Jorge Corrales Quesada, economista
No hay duda que llamar “tragicomedia” a lo sucedido con la nueva carretera a San Ramón es más que apropiado: tiene rasgos trágicos y cómicos simultáneamente. Pero determinarlos exactamente se los dejo al amigo lector.
Para que pueda hacerlo, para mi comentario me baso en un artículo publicado en La Nación del 21 de junio, titulado “Ministro prevé que peaje a San Ramón será mayor a ₡4.000: Costo superará el planteado por constructora brasileña OAS en 2013”.
No tengo ni idea de en qué momento se empezó a hablar de “rehacer” la actual carretera entre San José y San Ramón, que, me imagino, se tradujo en una propuesta concreta que incluía alguna estimación del peaje de ida y vuelta. Al otorgarse la concesión de la construcción y operación de la nueva vía a la empresa brasileña OAS, esta consideró que el peaje sería de casi ₡4.000 (exactamente, de ₡3.930). Entre paréntesis y hablando de partes trágicas, esta empresa está en serios problemas en Brasil por haber practicado una serie de sobornos, entre los cuales se ha citado como beneficiado al expresidente Lula, quien, en su momento, vino al país para promover las actividades de esa firma.
Ese costo tan elevado lo objetaron grupos “cívicos” de San Ramón y otros lugares (¿se acuerdan del llamado Foro de Occidente?), que señalaron que el peaje sería de más o menos ₡2.800, en contraste de los casi ₡4.000 que había dicho OAS. Tal vez haya algo de comedia en esto: no sólo se “exhibía” un cobro de un peaje diferente al pretendido por OAS, sino que la presión “popular” terminó con la ruptura del contrato de construcción (y su posterior operación), estimado en $524 millones, entre el gobierno y la empresa OAS. Dicha ruptura se tradujo luego en que el gobierno -todos los costarricenses- tuvimos que pagarle una indemnización a OAS por $35 millones.
Sigue la comedia: la solución entonces se encontró en construir la carretera ya in OAS y con un cambio importante, como fue ampliar en un carril la vía actual en el trayecto Aeropuerto-San Ramón. Pero el tiempo siguió pasando y nada –la tragedia…
Ahora bien, noten los cambios del peaje estimado a lo largo del tiempo. En el 2013, OAS dije que sería de ₡3.930, con el diseño inicial. Luego, según informa el medio, los grupos organizados opuestos a la concesión dijeron, en marzo del 2014, que, el peaje estimado era de ₡1.200 (me imagino que sólo de ida o vuelta, pues la información del dato no es clara), lo que condujo a la rescisión del contrato con OAS. En mayo del 2104, una “nueva estimación de los lugareños” del costo del peaje fue de ₡3.500 y la “última tarifa calculada por los vecinos en 2017” fue de ₡2.800.” Si entiende estos vaivenes en las estimaciones del peaje, admiro su capacidad imaginativa.
En todo caso, como la mejora de la carretera estaba varada, los ínclitos diputados, dado el clamor popular, crearon la figura de un fideicomiso (en sencillo, un fideicomiso es que el estado ponga la plata a cargo de alguien, para que en un cierto tiempo haga la obra). En febrero del 2016, el Estado, por medio del CONAVI, le encargó la administración del fideicomiso al Banco de Costa Rica (BCR), pero, al momento, todo sigue paralizado (la triste comedia), porque el Banco exige la adecuación del contrato para entregar la obra llave en mano y eso no se ha decidido aún (extrañamente se pide una “adecuación” a lo ya decidido).
¿Ahora por dónde anda el costo del peaje? Según La Nación, “la tarifa exacta de los peajes y el valor total de la carretera se conocerán hasta que el BCR defina los diseños, costos y realice la estructuración financiera del proyecto.” Según el optimista nuevo ministro de transportes, saberlo tomará más de un año o más. Lo sorprendente -las tragicomedias suelen tener sorpresas- es que, según los proponentes de la ley (me imagino que se refieren a los creadores del fideicomiso) “el costo de ampliar la ruta sería de $440 millones”. Si entiendo bien, no es que la obra pasó de los $524 millones estimados en el contrato con OAS a sólo $440 (sorprendente sería la comedia), sino que, ahora, a aquellos $524 millones hay que sumarle $440 millones (la también sorprendente tragedia). Esto último se debió no sólo al paso del tiempo (¿cuál fue la inflación del lapso 2013-2017?), sino por la ampliación propuesta.
Ahora es comedia negra
Ahora se considera que el peaje será, en doble vía, de ₡4.000. Pero, ¡sigue la comedia!. El periódico informa que, según los vecinos, el cálculo de la tarifa en el 2017 sería de ¡₡2.800! Bueno, la tragicomedia se ha tornado en comedia negra o en obra de misterio en cuanto a estos vaivenes en los cálculos de los peajes. Ojalá que la explicación no radique en que, como dijo el ministro entrante, la solución al problema está en “fijar un peaje sombra -¿serán los ₡2.800? (menor al importe real)- con algún aporte del Estado para que el peaje sea socialmente aceptado.” Esto es, disimular el costo verdadero, pues el aporte del estado sería de todos los ciudadanos por medio de impuestos, para abaratar el peaje que disfrutarían los usuarios: para que paguen sólo ₡2.800 en vez de ₡4.000, el peaje presuntamente verdadero. Al señalar el ministro que es para que sea “socialmente aceptado” no es más que un eufemismo para decir que algunos (la ciudadanía contribuyente) pagaremos por el verdadero costo, para subsidiar a los usuarios. Simple redistribución de unos hacia otros. Mejor que el que lo use, que pague el costo verdadero… si es que esas cifras son ciertas (la tragicomedia).
Aquí no termina el sainete: resulta que, supongo que para hacerla “socialmente aceptable,” los diputados que crearon el fideicomiso decidieron que éste no pagara impuestos. Mientras que OAS -se acuerdan, la de costo del peaje estimado en ₡4.000- sí tenía que pagar impuestos por un total de “$1300 millones a lo largo de la concesión de 30 años”, pues “OAS debía retribuir un 1.25% correspondiente a un canon de concesión y un 2.5% para financiar la fiscalización y operación de la obra,” según lo informa un artículo de La Nación titulado “Peaje a San Ramón será más caro pese a exoneración fiscal: Fidecomiso de obra no pagará impuestos ni cánones.” Aún con este regalo de Santa Claus al fideicomiso, el costo sale parecido al que OAS había estimado en el 2012 y que provocó la ruptura del contrato en la administración Chinchilla.
La puntilla a la obra la pone el economista especializado en temas de infraestructura, Federico Villalobos, quien señaló que “además de esos recursos que se dejarían de percibir por el pago de impuesto sobre la renta, hay que considerar que ahora será el Estado [todos nosotros] el que asumirá los riesgos y aporte de recursos que hubiese realizado el concesionario en el modelo de concesión.” La tragicomedia se ha convertido en sainete: grotesco, ridículo y a veces tragicómico. Ante el espectáculo, el Foro de Occidente guarda un silencio sepulcral, para ver si se olvida su osadía.
