Jorge Corrales Quesada, economista
Con clara arrogancia, la burocracia de las Naciones Unidas -concretamente la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)- ante una solicitud de funcionarios de la Contraloría General de la República para revisar el expediente en manos de UNOPS, acerca de una contratación para acelerar la obra en el puente del Río Virilla, contestó que esos funcionarios de la Contraloría “deberán trasladarse a las instalaciones de… UNOPS…” y “deberán revisar los documentos bajo la vigilancia de representantes del organismo y en horario restringido.”
O sea, ahora el UNOPS le ha dicho “tome chichí” a la Contraloría de la República, por no haberse opuesto ella desde el momento en que se pretendió que el gobierno de Costa Rica contratara “estudios, los diseños y la construcción (de un conjunto de obras viales públicas) de la infraestructura a cambio de un porcentaje del costo”. Lo informó La Nación, “Oficina de ONU niega datos a Contraloría sobre contrato: UNOPS se aferra a inmunidad para no dar copia de expediente,” del pasado 16 de agosto.
Son fondos públicos
Es claro que se trata de fondos públicos y, como tales, deberían estar sujetos al control de la Contraloría. Por más “San UNOPS” de que se trate, es básico que los fondos estatales en este país sean objeto de la supervisión constitucional que se debe hacer por medio de la Contraloría, en lo que se refiere al uso de esos recursos del país.
Contratar por un porcentaje del costo, como lo hace UNOPS, no me gusta para nada, pues, si éste aumentara, se elevaría el monto que se le paga. La entidad se beneficiaría con un aumento de costo, pues se crea un incentivo perverso para minimizar los costos. (La propia UNOPS, en voz de su ex-gerente, Mario Mazzucchelli, señaló que el dinero que se tenía para esos proyectos era “insuficiente para los dos puentes -el del Virilla en la ruta 32 y el de Lindora, en Santa Ana- pues las obras se habían encarecido por los atrasos.” O sea, ¿aumentó, ante el alza en costos por el atraso, lo que se le debe pagar a la UNOPS?).
No cuestiono la corrección atribuida a UNOPS o a Naciones Unidas, si bien en realidad en diversas ocasiones ésta ha sido cuestionada por el manejo de sus fondos en ciertas actividades, sino al hecho que el país haya permitido tal cosa, bajo el prurito de que con ese contrato se aceleraría la construcción de obra pública, lentitud que se presume -razón para hacer esa contratación- surge de restricciones, entre otras cosas, de la Contraloría. De no ser así, ¿para qué contratar un ente no sujeto al control jurisdiccional?
Son fondos públicos del gobierno de Costa Rica, del estado, obtenidos por un préstamo otorgado por el BCIE y que deberá reembolsarse con todo e intereses por los costarricenses, posiblemente por medio de sus impuestos (no olvido un par de intentos similares para evitar el control de fondos estatales mediante dicho banco) y, como lo hace ver el al ente contralor el propio CONAVI, por medio de su director interino, Carlos Solís, contraparte de UNOPS en el contrato de marras, “que ellos (CONAVI) también han pedido a UNOPS el expediente completo y se los han negado”.
Para eso alegan la inviolabilidad de las Naciones Unidas, además de diversas inmunidades, pero la gran responsabilidad de todo este episodio sospechoso recae en el gobierno costarricense y principalmente en el órgano contralor constitucionalmente establecido, pues, antes de firmarse el contrato, deberían conocer estos factores, en vez de permitir que no rigiera la ley de contratación administrativa para obras o servicios para el estado.
Así, han surgido empresas que han apelado las contrataciones otorgadas por UNOPS y para lo cual ofertaron. Aquella averiguación permitiría determinar “la legalidad de la contratación del puente, la razonabilidad del precio de la obra, los cronogramas de trabajo y la experiencia de los profesionales involucrados.” No entiendo el temor a la luz y la transparencia en este tipo de cosas. No puede uno más que sospechar -con buenas razones- que podrían existir acciones incompatibles con la probidad y eficiencia que deba caracterizar el uso público de los recursos. Esto podría terminar en que la Contraloría suspenda el contrato con la firma ya elegida, atrasando aún más el arreglo del puente.
El que nada debe, nada teme. Y un poquito de dignidad no es mala, señores de la Contraloría y del gobierno de la República.
