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Este gobierno traicionó al solidarismo

  • Desde el principio apostó a un engendro denominado economía social solidaria, que secuestra el digno nombre del solidarismo para convertirlo en instrumento de viajes, prebendas y testaferros.

José Luis Valverde Morales  *

El 7 de noviembre se conmemoró el Día del Solidarismo y, a decir verdad, la celebración no fue distinta a los años anteriores de la gestión Solís Rivera, marcada por el desdén y el desprecio a esta forma de organización tan tica, producto de exportación de la sinergia constructiva que debe primar entre empleadores y trabajadores.

Nos cerraron las puertas
En una clara afrenta al rango constitucional que tiene el quehacer solidarista, durante este cuatrienio se han cerrado todas las puertas de acceso para conformarlas en el sector público, y la más vergonzosa prenda la constituye lo que acontece en el Ministerio de Hacienda, donde el titular, quien además ostenta el cargo de vicepresidente de la República, se niega a incluir el aporte patronal que garantice los fondos para la cesantía que caracteriza al movimiento solidarista.

En el 2011 se aprobó la reforma al artículo 64 de la Constitución Política y desde entonces se lee:
“El Estado fomentará la creación de cooperativas como medio para facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores. Asimismo, procurará el desarrollo del solidarismo como instrumento de crecimiento económico y social de los trabajadores, tanto en el sector privado como en el sector público.
Asimismo, reconocerá el derecho de patronos y trabajadores a organizarse libremente en asociaciones solidaristas, con el fin de obtener mejores condiciones de vida y desarrollo económico y social.”

El engendro de la “economía solidaria”

Este gobierno desde el principio apostó a un engendro denominado economía social solidaria, que secuestra el digno nombre del solidarismo para convertirlo en instrumento de viajes, prebendas y testaferros, que, como en el caso del Banco Popular, financiaron la mansión en la comunidad guanacasteca de Tempate, todo en contra de los postulados de la entidad concebida el siglo pasado por uno de los más honestos gobernantes que conoció nuestra patria, como lo fue el profesor José Joaquín Trejos Fernández.

Nos traicionaron

Prestar juramento y luego volver la espalda a lo jurado no tiene otro nombre más que traición y así nos hemos sentido los dirigentes solidaristas, ¡vilmente traicionados ¡

Conmemorar significa hacer memoria y es un ejercicio que deberían hacer especialmente algunos políticos que se vuelven amnésicos, posiblemente azurumbados ante el temor que les produce quienes hacen ruido con la tristemente célebre amenaza denominada “democracia de las calles”.
Hasta el día de hoy los candidatos a la presidencia de la República permanecen mudos con respecto al solidarismo, y a esto deberíamos prestar particular atención los centenares de miles de personas que comulgamos con esta forma de organización.

  • Periodista, presidente Asociación Solidarista de Empleados CCSS

Recrudece emergencia con coligalleros en Crucitas/ 48 detenidos, un muerto y un herido por terraplén

Con un saldo de 48 coligalleros presos, un muerto y un herido debido a un terraplén cerró ayer miércoles un nuevo día de incidentes en las fincas de la fallida mina Crucitas en Cutris de San Carlos, informó Seguridad Pública.

Según el informe oficial, las autoridades  sorprendieron 48 nicaragüenses en condición migratoria irregular, además verificaron la muerte de uno de ellos y un herido debido al deslizamiento de tierra.

La emergencia

Cuando las autoridades se encontraba en el sitio realizando inspecciones, recibieron información de parte de uno de los nicaragüenses  de que había un coligallero muerto y otro herido dentro de la finca Vivoyet.

Oficiales de la Policía de Fronteras se desplazaron al sitio del incidente y hallaron a un hombre fallecido, de apellido Borges, así como otro de apellido Quirós, herido, ambos de nacionalidad nicaragüense, a quienes  en apariencia les cayó encima un terraplén.

