Edgar Fonseca, editor
Un plan de abrir tres “zonas” de atención para atender inicialmente unos 800 migrantes residentes en condiciones irregulares y vulnerables de salud en sectores limítrofes con Nicaragua, también implica tramitar las gestiones de nuevos refugiados, confirmó la directora de Migración, Raquel Vargas.
“El plan consiste en atender aquellas personas que podrían ingresar al país en condición de vulnerabilidad (sean solicitantes de refugio o migrantes), y no tengan con un domicilio; esto según, la normativa nacional e internacional”, ratificó Vargas ante consultas de este editor.
La iniciativa es temporal, aunque se extendería por lo menos el primer año tras la apertura de fronteras, añadió la jerarca.
Se trata de una propuesta de carácter local y no forma parte del acuerdo suscrito por el gobierno y la ONU para atender cuestiones migratorias durante la emergencia de la pandemia del nuevo coronavirus, amplió dicha funcionaria.
El plan en su etapa inicial tendría un costo de ¢165 millones.
Las autoridades no tienen precisado aún cuánto será el costo de asumir la operación de las tres “zonas”, una de ellas prevista en Peñas Blancas escenario de frecuentes incidentes con migrantes.
El plan está destinado inicialmente a migrantes residentes en sitios altamente conflictivos en el borde limítrofe.
Según Migración, lo pretenden replicar en la frontera con Panamá.
De momento, las fronteras terrestres siguen cerradas, ratificó el viernes anterior el ministro de Seguridad, Michael Soto.
La iniciativa de las “zonas” no implica reapertura de fronteras, insistió Soto.
Unos 16 mil migrantes en condiciones irregulares, la mayoría procedentes de Nicaragua, han sido rechazados tras cinco meses de un megaoperativo de seguridad en fronteras ante la amenaza de la pandemia.
–¿Este plan forma parte del acuerdo suscrito por el país con la ONU en razón de la emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus?
No. No hay suscrito ningún acuerdo a nivel migratorio con ONU, que enmarque dentro de lo que establece el Plan de Zonas.
–¿De qué ente local o internacional surgió esta idea?
El proyecto surgió, de iniciativa local entre las siguientes instituciones: Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Comisión Nacional de Emergencia (CNE), Ministerio de Salud; OIM y ACNUR; Cruz Roja Costarricense; OPS / OMS.
-¿Este plan es de carácter temporal o permanente?
-El Plan es de carácter temporal, que pretende abarcar al menos el primer año de apertura de fronteras ante la Pandemia por COVID-19, es importante mencionar que no hay una fecha todavía para la apertura.
-¿Este plan implica regularizar en el país la condición migratoria de quienes sean atendidos o le da al gobierno la opción de devolverlos a su país de origen si no califican?
-No. El proyecto como se mencionó anteriormente es con el fin de prepararse a nivel sanitario ante la apertura de fronteras (es importante mencionar que no hay una fecha todavía para la apertura).
Por lo que, el plan consiste en atender aquellas personas que podrían ingresar al país en condición de vulnerabilidad (sean solicitantes de refugio o migrantes), y no tengan con un domicilio; esto según, la normativa nacional e internacional.
Las personas que ingresen estarán entre 14 días de aislamiento mínimo de hasta 40 días que es el aislamiento por COVID_19 (según recomendación médica).
¿Cuánto personal institucional local está previsto que sea involucrado en dicho plan?, ¿Cuánto personal internacional y de qué entidades está previsto participe?, ¿Cuál es el costo mensual estimado de mantener este plan?, ¿Qué parte de ese costo va a asumir Costa Rica y cuánto organismos de la ONU?
En este momento se está trabajando en ello. El plan se encuentra en la etapa de construcción para la ejecución del plan.
