La Oficina del secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, encendió las alarmas internacionales al denunciar que en Nicaragua se ejecuta una “confiscación masiva” bajo la recién aprobada Ley de Territorio Fronterizo.
La confiscación masiva por parte del régimen de Murillo-Ortega, de todas las tierras en un radio de 15 kilómetros dentro de las fronteras de Nicaragua, devasta decenas de comunidades y pone en peligro la vida y el sustento de miles de personas en toda nuestra región. Cualquier estadounidense que esté pensando en invertir en Nicaragua debe tener cuidado, advirtió dicha oficina estadounidense en un post X.
La oficina advirtió a potenciales inversionistas estadounidenses, sobre los riesgos de esta medida, que otorga al Estado control absoluto de todas las propiedades ubicadas en un radio de 15 kilómetros desde las fronteras terrestres y costeras, bajo administración del Ejército de Nicaragua.
La advertencia llega tras la aprobación de la ley que declara propiedad del Estado una franja de 15 kilómetros a lo largo de las fronteras del país, destaca el sitio opositor Confidencial que difunde desde San José.
La normativa, aprobada de forma exprés por la Asamblea Nacional, afecta a casas, fincas, comunidades, reservas naturales y zonas turísticas, abarcando un estimado de 18,000 kilómetros cuadrados.
La noticia poco a poco ha ido escalando a medios internacionales que denuncian que la ley impactará directamente en municipios como San Juan de Nicaragua. Además de territorios indígenas y afrodescendientes, lo que ha generado rechazo de líderes comunitarios y organizaciones de derechos humanos.
En el arranque de la campaña electoral para el 1 de febrero de 2026, el presidente y algunos de sus más fieles voceros insisten en la promesa de alcanzar 40 diputaciones en la Asamblea Legislativa. La cifra que suena motivadora para sus cercanos seguidores, se apoya más en un discurso populista, que, en un escenario estadística y políticamente posible para el sistema electoral costarricense.
En Costa Rica, tener 40 de los 57 diputados significa tener una mayoría absoluta.
Esto permitiría al partido dominante entre muchas otras cosas, influir de forma decisiva en el control de la Asamblea Legislativa y en el trámite de presentación y aprobación de leyes que podrían cambiar el rumbo y los destinos del país, mediante nombramientos clave: magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jerarcas de la Contraloría General de la República, de la Defensoría de los Habitantes e incluso del Tribunal Supremo de Elecciones.
En países como Nicaragua, Venezuela, Cuba, Corea del Norte o, más recientemente, El Salvador, este nivel de control ha implicado la desaparición de los pesos y contrapesos democráticos, debilitando las instituciones y restringiendo derechos y libertades.
Costa Rica no debe ni puede seguir ese camino.
El cálculo detrás de la ilusión
Para 2026, el padrón electoral rondará los 3.550.000 ciudadanos.
Si el abstencionismo se mantiene en un 40%, votarán alrededor de 2.130.000 personas. Para llegar a 40 curules, el oficialismo necesitaría un dominio casi total y tendría que arrasar en prácticamente todas las provincias, un escenario irreal tanto técnica como políticamente.
Por ejemplo, en Heredia, Limón y Guanacaste tendría que ganar más del 95% de todos los votos y quedarse con las 5 diputaciones de cada provincia. En Cartago y Puntarenas: más del 90% para ganar 5 de las 6 diputaciones posibles, en Alajuela: cerca del 50% para obtener 5 o 6, la mitad de las 12 curules y en San José lograr lo impensable con al menos el 55% de los votos válidos, para obtener 10 diputaciones.
En un sistema político plural y democrático como el nuestro, que fue diseñado para garantizar proporcionalidad y representatividad, estos niveles de apoyo son prácticamente inalcanzables. Lo que significa, que el poder legislativo no puede concentrarse con facilidad en un solo partido, porque los votos se distribuyen territorialmente.
Falacia o mentira, falacia y mentira
Esta visión totalitaria no solo es una falacia porque se presenta como factible algo que, por diseño institucional y realidad política, no lo es.
Sino que además es una mentira porque se intenta convencer a la ciudadanía de que solo con mayoría absoluta se puede gobernar, cuando el apoyo real del partido del oficialismo apenas ronda el 25% del electorado. Con esos números, lo más probable es que obtenga entre 18 y 19 curules, muy lejos de la mayoría absoluta.