Los policías fronterizos acordonaron la escena a la espera de autoridades judiciales y, el personal de la Policía de Fronteras, con equipo de primeros auxilios y su entrenamiento, realizó la inmovilización del herido por aparente fractura de clavícula. Lo evacuaron a través de la montaña para agilizar la atención y contactar a la Cruz Roja, dijo Seguridad.

Los 48 detenidos  fueron puestos a disposición de la Dirección General de Migración y Extranjería para su inmediata expulsión.

Las acciones han estado a cargo de oficiales de la Policía de Fronteras, del Grupo de Apoyo Operacional de la Fuerza Pública, de la Policía de Tránsito y de la Policía de Migración, quienes han inspeccionado la finca Vivoyet y propiedades adyacentes.

Las autoridades también detuvieron a dos costarricenses, de apellidos Mora y Coto, en el momento en que extraían oro ilegalmente en la finca Vivoyet, por lo cual fueron aprehendidos para ser puestos a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de San carlos.

 

Fiscalía va de nuevo tras rastro de $20 millones en presuntos sobornos a expresidente de Peru depositados al parecer en San José

Edgar Fonseca, editor

El rastro de $20 millones de presuntos sobornos, de la multinacional brasileña Odebrecht al expresidente peruano Alejandro Toledo, que las autoridades peruanas sospechan fueron depositados en un banco en San José, será investigado de nuevo por la Fiscalía General que ordenó reabrir la causa desestimada  desde junio de 2015, se anunció oficialmente este miércoles.

La Fiscala General interina, Emilia Navas Aparicio, ordenó la reapertura del caso 13-000051-0618-PE, luego de encontrarse con una desestimación dictada hace tres años y cinco meses, anunció el ente acusador.

La causa penal la reactivaron  en contra del expresidente de Perú, Alejandro Toledo Manrique, su suegra, Eva Rosa Fernenbug, el encargado de seguridad durante su gobierno, Avraham Dan On, y el hermano de este, Shai Dan On, así como el empresario Josef Arieh Maiman”, agregó el Ministerio Público.

Maiman, poderoso empresario peruano-judío, residente en Israel,  testigo colaborador de la Fiscalía de Perú confesó hace poco a la revista Caretas de Lima que movió fondos investigados en este caso a Costa Rica.

IDL-R.-¿Vas a poder explicar a los fiscales cómo y cuándo transferiste el dinero a cuentas vinculadas con Toledo?

M.– … Nuevamente, yo puedo demostrar cuándo y cómo transferí dineros a Costa Rica, punto.

IDL-R.– ¿Vas a poder demostrar que lo que transferiste a Costa Rica corresponde a lo que pagó Odebrecht?

M.– Las cifras que he escuchado que se atribuyen a supuestos pagos de Odebrecht no tienen nada que ver con la realidad.  Cualquier cifra es buena para ellos. No  daré detalles ahora.

IDL-R.- ¿Cuál es la cifra más cercana con la realidad?

M.- La que sucedió [sobre la que] daré las explicaciones del caso.

Caso reabierto

Según la Fiscala Navas, este caso es uno de los analizados desde el inicio de su gestión, el 13 de octubre anterior, con el objetivo de determinar si ameritaba su reapertura o si, por el contrario, se mantenía la desestimación, dictada desde el 03 de junio del 2015.

“Determinamos que el caso requiere de mayor análisis y que corresponde realizar diligencias de investigación que se habían omitido, a efectos de encontrar elementos de juicio útiles y pertinentes para que la decisión final sea la más atinada”, advirtió  Navas Aparicio en la resolución que se presentó hoy al Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, cita el informe oficial.

La Fiscalía General informó que investiga en esta caso supuesta legitimación de capitales, delitos tributarios, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y peculado.

Casos prescritos

Aunque anunció la reapertura de la investigación, la Fiscalía lamentó que en el caso hay delitos contra funcionarios bancarios que debieron investigarse pero se encuentran prescritos. Después del análisis realizado al caso se determinó que existieron delitos contra funcionarios bancarios que debieron investigarse, los cuales, lamentablemente, se encuentran prescritos, añadió la Fiscala Navas.

