Jorge Corrales, economista/Imagen ilustrativa
Hace pocos días, el presidente de la República, don Carlos Alvarado, públicamente estimuló el debate acerca de cómo debería promoverse la innovación en el país. En concreto, indicó que apoyaba que RECOPE se propusiera desarrollar tecnología supuestamente innovadora, en el campo de energías provenientes del sol, el aire, el hidrógeno y la biomasa.
Para tal fin, propuso crear una entidad estatal, que llamó ECOENA, siglas de “Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas, Sociedad Anónima,” resultado de la transformación de RECOPE, que incluso dejaría de ser un monopolio y operaría en condiciones de libre competencia. (Aún no es claro cómo se financiará a ECOENA).
Esa transición de RECOPE sería algo propio, sin tener que “esperar” los desarrollos tecnológicos de otras partes del mundo, para ser puestos en práctica lo más pronto posible y en donde el mercado no sea simplemente el que realice esa transformación.
Me da la impresión de que el presidente no está bien aconsejado, pues supone que la innovación no es sino resultado de una acción gubernamental, que puede prescindir del mercado y que, además, podemos aprovecharla sin tener que depender de la innovación de otros países.
La innovación no suele surgir de la decisión de un funcionario gubernamental o de una política de gobierno, la que, al fin de cuentas, no es más que el resultado de una decisión de un grupo de políticos. Se equivoca en que esa sea la forma en que operan la economía nacional y global, que hace que surjan los adelantos tecnológicos. Se requiere más que la voluntad gubernamental; en particular, toda una serie de incentivos que inviten a las personas a ver cómo se puede satisfacer mejor y de manera más económica, una serie de necesidades humanas. No es suficiente con tener el capital (ya sea puesto por el gobierno o por socios privados), ni disponer de las instituciones sociales (¿será ECOENA esa institución suficiente?), ni nuevas ideas (en particular, las que se les puedan ocurrir a funcionarios públicos o a empresarios privados en busca de rentas). Es esencial que haya voluntad para pensar y actuar de forma creativa, tal como sucede en los mercados competitivos y en una sociedad de mercado.
Los incentivos en los mercados en donde se han desarrollado eficientemente las innovaciones tecnológicas, estimulan el surgimiento de la invención cuando se espera que genere beneficios, que, de paso, no sólo beneficiarán a quienes la crean, sino a quienes reciban sus resultados en productos y servicios mejores y más baratos (como el caso de Uber). Son las pérdidas y las ganancias de la acción humana innovadora las que estimulan la invención, pero se requiere que existan derechos de propiedad fuertes, para que los innovadores puedan cosechar los frutos de su trabajo creativo.
Claro que, como todo en la vida, esa actividad que rinde beneficios también implica un costo, pero eso no significa que el estado sea el que deba correr con los riesgos, por varias razones. Si la invención la llevan a cabo personas y entes privados, hay un fuerte incentivo para que los beneficios que se lograrían superen a los costos, mientras que, en una empresa pública, los incentivos no son hacia la conducta económicamente eficiente, sino hacia el logro de objetivos políticos; diferentes del usual en la economía, como es la satisfacción de las necesidades de los consumidores. Esa es la tragedia de que se haga un mal uso de recursos escasos, cuando, quienes administran la acción, no son los que tengan efectivamente la responsabilidad de evitar pérdidas y maximizar ganancias, lo cual requiere de la minimización de costos.
Una aventura de $550 millones
Abundan los ejemplos de ese tipo de intenciones gubernamentales, que terminan en resultados no rentables o muy onerosos con respecto a los beneficios. Llega a mi mente un caso reciente muy sonado en los Estados Unidos, cuando el gobierno, supuestamente para promover la innovación en tecnologías limpias (paneles solares, en ese caso), financió con una garantía multimillonaria a una empresa privada, Solyndra, la que terminó en quiebra. El gobierno, mejor dicho, los contribuyentes, perdieron $550 millones en la aventura. Es el resultado de un gobierno buscando ayudar a una empresa para un fin que aquel consideró apropiado, pero que puso en un riesgo innecesario a los contribuyentes, pues el mercado decidió no adquirir esos productos, de forma que la empresa profundizó en sus pérdidas. [Privatización de las ganancias, socialización de las pérdidas, le oía decir siempre a un amigo colega].
Lo que a veces se olvida, al decidir un gobierno invertir en una actividad, es que, cuando se usan fondos públicos en ella, son recursos que se dejan de usar en otras actividades tal vez más propias de un gobierno, en vez de ponerse, por ejemplo, a desarrollar tecnologías de la nada, como podría ser el caso aquí.
Eso señala, además, un riesgo muy claro y obvio: la intención de la nueva RECOPE es, en parte, poder hacer cosas similares a lo sucedido con la abortada refinería china, que no fue sino una coinversión entre una empresa pública (RECOPE) y otra china, SINOCEM. Todo concluyó en los tristes resultados ya bien conocidos.