Defender y mejorar lo que funciona
Costa Rica ha sido históricamente ejemplo mundial de procesos electorales pacíficos, transparentes y democráticos en la defensa de su sistema político de pesos y contrapesos, hasta ser reconocida como la democracia más estable y longeva del continente americano y en el concierto de las naciones.
Es cierto que muchas de nuestras instituciones necesitan cambios estructurales profundos para modernizarse, ser más eficientes y centrarse en el servicio a las personas. Pero eso no justifica concentrar el poder en un solo partido ni poner en riesgo la independencia de poderes, ni la estabilidad democrática.
La democracia costarricense es demasiado valiosa para que caiga en el juego de prometer mayorías absolutas imposiblese irreales que, en el fondo, buscan justificar un poder absoluto y peligroso que nuestro sistema —por diseño— no quiere ni debe permitir.
Palo y zanahoria. Esta parece ser la estrategia que Estados Unidos está siguiendo con el gobierno de Nicolás Maduro.
Así, tras el inédito acuerdo con las autoridades chavistas que, hace unas semanas, permitió la liberación de 10 estadounidenses detenidos en el país suramericano, a cambio de la devolución de 252 migrantes venezolanos que fueron deportados a El Salvador y al que siguió el anuncio de un nuevo permiso para que la petrolera Chevron vuelva a extraer crudo venezolano, Washington ha elevado a US$50 millones la recompensa que ofrece por Maduro desde 2020.
“Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza a nuestra seguridad nacional”, justificó la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, al anunciar este jueves el “histórico” monto que recibirá aquella persona que aporte información que conduzca al “arresto” del gobernante venezolano.
El canciller venezolano, Yvan Gil, tachó de “cortina de humano” el anuncio y aseguró que con esto se busca distraer la atención de otros asuntos, como el caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.
El calificativo de “histórico” que Bondi utilizó para describir la nueva recompensa se ajusta a la realidad, pues esta es la más alta de la que se tiene registro.
Supera a la de Bin Laden
Hasta el jueves, el monto de US$25 millones ofrecido por Maduro era igual al que en su momento ofrecieron las autoridades estadounidenses por Osama Bin Laden, el fundador del grupo terrorista Al Qaeda y cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Washington también ofreció la misma suma por información que permitiera encontrar al depuesto gobernante iraquí Saddam Hussein, luego de la invasión al país en 2003.
Y la cifra que ahora se ofrece por el mandatario venezolano supera a los US$30 millones que Washington prometía por las pistas que permitieran a sus soldados dar con el paradero de Uday y Qusay Hussein, hijos del ex hombre fuerte de Iraq.
La recompensa por los hermanos Hussein, cancelada en 2003, fue la mayor jamás otorgada bajo el Programa de Recompensas por la Justicia hasta ahora, según se lee en la página web del Departamento de Estado de EE.UU.
La suma fue pagada, de acuerdo a lo declarado por el entonces secretario de Estado de EE.UU., el fallecido Colin Powell. Pero más de 20 años han pasado desde entonces.
La recompensa de Maduro, sin embargo, es distinta y forma parte del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés).
El NRP “otorga al Secretario de Estado la autoridad legal para ofrecer recompensas de hasta 25 millones de dólares”, figura también la página web del Departamento de Estado.
Edgar Fonseca, editor/Foto You Tube Asamblea Legislativa
El fiscal general, Carlo Díaz, guardó silencio este viernes ante los diputados sobre la causa penal que se sigue contra el presidente Rodrigo Chaves por el presunto delito de concusión en el manejo de un fondo de $405 mil del BCIE para una campaña de imagen y comunicación presidencial.
“No me voy a referir al fondo del asunto, porque para mí si rige el tema del secreto que en este momento está la investigación”, advirtió Díaz ante los legisladores de la comisión que analiza el posible levantamiento de la inmunidad al mandatario como parte de un trámite que deberá resolver el plenario legislativo por mayoría calificada. Esa comisión deberá rendir un informe ante el plenario.
“No puedo exponer el fundamento de la acusación. Eso lo haré ante los tribunales”, ratificó el Fiscal General cuya comparecencia fue pública pese a que pidió que la declararan privada.
El jerarca del ente acusador negó persecución contra los acusados.
“La solicitud que nosotros hacemos se fundamenta en una acusación que fue producto de una investigación objetiva, llevada a cabo sin ningún tipo, llamémoslo así, de pretender alguna persecución política contra los acusados”, afirmó.