Las anteriores son conductas que encuadran en el artículo 70 de la Ley 8204, entre ellas, que no se analizaron ni reportaron operaciones sospechosas y que se omitió información bancaria que fue requerida a los funcionarios, sobre el presunto lavado de activos.

Por tratarse de un caso en investigación, cubierto por el secreto de las actuaciones (artículo 295 del Código Procesal Penal), no es posible ampliar en otros detalles, agregó la Fiscalía.

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Los $20 millones en sobornos terminaron en San José, afirman en Perú

En Costa Rica terminaron $20 millones en sobornos pagados presuntamente por la multinacional brasileña Odebrecht al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, confirmó ante la justicia peruana un poderoso empresario de origen israelí, vinculado al caso y quien es ahora colaborador eficaz de las autoridades.

“Las mismas fuentes informaron que el empresario israelí certificó que Toledo sí recibió coimas de parte de la constructora brasileña y que estas terminaron en la off shore Ecoteva, constituida en Costa Rica”, amplía el diario El Comercio de Lima.

El diario detalla una cita del fiscal peruano Hamilton Castro con el empresario Maiman en Israel en la que este confirmó el eslabón tico del escándalo que sacude a Perú y por el cual hay orden de extradición y prisión contra Toledo quien se encuentra refugiado en EE.UU.

Tanto Toledo como Maiman son investigados por la justicia peruana por presunto lavado de activos.

“Todo el dinero terminó en Costa Rica”

En Lima trascendieron detalles de la manifestación que hizo Maiman ante el fiscal Castro durante una cita de ambos en Israel. El informe lo divulgó la periodista Karem Barboza del diario El Comercio, el más influyente medio peruano.

El empresario peruano israelí –según el diario– confirmó en su manifestación que aquellas empresas de su propiedad fueron usadas para recibir el dinero de Odebrecht, el cual fue transferido posteriormente por él hacia Costa Rica, a través de la empresa Confiado International Corp.

Maiman Rapaport ratificó que, a pedido de Toledo, recibió el dinero de la constructora brasileña a través de las sociedades ‘offshore’ Klienfield Services Ltd, Intercorp Logistic e Innovation Research Engineering, mediante las cuales Odebrecht no solo canalizó pagos hacia funcionarios peruanos; sino también de otros países como Argentina y Colombia, agrega el diario.

Fueron una veintena de depósitos según lo declarado por el empresario peruano israelí. En febrero la fiscalía solo tenía conocimiento de 18 transferencias realizadas entre el 2006 y el 2010.

Maiman –amplió El Comercio- terminó con las especulaciones y ratificó ante la Fiscalía que el dinero depositado en sus empresas fue derivado a Confiado International y luego a otras sociedades constituidas en Costa Rica. Es decir, a Milan, que fue constituida en 2005 y a Ecostate, constituida en 2006. Sin embargo, años antes, la primera parte del dinero fue enviado a Sirlon Dash, creada en el 2002.

Fue luego de seis años que el ex presidente Toledo decidió realizar operaciones inmobiliarias en el Perú, por lo que pidió la transferencia del dinero a la ‘offshore’ Ecoteva Consulting Group constituida el año 2012, en Costa Rica, añade el diario.

“Todo el dinero terminó en Costa Rica”, confiaron fuentes cercanas a la investigación, cita el medio.

Las sociedades costarricenses Ecostate y Milan –agrega El Comercio– recibieron US$17’527.000 millones. Sirlon Dash recibió cerca de US$4’000.000 millones. Es así que para el 2012 las tres ‘offshore’ ya reunían los US$20 millones que pagó Odebrecht, según lo dicho por el colaborador peruano israelí.

