Edgar Fonseca, editor

El presidente Carlos Alvarado cuestionó este jueves la decisión de 40 diputados de citarlo a declarar en el plenario legislativo por el denominado caso UPAD.

La decisión la adoptaron los legisladores pese a una advertencia jurídica del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea de que dicha convocatoria “excedería la lógica parlamentaria”.

“Donde sea pero no contra la Constitución”

“Yo puedo ir donde sea”, dijo Alvarado.

“Si hace falta espacio, puedo ir al Estadio Nacional, pero el plenario es sagrado porque está en la Constitución, es sagrado. Y la Constitución dice claramente lo que a mí se me permite hacer ahí”, advirtió el gobernante en abierto rechazo a la convocatoria legislativa al plenario.

“Estoy deseando la oportunidad de rendir cuentas. La deseo, la anhelo, pero no contra la Constitución”, insistió.

El caso trascendió hace un año cuando se conoció la operación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), creada bajo decreto.

Se cuestionó presunta intromisión en datos privados de los ciudadamos.

Tras la controversia, Alvarado anuló el decreto de creación.

Simultáneamente intervino la Fiscalía y allanó la sede presidencial.

El caso es investigado en comisión legislativa y 40 diputados aprobaron el miércoles convocar al mandatario a una cita el miércoles 10 de febrero desde las 9:30 a.m.

Para el gobierno se trata de una “interpelación velada” al gobernante en sede legislativa lo que no está autorizado por la Constitución.

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea advirtió “no es el Plenario Legislativo quien lleva a cabo dicha investigación, siendo que, a todos luces, el acto puede convertirse en un interpelación velada”.

Así consta en el informe jurídico AL-DEST-CJU-006-202.

Legalidad o ilegalidad

Alvarado puso sobre el tapete la legalidad del acto convocado por los diputados de todas las fracciones excepto por el oficialismo.

“La gente tiene que decidir de qué lado está: si está del lado de la mentira o de la verdad, si está del lado de la legalidad o de la ilegalidad”, aseveró.

“No es solo que nosotros que ejercemos la función pública tenemos que estar del lado de la legalidad, sino que juramos al pueblo estar del lado de la legalidad, juramos ante la Constitución”, amplió.

“Si somos los primeros llamados a respetar la Constitución, ¿la vamos a irrespetar en esto?, cuestionó desde Casa Presidencial.

“¿Y después en qué más la vamos a irrespetar? Ese es el dilema central de este país”, planteó.