Juan Carlos Hidalgo, presidente PUSC
Lo aprobado ayer se llama “canon por el uso de frecuencias”, pero en realidad está diseñado como un impuesto.
Veamos los detalles: un canon debería cobrar por el uso del espectro radioeléctrico considerando factores objetivos como la frecuencia, el ancho de banda, la potencia, la cobertura o la escasez. Este canon no se fija sobre nada de eso y más bien en lo que se enfoca es en cuánto factura cada medio.
De tal forma, dos concesionarios con frecuencias similares pueden terminar pagando montos muy distintos.
Eso no es cobrar por utilizar un bien público (canon), sino gravar directamente una actividad económica (impuesto).
Peor aún, al calcularse sobre los ingresos brutos, el cobro se suma al impuesto sobre la renta, pero con una diferencia perversa: renta grava las utilidades; este dizque canon grava la facturación, aunque el medio no genere utilidades o incluso tenga pérdidas.
Para la televisión, la tasa máxima llega al 7,73% de los ingresos brutos. Para una empresa con márgenes reducidos, esa carga puede resultar ser mayor que el propio impuesto sobre la renta.
Los “liberales en lo económico” pueden llamarlo canon, pero se trata de un impuesto extraordinariamente alto sobre la radio y la televisión. Y esto, en manos de un gobierno con una clara vocación de hostigar a los medios de comunicación independientes, es una amenaza seria y real para la libertad de prensa.
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