Según La Nación en San José, la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) investiga al banco Scotiabank por supuestamente haber recibido en sus cuentas fondos ligados a esa operación. Existe la posibilidad de una sanción administrativa en un proceso en que el banco puede ejercer su defensa, agrega el diario nacional. La Fiscalía, agrega, desestimó el caso.

Ver informe especial, El Comercio, Lima

 

 

 

No es bueno dormir menos de seis horas/ La gente come más porque pasa más tiempo despierta, dicen expertos

El sueño no se recupera. Las horas que no dormimos no las compensamos con un fin de semana de siestas, advierte un informe del diario El Tiempo de Bogotá.
No estamos hablando del insomnio –del no poder conciliar el sueño, que es otra clase de problema– sino de las horas que les robamos a las noches para quedarnos trabajando, enganchados con una serie, pegados a las redes sociales, atrapados con un libro o reunidos con amigos. Las horas que podríamos dormir, pero decidimos no dormirlas, dice el diario.

¿Cuánto es dormir poco? En principio, por ejemplo, “dormir menos de una hora de lo que uno debería disminuye la capacidad de estar alerta en un 33 por ciento”, asegura el médico Alejandro Andersson, director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, cita El Tiempo.

A menos sueño, engordamos más

Hay estudios –agrega dicho medio– que aseguran que dormir poco tiene consecuencias directas en el aumento del peso. En parte, esto se debe a que quienes duermen menos de seis horas tienden a comer más porque pasan más tiempo despiertos y, por otro lado, a que los desajustes del sueño afectan el metabolismo de la glucosa. Así lo explica Pérez Chada: “La restricción de las horas de sueño produce alteraciones metabólicas que generan un aumento del apetito y alteran los niveles de las hormonas que lo regulan. Cuando se prolonga el día y las comidas se ingieren más tarde se produce una desincronización entre el reloj circadiano, ubicado en el sistema nervioso central, y los mecanismos que regulan el apetito”.

Ver informe especial, diario El Tiempo, Bogotá

 

 

Celso Gamboa: certificación para Johnny Araya fue legal, no era imputado/Del “cementazo” no todo se sabe, advierte

Edgar Fonseca, editor

El magistrado suspendido Celso Gamboa, investigado por la Fiscalía por supuesto tráfico de influencias junto al alcalde de San José y excandidato presidencial, Johnny Araya, y a la ex fiscal subrogante, Beredice Smith, niega haber actuado de manera incorrecta en el caso que se le atribuye. Ratifica que el  alcalde no era imputado por lo que su nombre fue omitido conforme a derecho de un informe  oficial del Ministerio Público.

“Don Johnny no era imputado y así se consignó en un documento del Ministerio Público que aclaró el error conforme a la legalidad”, sostiene  Gamboa, en su blog celsogamboa.com.

Defiende su actuación en dicho caso así como en la de otros dos alcaldes de Alajuela y San Carlos.

“La investigación de mi vida empieza a tomar matices infinitos, al punto que se me pide responder por actos ajenos, palabras y documentos ajenos, mediante la inversión de la carga de la prueba: “soy culpable salvo que logre aportar pruebas en contrario”, denuncia.

Operación control del “cementazo”

“Se me endosan actuaciones indebidas cuando ejercí como subjefe del Ministerio Público”, dice Gamboa quien integraba la neurálgica Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Fue suspendido por tres meses, el 18 de octubre, tras trascender una polémica relación suya con el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, en el epicentro del escándalo, y hoy preso junto a seis ejecutivos del Banco de Costa Rica.

No todo ha salido a la luz

Según el magistrado Gamboa, en el escándalo que estalló en la cúpula de asesores principales del presidente Luis Guillermo Solís y se propagó a otros partidos y al Poder Judicial, no todo ha salido a la luz pública.

!Esto es “parte” de la operación control de los efectos del #cementazo, porque algo es claro, ni todo es lo que parece ser, ni a todos les sirve que los verdaderos responsables salgan a la luz”, advierte.

