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¡Estos sí “se pegaron el acumulado”!

Jorge Corrales Quesada, economista

La expresión “jugar de vivo” la he interpretado que se refiera a alguien quien logra hacer algo no de la forma correcta que uno esperaría, sino que acude a subterfugios que le permitan lograr su objetivo, sin aceptar reglas establecidas de comportamiento. Pero, agradecería a quien me brinde una mejor idea de su significado. Así que, dada mi impresión del sentido de esa expresión, quiero referirme a parte del comentario del Semanario Universidad del 5 al 11 de setiembre, titulado “Maniobra en Sala III permitió a magistrados suplentes cobrar dietas y jubilación a la vez.”

A quienes estamos pensionados por la Caja, por ejemplo, se nos prohíbe trabajar remuneradamente, bajos las reglas usuales que rigen el empleo, pues, de hacerlo, perdemos la pensión. Nos han dicho que no se puede trabajar como asalariado si ya se tiene una pensión de la Caja. El artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el medio citado, señala que, en el caso de pensionados o jubilados bajo cualquier régimen de pensiones, los magistrados suplentes, el caso bajo consideración, “el desempeño del cargo por más de un mes suspenderá el goce de pensión o jubilación.” Esto quiere decir que un magistrado suplente ya pensionado puede trabajar hasta un mes para el Poder Judicial, sin que se le suspenda su pensión.

Ahora bien, ¿en qué consiste la maniobra sucedida en la Sala III para que tres jueces penales ya pensionados del Poder Judicial, puedan trabajar como jueces suplentes por un tiempo mayor a aquel mes? En sencillo, no rompen la regla de trabajar hasta un mes, sino que el Poder Judicial los contrata aplicando “sucesivamente nombramientos de solo un día que se extendían por un mes exacto. Luego, se hacía una breve pausa de apenas uno, dos o tres días laborales, y se les confeccionaba un nuevo nombramiento.”

Así fue como se socavó el objetivo del artículo 63 arriba citado, pues, en su mente legal, la administración del Poder Judicial no los ha contratado nunca por más de un mes, sino día tras día sin llegar a ese mes. Se acababa ese nombramiento, y el “tirillo” volvía otra vez. De esta forma, no se quebraba aquella prohibición de recibir dietas y, al mismo tiempo, la pensión, que sólo se permitía por un mes como máximo.

De acuerdo con el Semanario Universidad, “algunos (jueces) suplentes recibieron más de ¢10 millones (en monto bruto) al sumar el monto de su jubilación y lo que percibieron por dietas.” Un caso de estos es el de una jueza de 56 años de edad (pensión juvenil, sin duda con todas las reglas de la ley), “a quien en tres ocasiones se le contrató por 29 días continuos (tres meses en total), períodos luego de los cuales se le dejaba brevemente sin nombramiento y se volvía a realizar una contratación, a pesar de que la designación de suplentes se hace por medio de un sorteo.” En broma, habrá que pedirles que nos digan cómo es que siempre salen premiados en ese sorteo: tal vez eso nos ayuda a pegar el de la lotería actual, en el que la bolita premiada nunca sale.

Según indica el medio, aquella persona “recibió en total ¢12.4 millones por concepto de dietas, a pesar de que esos mismos meses también obtuvo una jubilación mensual de ¢6.6 millones (en monto bruto).” ¡Dios santo!

No dude que con leguleyadas nos demostrarán que lo hecho es legal, pero, me parece que eso es jugar de vivos, una maniobra, como lo titula el medio y que, no dudo, muchos lectores lo llamarán de maneras menos “formales.”  De mi parte, sólo me pregunto ¿qué habrá que hacerse para que la ciudadanía recupere su confianza en un Poder Judicial tan desprestigiado? ¡Qué pena!

 

Salom defiende, contra viento y marea, millonario gasto en plaza de la UNA

Edgar Fonseca, editor

El rector de la UNA, Alberto Salom, afirmó ayer ante diputados que no desistirá de avanzar con la controversial obra de la Plaza de la Diversidad a un cuestionado costo de $14.5 millones.

“Nosotros no estamos considerando detener esta inversión”, advirtió Salom ante los legisladores de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación donde deberá comparecer por segunda ocasión el próximo lunes.

“Las consecuencias de detenerla, el razonamiento que tenemos que hacer para revocar el acuerdo es complicado”, afirmó el jerarca de la UNA  tras una semana de haber estallado el escándalo por la construcción de esta obra en momentos en que el gobierno presiona por la reforma fiscal y contra gastos superfluos en el sector público. El Presidente Carlos Alvarado se pronunció contra dicha obra.

“Acabamos de adjudicar la obra, podemos vernos en una demanda por parte de la empresa y eso haría que tengamos que abocarnos a invertir los recursos que tenemos para una obra en pagar la demanda”, insistió Salom.

“El superávit  no nos permite a nosotros invertir en planes docentes”, alegó.

“Construir una sede no es lo mismo que hacer una obra académica como la que estamos haciendo”, dijo.