Además, con ese tipo de acuerdos público-privados sugeridos, se amplía la posibilidad de desarrollar a mayor plenitud el llamado capitalismo de los amigotes, por el cual empresarios privados, a cambio de obtener o realizar negocios o subsidios o protección o apoyo gubernamental (todo con recursos de los contribuyentes), otorgan apoyo político al gobierno, sin excluir la posibilidad real de pagos corruptos a quienes brindan protección ante la competencia.
¿Cree usted que el gobierno es capaz?
Finalmente, quiero terminar esta consideración con un par de preguntas a los lectores: ¿Cree usted que el gobierno tiene la capacidad de escoger las decisiones sobre inversión correctas? ¿Cree usted que el gobierno (sus funcionarios) tienen la capacidad de disponer de todo el conocimiento disperso y especializado que existe entre todos los participantes en el mercado y que el gobierno puede brindar las señales específicas de hacia dónde debe dirigirse el esfuerzo de los humanos por innovar?
Sorprende que, en la propuesta para promover la metamorfosis de RECOPE, se diga que daría lugar a una “independencia” de la innovación que pueda surgir en el resto del mundo. O sea, se dice que no debemos quedarnos sentados “esperando” por las invenciones externas, sino que, ahora, sean “hechas en Costa Rica.” Seamos francos, ¿acaso alguien cree que tenemos la capacidad de obtener aquí, en nuestro bienaventurado país, todo lo que se está logrando en otras naciones en cuanto a innovación? Y, aún más, ¿pensar que eso lo haríamos aquí con una “nueva” empresa estatal?
El desprecio que se expresa de los mercados como estímulo de la inventiva individual empresarial, es un grave error. Cierto es que en Costa Rica se podrían producir bombas atómicas (me han dicho que en internet ya aparece hasta cómo hacerlas), pero eso no es lo importante. La pregunta que hay que hacer es ¿a qué costo? En todo el mundo hay personas buscando cómo encontrar energías limpias más económicas que las “sucias” actuales. El incentivo del éxito económico lo impulsa y los recursos usados en ese esfuerzo no son los de todos los ciudadanos o los contribuyentes, sino de los propios innovadores y sus inversionistas. Los contribuyentes obligados no necesariamente están dispuestos personalmente a invertir en ello por el alto riesgo que puede implicar. Lo eficiente de la actividad privada es que, si alguien considera que los prospectos de la invención son productivos, rentables, permite que haya aportes de recursos privados dispuestos a correr el riesgo, sin poner a toda la sociedad a incurrirlo.
Se hace ver como algo malo que dependamos de la tecnología desarrollada en otras partes. Se nos dice que, de no hacerlo nosotros, seremos “como lo hemos sido en otros campos; consumidores; consumidores de conocimiento, de tecnología.” Pero, los humanos sabemos de la virtud de la especialización: en hacer aquello en que se es relativamente mejor. La tecnología es algo muy amplio y obviamente una nación no puede especializarse en producir “todo” tipo de tecnología. Pero, si bien esto es claro, ¿por qué no especializarnos en desarrollar una tecnología específica, como se propone en “energías limpias”? Me parece que hay una posibilidad de que un desarrollo exitoso de ello se dé en muchas otras naciones que van años luz adelante en investigación e innovación, sin que tengamos que volver a experimentar nosotros esos onerosos pasos. Naciones en donde ya existen y funcionan las instituciones adecuadas para la innovación, en donde el premio al esfuerzo son las ganancias y en donde prima la competencia. Eso deja que surja el mayor número posible de frutos de la innovación, compitiendo entre sí para lograr el favor de los consumidores y usuarios de ella.
Peor según la propuesta local citada, en donde la tecnología que se desarrollaría sería, presuntamente, al abrigo de un ente estatal, que, aunque se diga que operaría en un sistema competitivo, podemos tener certeza de que esa tecnología se desarrollará con mejores resultados de calidad y precio en naciones que ya están muy avanzadas y que tienen la institucionalidad adecuada para estimular la innovación. Son los mercados los que, en última instancia, dirán si la innovación que surge es la deseable y, si lo es, la premiarán con ganancias. Y, si no lo es, las pérdidas surgirán. En la empresa estatal, el objetivo es complacer la meta política que se les ha definido y no la satisfacción de los consumidores.
Los recursos son escasos y lo son más en naciones relativamente más pobres. Si los pocos recursos de que disponemos se dedican a aventuras empresariales del estado, eso sólo impedirá que esos recursos se usen en otras cosas mejores y que satisfagan necesidades más apremiantes en nuestro medio. Es una injusticia usar los recursos de todos los contribuyentes, en ilusiones que bien, como ha sucedido en muchas ocasiones y lugares con las empresas estatales o mixtas, pueden fracasar o que, para sobrevivir, deban terminar siendo protegidas ante innovadores más eficientes del exterior, causando graves daños a los consumidores. Por supuesto, la cuenta por esos fracasos será pasada, ya sea mediante mayores precios o menor calidad o impuestos o endeudamiento, a los ciudadanos contribuyentes.