“Es lógico que nuevamente la relación con el tema de los créditos aquí es más que nula, sin embargo he reiterado hasta la saciedad que se me pide la renuncia o que me revoquen el nombramiento y me manden a la cárcel por asuntos en los que no tengo injerencia como lo es el nombramiento de Juntas Directivas, modificaciones de reglamentos, créditos bancarios, comercio internacional de cemento y felicitaciones por desembarcos”, amplía Gamboa.

“Pero como no sé de eso, entonces comparecí en el Parlamento por un viaje personal a Panamá, dar una dirección en el Poder Judicial y desestimar una causa, junto a otros cuatro magistrados, donde si quiera fui magistrado instructor”, agrega.

“La investigación de mi vida –dice– empieza a tomar matices infinitos, al punto que se me pide responder por actos ajenos, palabras y documentos ajenos, mediante la inversión de la carga de la prueba: “soy culpable salvo que logre aportar pruebas en contrario”.

Araya no era imputado

Gamboa insiste en que el alcalde Araya no era imputado y la certificación que se le emitió en la Fiscalía está a derecho.

Sobre el Alcalde Araya: en el sistema informático judicial de la fiscalía fue incluido su nombre en una causa que no figuraba y de ese dato equivocado surgió una noticia. Don Johnny no era imputado y así se consignó en un documento del Ministerio Público que aclaró el error conforme a la legalidad. Y de acuerdo a lo que reporta La Nación, pareciera que se corrigió la información tal como se hace con cualquier ciudadano mediante la actualización de la información, en cumplimiento de la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, dice el magistrado Gamboa.

Araya, quien fue candidato del PLN en las elecciones presidenciales de 12014 y se retiró para una segunda vuelta, volvió al partido en junio anterior y era una figura influyente en el comando para las elecciones 2018. Antenoche decidió separarse de la campaña del candidato Antonio Álvarez tras anunciar la Fiscalía la investigación en su contra.

Alcalde Thompson sin trato preferencial

El magistrado Gamboa niega trato preferencial al alcalde de Alajuela y candidato a diputado Roberto Thompson.

Sobre el Alcalde Thompson: como hecho notorio el alcalde de Alajuela fue arrestado en medio de una investigación por la comisión de un supuesto delito. El Ministerio Público solicitó información como normalmente lo hace conforme a los deberes, ya que de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público  el Fiscal General ejerce la acción penal, delegada en los fiscales, por lo que es su obligación dar cuenta de cualquier caso de relevancia porque las decisiones de los inferiores pueden acarrear responsabilidad administrativa al jerarca. El señor Thompson no recibió ningún trato preferencial, de hecho estuvo detenido y se le suspendió de su cargo, añade Gamboa.

No se acuerda de llamada del alcalde de San Carlos

El magistrado Gamboa no recuerda que el alcalde Córdoba de San Carlos lo hubiese llamado por teléfono.

“No recuerdo haber recibido llamadas del alcalde de San Carlos durante el allanamiento a la municipalidad, sin embargo lo normal para casos como este es que la respuesta es que no tengo información que brindarle, que contacte a la fiscalía encargada por medio de su abogado”, dice Gamboa.

Me adelanto a contestar la pregunta obvia de cómo es que mi teléfono lo tienen tantas personas:ocupé diferentes posiciones en el Ejecutivo en dos administraciones y mi número está en manos de no pocas personas, entre ellos periodistas, dirigentes comunales, jefes policiales, parlamentarios, ministros de Estado, la misma Casa Presidencial.

Además, por la posición ocupada en el Ministerio Público, podría asegurar que mi teléfono tiene casi que característica de “número público” en la institución donde tantas veces coordinamos asuntos de día y de noche, cuando fuere necesario.

Seguiré aclarando todo lo que se me endose porque es mi única herramienta ante la campaña de mala fe, concluye Gamboa quien enfrenta cuatro causas internas por tales hechos en el Tribunal de la Inspección Judicial y cinco investigaciones penales.