“Tendríamos que invertir en el numero de profesores, en la cantidad de personal administrativo, por eso hemos estado pensando en crear carreras que no necesitan una gran inversión en infraestructura, eso si lo podemos hacer, pero no podemos construir sedes porque no tenemos los recursos para ellos”, agregó Salom.

“En la Universidad Nacional esconden y guardan el dinero para hacer ‘buchaca’”, criticó Carlos Ricardo Benavides, líder de la fracción PLN, principal aliado del gobierno en el impulso de la reforma fiscal.

Wagner Jiménez, otro diputado PLN, dijo, con base en datos de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública, que con los $14.5 millones, previstos para dicha plaza se podrían construir:

  • se podrían construir 470 laboratorios de Informática
  • 552 aulas académicas en escuelas y colegios
  • o prioridad a las 61 escuelas que aún poseen un sanitario de letrina

Caen 5 con cargamento de combustible de avión por ¢11 millones

Edgar Fonseca, editor/ Foto Fiscalía

Cinco individuos sospechosos de cometer el delito de robo agravado de combustible JetA1, para avión, fueron capturados esta madrugada en La Rusia de Belén, informó la Fiscalía de San Joaquín de Flores.

Los apellidos de los detenidos no han trascendido, dijo el informe judicial.

Fueron capturados esta madrugada en La Rusia de Belén, Heredia, cercanías de la autopista General Cañas.

Uno de  ellos conducía un camión cargado, aparentemente, con combustible tipo Jet A1, utilizado para aviones, de acuerdo con las averiguaciones policiales.

El vehículo pesado salió de una bodega, la cual se encuentra con custodia policial. Tras la inspección del vehículo se ubicaron 19 tanquetas con 1000 litros de combustible cada una; cuyo valor asciende a 11 millones de colones, aproximadamente, consignó la Fiscalía.

Los otro cuatro detenidos viajaban en un vehículo doble tracción y presuntamente custodiaban el camión. Aunque intentaron darse a la fuga, fueron detenidos por la policía judicial. Se les decomisó una arma de fuego, aseveraron las autoridades.

Ante magistrados que defienden privilegios, presidente demanda eliminar pensiones de lujo

Edgar Fonseca, editor/ Foto WhatsApp

El Presidente de la República, Carlos Alvarado, demandó ayer el fin de las pensiones de lujo, en una comparecencia ante los magistrados de la Sala IV, y menos de 48 horas después que el pleno de la Corte rechazó restricciones a su régimen salarial en el plan fiscal aprobado por mayoría legislativa.

“Hoy me presento ante ustedes con una única finalidad: abogar por el fin de las pensiones de lujo en Costa Rica”, destacó el mandatario durante la comparecencia.

“Lo hago –dijo– respaldado en razones jurídicas, financieras, técnicas y éticas”.

“Lo hago –reiteró– en representación de millones de costarricenses”.

“La situación crítica en que se encuentran las fianzas públicas hacen insostenibles estos odiosos privilegios“, advirtió el gobernante.

“Lo que está en juego aquí también es la confianza de la ciudadanía costarricense en sus instituciones, porque este es un tema que ha generado la molestia generalizada en nuestra propia institucionalidad”, insistió.

“Las pensiones a las que se les ha puesto un tope a partir de las normas cuya constitucionalidad defendemos seguirán aumentando, pero no de manera irrazonable y desproporcional, si no ajustadas al costo de vida”, aseguró.

“La decisión que a este respecto tome esta honorable Sala incidirá directamente a dichos valores superiores”, afirmó.

Tras un sistema justo y equitativo

“Es deber del Estado –enfatizó el mandatario– resguardar un sistema de seguridad social justo y equitativo, capaz de ofrecer calidad de vida a todas las personas retiradas y no solamente a algunas de ellas”.

“La sostenibilidad de dicho sistema se logra en buena medida –según el mandatario–  mediante la eliminación de beneficios y asignaciones desproporcionadas, en donde todos aportemos según nuestras verdaderas posibilidades”.

“En un régimen de seguridad social de recursos limitados como es el nuestro, es imperativo garantizar a toda persona un ingreso digno”, expresó.

“La pensión –dijo– busca asegurar una vida digna a las personas adultas mayores. No buscan el enriquecimiento de unos en detrimento de la mayoría”.

“Aplicará la reducción de una odiosa brecha que resulta éticamente insostenible y económicamente ruinosa”, aseveró.

El costo de las pensiones

La Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, también compareció ante los magistrados y cuestionó el 22% que representan del Presupuesto Nacional los regímenes de pensiones.

También atacó las pensiones de lujo.

“Son pensiones evidentemente muy superiores a las que la mayoría de los costarricenses reciben, que superan a las de un sistema solidario como el de la Caja Costarricense de Seguro Social, ni qué decir de las pensiones del régimen no contributivo, que ni siquiera han logrado alcanzar al 100% de la población”, amplió.

Aguilar insistió en la urgencia de aprobar el plan fiscal.

“Las medidas pueden resultar mucho más dolorosas si el Congreso de la República no logra concluir el segundo debate del proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que no es suficiente pero es indiscutiblemente necesario para iniciar una ruta de ordenamiento”, dijo.

