Edgar Fonseca, editor/Foto You Tube Asamblea Legislativa
En saco roto cayó un intento de un diputado chavista por poner a opinar a la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala III-Casación Penal, la noche de este lunes, sobre la resolución de la Sala Constitucional que prorrogó el plazo de nombramiento de los magistrados suplentes ante el bloqueo oficialista.
“No puedo emitir ninguna opinión”, respondió la magistrada Solano, objeto de constantes ataques gubernamentales, ante una pregunta que le lanzó el diputado Geraldo Bogantes de la bancada oficialista.
“Entiendo que presentaron una acusación penal y me correspondería verla”, le advirtió la magistrada al legislador con lo cual el tema no se trató más en una audiencia en la Comisión de Nombramientos.
La presidenta de la Asamblea Legislativa y los diputados del PPSO presentaron una querella por supuesto prevaricato contra los cuatro magistrados de la Sala Constitucional que aprobaron, por mayoría, prorrogar los nombramientos de los miembros suplentes, cuyo nombramiento venció en diciembre. Los cuatro magistrados denunciados son: Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García.
La presidenta Laura Fernández, rodeada de diputados gobiernista, calificó la resolución de la Sala IV como un “golpe de Estado judicial” lo cual generó repudio y censura entre expresidentes, sectores políticos opositores y analistas.
La medida es de carácter extraordinario y provisional.
La presentación de la querella a la que asistió la presidenta Fernández y el expresidente y ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, se dio tras una manifestación con escasa asistencia de gente en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia.
El partido gobiernista tiene bloqueada la votación para elegir magistrados suplentes y exige una nueva nómina la Sala Constitucional lo ue esta rechazó.
Elección de magistrados
La magistrada Solano sí respondió sobre el tema de la elección de los magistrados a la Corte.
“Es un tema de mucha discusión, no es de sí o no, dependiendo del país o sistema jurídico. Sí creo que debería tener un límite, uno o dos períodos”, dijo respecto a los oeriodos de tiempo por los wue deben ombrarse magistrados.
“En este momento no se fija un tope y creo que el magistrado debe tener un período suficiente para que la jurisprudencia genere una seguridad jurídica”, añadió.
“Yo sí he dicho que debería tenerse algún límite en cuanto al tiempo, uno o dos periodos de ejercicio de la magistratura, al momento de hacerlo, pero en esto respeto siempre las opiniones diferentes y lo que establece la Constitución”, agregó.
“Yo he dicho que para ser magistrado uno tiene que tener al menos 50 años”, amplio.
“Yo respeto a la gente que han nombrado de edades muy inferiores, pero sí uno requiere una madurez jurídica y emocional para poder llegar a la magistratura”, puntualizó.
“Respeto lo que decida esta Asamblea Legislativa”, advirtió.
“No opino sobre el tema, porque es una facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa. Yo respetaré lo que decidan”, afirmó.
Tras la audiencia, Solano reclamó que “no es con gritos ni con ofensas que se combate al crimen organizado”.
“Tenemos que sentarnos de manera madura y extender las manos para construir una Costa Rica mejor”, enfatizó ante la prensa en medio de los choques del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial sobre recientes operativos contra grupos del crimen organizado, entre ellos la espectacular captura que logró el OIJ del mayor fugitivo del país Alejandro Arias Monge, alias Diablo, que Casa Presidencial ha tratado de minimizar.
