que se refiriera a los perfiles en la elección de magistrados.
Confirmó que el monto del operativo, que permitió el arresto de Arias, objetivo extraditable DEA, es una estimación del director general a.i. del Organismo de Investigación Judicial, Lic. Michael Soto.
La magistrada Solano abordó el tema ante consultas de la diputada PLN, Diana Murillo.
“Cuando ustedes piensan que fue cerca de una hora lo que duró el tiroteo, nada más imagínese la cantidad de proyectiles que dispararon nuestros oficiales”, justificó la magistrada Solano, objeto de constantes ataques desde Casa Presidencial.
El tema salió a relucir en medio de los reclamos del OIJ, la Fiscalía y el Poder Judicial por los abruptos recortes presupuestarios ejecutados por el ministerio de Hacienda, por lo que resta del año, por un monto cercano a los ¢10 mil millones, lo que impactará investigación de delitos y aplicación de justicia, según jerarcas judiciales.
“Mientras al Poder Judicial no se le asignen los recursos que se requieren y que ordena la Constitución, para cumplir todas sus funciones, no pueden esperar que se dé la respuesta que nosotros quisiéramos dar”, advirtió la magistrada Solano.
Tras la audiencia, Solano reclamó que “no es con gritos ni con ofensas que se combate al crimen organizado”.
“Tenemos que sentarnos de manera madura y extender las manos para construir una Costa Rica mejor”, enfatizó ante la prensa en medio de los choques del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial sobre recientes operativos contra grupos del crimen organizado, entre ellos la espectacular captura de Diablo.
Histórico golpe de OIJ y Fiscalía
El operativo que dio lugar a la captura de Diablo, la muerte de uno de sus lugartenientes y la captura de dos de sus más cercanos, involucró a 70 oficiales OIJ en un tiroteo de al menos 50 minutos con 2500 impactos de bala en el sitio, una aislada vivienda en el caserío San Bernardino, Las Horquetas, Sarapiquí, donde estaban refugiados cuatro sospechosos.
Uno de ellos murió en el enfrentamiento y ocho oficiales OIJ resultaron heridos, dos de ellos de consideración en el más grave choque policial con fuerzas delincuenciales en años recientes en el país
El operativo fue elogiado por la embajada de EE.UU. que ofrecía $500 mil de recompensa, la máxima ofrecida hasta ahora en el país por la captura de Diablo a quien ligan a una gran red de operación de tráfico internacional de drogas desde la Zona Atlántica.
Agentes DEA entrevistaron a Arias tras su captura con el fin de valorar su extradición voluntaria y una posible pena menor frente a los delitos que se le atribuyen.
Este encuentro desató una airada reacción en círculos de Casa Presidencial que intentaron, en vano, desacreditar la magnitud y relevancia de la acción de OIJ y la Fiscalía.
Casa Presidencial ha tratado, sin éxito, de restarle reconocimiento a la acción del OIJ que acabó con 10 de fuga de Arias, a cuya red vinculan con al menos 200 homicidios de 360 perpetrados por grupos narcocriminales en la región en la última década. Los otros 160 casos son atribuidos a bandas lideradas por dos de los lugartenientes capturados junto a Diablo, uno de ellos alias Tan.
Los tres detenidos permanecen en Máxima Seguridad de La Reforma.
Inicialmente, el ministerio de Justicia adoptó aislamiento total de dichos individuos, 24 horas incomunicados en celdas individuales, pero por recursos de le Defensa ante la Sala IV se han flexibilizado medidas: tienen derecho a al menos una hora de sol diaria y a visita sentimentales o de familiares.
Engañaron a la magistrada, denuncia diputada
La diputada Murillo, PLN, reclamó que la audiencia fue utilizada por los diputsdos chavistas oara desviarse hacia otros temas las consultas ante la magistrada.
“Parece que es una valoración de su trabajo e incluso del Poder Judicial, le han hecho preguntas del presupuesto”, criticó.
“Me siento un poco perdida en la Comisión, porque no fue ese el objetivo que veo en el acuerdo para que usted asistiera esta noche”. aseveró.
“La engañaron y la trajeron para otra cosa”, denunció.
“No puedo emitir ninguna opinión”, le respondió presidenta de Sala III-Penal a diputado chavista sobre resolución de Sala IV de magistrados suplentes
Ago 4, 2026
Edgar Fonseca, editor/Foto You Tube Asamblea Legislativa
En saco roto cayó un intento de un diputado chavista por poner a opinar a la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala III-Casación Penal, la noche del lunes, sobre la resolución de la Sala Constitucional que prorrogó el plazo de nombramiento de los magistrados suplentes ante el bloqueo oficialista.
“No puedo emitir ninguna opinión”, respondió la magistrada Solano, objeto de constantes ataques gubernamentales, ante una pregunta que le lanzó el diputado Geraldo Bogantes de la bancada oficialista.
“Entiendo que presentaron una acusación penal y me correspondería verla”, le advirtió la magistrada al legislador con lo cual el tema no se trató más en una audiencia en la Comisión de Nombramientos.
La presidenta de la Asamblea Legislativa y los diputados del PPSO presentaron una querella por supuesto prevaricato contra los cuatro magistrados de la Sala Constitucional que aprobaron, por mayoría, prorrogar los nombramientos de los miembros suplentes, cuyo nombramiento venció en diciembre. Los cuatro magistrados denunciados son: Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García.
La presidenta Laura Fernández, rodeada de diputados gobiernista, calificó la resolución de la Sala IV como un “golpe de Estado judicial” lo cual generó repudio y censura entre expresidentes, sectores políticos opositores y analistas.
La medida es de carácter extraordinario y provisional.
La presentación de la querella a la que asistió la presidenta Fernández y el expresidente y ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, se dio tras una manifestación con escasa asistencia de gente en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia.
El partido gobiernista tiene bloqueada la votación para elegir magistrados suplentes y exige una nueva nómina la Sala Constitucional lo ue esta rechazó.
Elección de magistrados
La magistrada Solano sí respondió sobre el tema de la elección de los magistrados a la Corte.
“Es un tema de mucha discusión, no es de sí o no, dependiendo del país o sistema jurídico. Sí creo que debería tener un límite, uno o dos períodos”, dijo respecto a los oeriodos de tiempo por los wue deben ombrarse magistrados.
“En este momento no se fija un tope y creo que el magistrado debe tener un período suficiente para que la jurisprudencia genere una seguridad jurídica”, añadió.
“Yo sí he dicho que debería tenerse algún límite en cuanto al tiempo, uno o dos periodos de ejercicio de la magistratura, al momento de hacerlo, pero en esto respeto siempre las opiniones diferentes y lo que establece la Constitución”, agregó.
“Yo he dicho que para ser magistrado uno tiene que tener al menos 50 años”, amplio.
“Yo respeto a la gente que han nombrado de edades muy inferiores, pero sí uno requiere una madurez jurídica y emocional para poder llegar a la magistratura”, puntualizó.
“Respeto lo que decida esta Asamblea Legislativa”, advirtió.
“No opino sobre el tema, porque es una facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa. Yo respetaré lo que decidan”, afirmó.
Tras la audiencia, Solano reclamó que “no es con gritos ni con ofensas que se combate al crimen organizado”.
“Tenemos que sentarnos de manera madura y extender las manos para construir una Costa Rica mejor”, enfatizó ante la prensa en medio de los choques del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial sobre recientes operativos contra grupos del crimen organizado, entre ellos la espectacular captura que logró el OIJ del mayor fugitivo del país Alejandro Arias Monge, alias Diablo, que Casa Presidencial ha tratado de minimizar.