“No podemos dar una respuesta a los costarricenses cuando mantenemos esos desequilibrios”, enfatizó.

“No podemos pedir que se soquen la faja cuando no avanzamos en la toma de decisiones y en la eliminación de estos beneficios que el país se dio el lujo de poder otorgar, pero que al no haber incorporado su financiamiento, los financiamos con deuda”, afirmó.

Presidente defiende ante magistrados corte a pensiones de lujo

Edgar Fonseca, editor

En medio de la candente polémica por el plan fiscal y el rechazo de los magistrados a que les toquen las reglas y condiciones salariales del Poder Judicial, el Presidente de la República, Carlos Alvarado, comparece hoy ante la Sala Constitucional para defender los topes a las pensiones de lujo.

“Hoy participaré en una audiencia ante la Sala Constitucional para defender los topes a las pensiones de lujo con cargo al Presupuesto Nacional”, confirmó esta mañana Alvarado.

“Las pensiones son para proteger, no para enriquecerse”, insistió en un tuit posteado a las 7:37 a.m

“Seguimos trabajando por la contención del gasto”, enfatizó.

La comparecencia de Alvarado se da  tras la decisión de los magistrados, el martes anterior, de rechazar las medidas del plan fiscal que afectan, según argumentan, la independencia y el funcionamiento del Poder Judicial.

Tras una votación de 11 a favor y 4 en contra, los magistrados anunciaron que rechazan cualquier medida que afecte las condiciones salariales de la institución judicial.

No nos toquen…

Los magistrados demandan eliminar restricciones salariales que impone el plan fiscal al sector judicial igual que a otros sectores del Estado.

Los cuatro puntos rechazados y que demandan sean eliminados de la iniciativa son:

  • Las disposiciones establecidas en la reforma de los artículos 46 y 47 de la Ley de Salarios de la Administración Público, número 2166 del 9 de octubre de 1957, referente a la rectoría de la materia de empleo público de MIDEPLAN, para con el Poder Judicial.
  • Las disposiciones establecidos en la reforma de la adición del artículo 49,inc a la ley de Salarios de la Administración Pública, número 2166 del 9 de octubre de 1957, en lo referente a la obligatoriedad de los lineamientos técnico y metodológicos de la Dirección General de Servicio Civil, para con el Poder Judicial.
  • La incorporación de las transferencias,  destinos y en general, el presupuesto asignado a favor del Poder Judicial por norma constitucional o por leyes específicas, en las regulaciones propias de la regla fiscal.
  • Las restricciones establecidas en el proyecto de ley en materia salarial y sus respectivos componentes para los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial.

Los magistrados de la Sala Constitucional se abstuvieron de votar ante la inminente llegada, en consulta, del plan fiscal.

Cruz calentó los ánimos

El magistrado Fernando Cruz, presidente de la Corte y miembro de la Sala Constitucional anunció en esa sesión del martes, bajo fuerte presión pública,  que se inhibirá de conocer el plan fiscal.

“Yo no formaré parte de la Sala Constitucional en caso de que la consulta llegue a la Sala”, dijo Cruz durante una acalorada intervención ante sus colegas y  acompañado, en algunos momentos, de aplausos de algunos de ellos.

“Siendo el presidente, frente a un caso de tanta trascendencia no debo mojarme como magistrado de la Sala Constitucional”, agregó Cruz en una esperada sesión de Corte Plena que conoció de las implicaciones de la reforma fiscal en el Poder Judicial.

“Lo haré desde este foro”, insistió Cruz al referirse a Corte Plena.

Estamos con “una presión terrible”

“Estamos con una presión terrible porque el país depende de los 22 magistrados que estamos aquí”, enfatizó Cruz, un crítico acérrimo de excesivos planes de austeridad en el sector público.

“¿Nosotros -de clase media- vamos a resolver la pobreza del país?”, cuestionó.

“La necesidad de afirmar que incide en el funcionamiento del Poder Judicial. Claro que incide en el sistema judicial”, insistió.

“Debió consultarse y no nos consultaron. Es la consulta lo que debió haber existido y no ahora haber recibido una nota de Hacienda”, criticó.

“Debiera haber existido un criterio técnico, pero la propuesta no responde a un criterio técnico. Esto requería una valoración judicial. Una valoración nuestra”, reiteró.

“¿Por qué no aumentar el impuesto directo a las personas jurídicas un tres por ciento, si es tanto el problema que tiene el país? (…) ¿O es que nosotros -clase media- vamos a resolver el país?”, reclamó.

“La pobreza se convierte en una prioridad ahora cuando vienen aquí. Entonces ahora el Poder Judicial tiene que resolver la pobreza, pues que nos den esas función ahora entonces”, agregó.

“Solo falta que digan que la Corte es culpable de la pobreza”, afirmó.

“Estoy renunciando a partir de hoy al rubro gerencial, porque eso es lo que nos atribuyen para quitarnos autoridad moral. ¡Que no me vengan a decir que mi posición es para defender mis privilegios!”, dijo.