Edgar Fonseca, editor

Los servicios que brinda el Poder Judicial y Seguridad Pública figuran como los peor calificados por los usuarios costarricenses, según lo estima la Segunda Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios Públicos desarrollada en febrero del presente año por la Contraloría General de la República.

Los resultados del estudio fueron dados a conocer este jueves por la Contralora General Martha Acosta.

La satisfacción con los servicios por trámites judiciales es apenas de un 40% de los encuestados y de un 51% con seguridad, verificó la encuesta.

En la parte más baja de la calificación de servicios aparecen, además, los trámites para bonos de vivienda, los municipales y el transporte terrestre.

En cuanto a la grado de dificultad para acceder a un servicio público los usuarios califican como el peor conseguir un permiso de construcción, luego obtener una casa o un bono de vivienda, obtener una patente municipal, seguir un trámite judicial y matricularse en una universidad.

La consulta –se anunció– fue estructurada en tres grandes objetivos para la prestación de un servicio público, a saber, facilidad en el acceso, alta calidad técnica y alta calidad funcional.

La facilidad y la duración son conceptos ligados al acceso que tiene la población para hacer uso de los servicios públicos, agregó el informe.

La facilidad se refiere a qué tan oportuno y simple considera el ciudadano que puede acceder, mientras que la duración es una percepción sobre la cantidad de tiempo que transcurre entre el momento en que existe el acuerdo o la cita y su prestación.

La encuesta  resalta:

•  muchos trámites son difíciles de realizar y limitan un rápido acceso a los servicios, especialmente en los trámites públicos relacionados con la obtención de permisos de construcción, la solicitud de vivienda o de bono de vivienda, la obtención de una patente municipal, la denuncia y la atención de procesos judiciales y la matrícula en las universidades públicas.

Según el estudio, en cuanto a educación pública universitaria, un 68,6% de las personas que asistieron recientemente a las universidades públicas, o bien acerca de un familiar cercano, considera que las carreras universitarias duran mucho tiempo, aunque solo un 29,5% considera que es caro realizar este tipo de estudios en una universidad pública. Este resultado también ejemplifica el valor del tiempo para el usuario de recibir servicios en tiempos más cortos.

Atraso en citas

El atraso con las citas en hospitales es una de las mayores fuentes de quejas de los usuarios.

En materia de salud –sostiene el informe de la Contraloría– el tiempo para el otorgamiento de citas juega un papel muy importante en cuanto a la oportunidad para recibir el servicio. Se observó que conforme se avanza en nivel de especialidad, mayor es la espera de los pacientes, pues un 66,6% considera que el tiempo que le dieron para la cita con un especialista de un hospital fue excesivo, en tanto que para clínicas ese porcentaje es del 52,7% y en el caso de los EBAIS representa un 41,5%. Desde otra perspectiva, el 47% de las personas consultadas reveló que tuvieron que esperar más de un año para la cita en un hospital público.

Justicia lenta

El servicio de la justicia es percibido como muy lento.

En materia de justicia el 69,2% de los encuestados considera que se dura mucho entre la presentación de una demanda y su respectiva sentencia y un 50,2% manifiesta haber incurrido en gastos adicionales durante los procesos judiciales, destaca el informe.

Estos resultados sobre la demora en recibir los servicios públicos –consigna– podría explicar el hecho de que los ciudadanos opten por acceder a servicios privados para satisfacer sus necesidades.

El 76,5% de los ciudadanos revela –dice el estudio– haber incurrido en gastos para acceder a servicios privados de atención médica y un 79,1% han incurrido en gastos para acceder a medicamentos.

La necesidad de reducir los tiempos también ha llevado al ciudadano a optar por pagar a terceros para una mayor celeridad, por ejemplo un 41,2% de las personas confiesa haber pagado para que les hicieran los trámites cuando buscaron optar por un bono de vivienda, agrega el informe de la Contraloría.

Fuente: Contraloría General de la República, Encuesta de percepción ciudadana sobre servicios públicos, febrero 2018.