Jorge Corrales, economista

Es inconcebible que el Poder Judicial acuda a la separación de poderes para argüir en favor de conservar sus pluses de privilegio. De acuerdo con un artículo de La Nación del 26 de junio, titulado “Corte conservó intactos sus pluses salariales: Poder Judicial evitó tocar sus beneficios al buscar ahorros para el 2019,” “la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, declaró que la Corte tiene autonomía y cuenta con una ley de salarios propia por ser un poder de la República, por lo que no está obligada a acatar las medidas de restricción del gasto del Ejecutivo.”

Bajo el argumento de la independencia de poderes, lo que se nos dice es que, en asunto de gastos, el Poder Judicial puede hacer lo que le da la gana o lo que leyes de privilegios propios consignen, sin que el ciudadano tenga forma de impedirlos, pues con una independencia de poderes así considerada, no se tendría forma de limitar los fondos presupuestados por el gobierno central y aprobados por la Asamblea Legislativa, para darle recursos a la Corte.

Así, el Poder Judicial ha podido establecer una serie de privilegios a sus funcionarios -principalmente a los más altos- y ahora no podemos ya frenarlos. Nos tienen atados: sólo tendremos que pagar más y más impuestos para pagar sus pluses, cualesquiera que sean los que ellos decidan para sí mismos, para su propio beneficio. No podemos limitárselos.

El presupuesto de la Corte contiene pluses que ascienden a ₡155.000 millones (casi una tercera parte de todo ese presupuesto), lo cual da, en promedio -esto no significa que cada empleado no los reciba; obviamente algunos lo hacen en un monto superior y otros en uno inferior-, que por cada empleado sea de alrededor de ₡1 millón al mes.

El país está tratando de hacer un esfuerzo por contener estos abusos salariales en el sector público, pero la Corte no acepta lineamientos en tal sentido vertidos por el Poder Ejecutivo, con base en su autonomía (lo mismo podrían empezar a alegar todas las instituciones autónomas del país), conservando así el estado de cosas de privilegio. Pero, quienes pagamos todos esos gastos -los contribuyentes- quienes nos hemos quedado alelados al ver la magnitud de los privilegios en el Poder Judicial (este destape, derivado de la crisis fiscal, es muy, pero muy, conveniente), no tenemos forma de controlar el gasto de ese poder. Estamos indefensos. Bien podrían recetarse una duplicación de salarios o de privilegios en el Poder Judicial, que los ciudadanos no tenemos forma de ejercer un control sobre tal acto, bajo esa presunta malinterpretada separación de poderes.

Francamente, parece que el soberano fuera la Corte y no el pueblo, como siempre lo hemos entendido y que los propios magistrados nos lo han aseverado al mencionar nuestra Constitución. Esa conducta arrogante, de creerse dueños de las haciendas de las personas, más bien parece propio de emperadores y reyes del medioevo y muy alejada de la idea de la república del gobierno de los jueces de Platón. Nunca creí que llegaríamos a un estado en donde quienes ejercen la justicia, sean injustos contra los propios ciudadanos, quienes se ven obligados a pagar sus pluses con gravámenes onerosos.

Y estos pluses no constituyen una bicoca: en la Corte, los magistrados y los altos funcionarios de ella reciben pluses que casi igualan al sueldo base. O sea, que con privilegios se duplican su sueldo. Angustia que, en una sociedad en donde los magistrados deben ser ejemplares, ínclitos, pues en ellos descansa la aplicación de la interpretación de las leyes que rigen la República, que son el amparo para que los ciudadanos diriman sus conflictos, las personas perdamos la confianza en dicho poder. Poco antes del derrumbe de Venezuela, por ejemplo, al caer en manos de la dictadura actual, era notorio el desprestigio que la sociedad tenía acerca de sus jueces: la ciudadanía ya no confiaba en ellos. Da temor que algo similar se esté presentando en nuestro país. Si se pierde la confianza en el juez, nos encontraremos en una jungla en donde regiría la ley del más fuerte. Y no creo que las personas deseamos vernos en tal ordalía, en tal caos, en tal anarquía.

Obviamente un juez debe ser bien pagado: es lo lógico, pues si se corrompen cuando ganan mal, sólo el poderoso terminaría logrando “la justicia”. Pero, eso no significa que, ante un claro abuso en pluses, alejados de toda la realidad de un sector público y de una economía con una grave crisis fiscal, el Poder Judicial conserve sus notorios privilegios pagados por todos los ciudadanos en penuria.

De hecho, ante las propuestas de moderación -porque ni siquiera muchas de ellas se traducen en una reducción de los pluses, sino más bien reducirlos hacia el futuro- la Corte sólo ha aceptado que el aumento de sueldos sea, en vez de un porcentaje previo, uno de ₡3.750 semestrales propuesto por el gobierno para todos los empleados públicos. El Poder Judicial conserva sus privilegios por dedicación exclusiva del 20% para bachilleres y del 55% para licenciados, en contraste con la decisión del gobierno para los nuevos empleados de un 10% para bachilleres y de un 25% para licenciados. Además, la Corte conserva una estructura salarial de 21 “incentivos especiales,” que se traducen en casi ₡60.000 millones anuales para sus funcionarios. Y eso no es una bagatela, no son migajas…

¿Podrán, quienes toman las decisiones en el Poder Judicial, escuchar el clamor de un pueblo porque se modere el exagerado gasto de fondos en tal Poder? ¿Serán capaces de recuperar el aprecio y confianza, ya perdidas o casi perdidas, entre la ciudadanía contribuyente? Que Dios los ilumine, que les dé sapiencia y sabiduría, pues el autismo político en ese cuerpo es, en este caso, inconcebible e impensable, si es que deseamos seguir viviendo en una sociedad libre, justa y pacífica.

• Imagen ilustrativa, fuente Poder Judicial