“Para nosotros el fundamento de esa acusación permite solicitar, en este caso, que se realice un juicio oral y público”, aclaró ante los diputados.
Díaz elevó la acusación contra Chaves ante Corte Plena el 7 de abril.
La Corte remitió el caso ante la Asamblea Legislativa para el eventual levantamiento de la inmunidad al mandatario el 28 de julio.
El presidente Chaves atacó en el cantón de Mora la comparecencia del fiscal Díaz.
“Es obvio por qué la quería privada. Si yo fuera ese señor, yo estaría con una vergüenza que no quisiera salir de la casa”, agregó el gobernante a nueve meses de acabar su periodo quien enfrenta una segunda acusación de la Fiscalía General por supuesta responsabilidad en un esquema de alegado financiamiento irregular de la anterior campaña electoral.
“Testigo de la corona“
Díaz defendió la decisión de designar “testigo de la corona” a Christian Bulgarelli, productor publicitario, coimputado en la causa contra Chaves y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien era titular de Comunicación al momento delos hechos investigados.
Como “testigo de la corona” a la persona encausada se le suspende el proceso sujeto a la colaboración que brinde a la Fiscalía General.
“En este caso –puntualizó Díaz– consideramos que hay una persona que tiene responsabilidad penal en los hechos, pero de alguna manera, con su colaboración, y con menos responsabilidad que las otras personas que pueden ser acusadas, sirve eficazmente en la investigación”
“Difícilmente podríamos tener todo el panorama completo si alguna de estas personas no relata qué fue lo que sucedió”, añadió.
Cuestionado por el legislador gobiernista de por qué la designación de Bugarelli de “testigo de la corona”, no aparece en el expediente penal, Díaz respondió que no es necesario.
“No es necesario incluirlo. Eso lleva un trámite aparte”, aclaró.
Dijo que ya fue presentado al juzgado y está debidamente autorizado.
“Nosotros simplemente tenemos que ofrecer ese testimonio y ahí mismo se indica que esa persona cuenta con un criterio de oportunidad”, agregó el Fiscal General.
“El expediente es el 25-43-033PE y, como le digo, ya cuenta con una resolución por parte del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, donde se acoge el criterio de oportunidad y se suspende la acción penal contra esa persona”, ratificó.
Todo esto queda sujeto a que él cumpla con las condiciones del convenio que se firmó. Este convenio es privado
Ante Corte Plena
La Fiscalía General presentó este lunes 7 de abril una acusación en contra del presidente de la República, Chaves Robles, y el actual ministro de Cultura y Juventud, Rodríguez Vives, por el delito de concusión, previsto en el artículo 355 del Código Penal.
Este delito sanciona con penas de 2 a 8 años “al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial”.
La pieza acusatoria fue entregada a la Secretaría General de la Corte Plena, para su debido trámite, de acuerdo con el procedimiento especial de juzgamiento a miembros de Supremos Poderes, y también fue comunicada a la Procuraduría General de la República, como representante del Estado, a efectos de que manifieste si desea constituirse en querellante o actor civil.
Se trata del expediente 25-000019-0033-PE, en el cual, la Fiscalía General investigó la contratación aparentemente a la medida para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, correspondiente al período 2022-2026.
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, se obligó e indujo al señor Christian Bulgarelli para que le otorgara un beneficio patrimonial indebido, producto de la contratación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, al co imputado Cruz Saravanja, asesor de campaña electoral y personal, y amigo íntimo del presidente, a quien se le benefició con $32,000.00, derivado del “Contrato marco de prestación de servicios de consultoría”, para la compra de una casa. A Cruz se le sigue la causa penal 25-000044-0033-PE.
Además, de acuerdo con la acusación, previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elabora los términos de referencia de su contrato.
Criterio de oportunidad. En este expediente, la FG aplicó al imputado Bulgarelli Rojas un criterio de oportunidad, de conformidad con el artículo 22 del Código Procesal Penal, inciso b, por tratarse de un delito grave, donde el imputado se compromete a colaborar eficazmente con el proceso penal, para esclarecer el hecho investigado y proporcionar información útil para probar la participación de los imputados.
Adicionalmente, en contra de Bulgarelli se sigue la causa 25-000043-0033-PE, en la cual se solicitará la suspensión de la acción penal hasta que exista una sentencia firme en ese proceso. En caso de que la colaboración no llegue a ser eficiente para los intereses del Ministerio Público, se continuará con la persecución penal en su contra.
El expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Dr. Luis Antonio Sobrado González, no duda en advertir que el país enfrentará en las elecciones del domingo 1.º de febrero 2026 una encrucijada democrática: decidir si persiste en el rumbo populista-autoritario del presente gobierno o retomar una forma de gobernar plenamente apegada a las reglas institucionales.
“Los costarricenses tenemos que definir entre todos, aunque todos asumiremos las consecuencias, si persistimos en la ruta del populismo, que ha sido el trajinar del país en los últimos casi cuatro años, o, si bien, volvemos a una forma de gobernar plenamente apegado a las reglas democráticas con respeto a la separación de poderes, en donde las instituciones sean reconocidas y fortalecidas por toda la comunidad, en donde, también, las formas de expresarse en la dialéctica político-electoral vuelvan a tener algunos mínimos de decencia y de buen manejo respetuoso del adversario que es eso, adversario político, y no enemigo”, ratificó Sobrado.
Lo expuso vehemente durante una entrevista que concedió a este editor el lunes 4 de agosto, vía Zoom Facebook Live. Video You Tube adjunto.
“Creo que nuestro país ha dado los primeros pasos en esa agenda rumbo al autoritarismo y precisamente, por ello, la clave de la próxima elección no es solo quien ocupa el Ejecutivo sino, especialmente, si el movimiento político populista es capaz de controlar mayoría legislativa y, peor aún, 38 votos con lo cual es capaz de adaptar la Constitución a las necesidades del partido gobernante”, remarcó.
“No descarto que, dependiendo del resultado de la expresión de la voluntad popular el día de las elecciones, pueda haber un difícil desenlace con la resistencia de posible de algunos actores en aceptar su derrota electoral y, ojalá que no, pero siempre hay que estar atentos de preservar la tranquilidad del país que puede resultar amenazada con algún brote de violencia”, advirtió el exjerarca quien ocupó la presidencia del TSE entre 2007 y 2021.
El expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Dr. Luis Antonio Sobrado González, no duda en advertir que el país enfrentará en las elecciones del domingo 1.º de febrero 2026 una encrucijada democrática: decidir si persiste en el rumbo populista-autoritario del presente gobierno o retomar una forma de gobernar plenamente apegada a las reglas institucionales.
“Los costarricenses tenemos que definir entre todos, aunque todos asumiremos las consecuencias, si persistimos en la ruta del populismo, que ha sido el trajinar del país en los últimos casi cuatro años, o, si bien, volvemos a una forma de gobernar plenamente apegado a las reglas democráticas con respeto a la separación de poderes, en donde las instituciones sean reconocidas y fortalecidas por toda la comunidad, en donde, también, las formas de expresarse en la dialéctica político-electoral vuelvan a tener algunos mínimos de decencia y de buen manejo respetuoso del adversario que es eso, adversario político, y no enemigo”, ratificó Sobrado.
Lo expuso vehemente durante una entrevista que concedió a este editor el lunes 4 de agosto, vía Zoom Facebook Live. Video You Tube adjunto.
“Creo que nuestro país ha dado los primeros pasos en esa agenda rumbo al autoritarismo y precisamente, por ello, la clave de la próxima elección no es solo quien ocupa el Ejecutivo sino, especialmente, si el movimiento político populista es capaz de controlar mayoría legislativa y, peor aún, 38 votos con lo cual es capaz de adaptar la Constitución a las necesidades del partido gobernante”, remarcó.
“No descarto que, dependiendo del resultado de la expresión de la voluntad popular el día de las elecciones, pueda haber un difícil desenlace con la resistencia de posible de algunos actores en aceptar su derrota electoral y, ojalá que no, pero siempre hay que estar atentos de preservar la tranquilidad del país que puede resultar amenazada con algún brote de violencia”, advirtió el exjerarca quien ocupó la presidencia del TSE entre 2007 y 2021.
Una verdadera encrucijada democrática
–Usted prevé que estas elecciones pueden ser las más complicadas de los últimos períodos, ¿por qué?
-Creo que el primero de febrero próximo representa una verdadera encrucijada democrática del país. Los costarricenses tenemos que definir entre todos aunque todos asumiremos las consecuencias si persistimos en la ruta del populismo, que ha sido el trajinar del país en los últimos casi cuatro años, o, si bien, volvemos a una forma de gobernar plenamente apegado a las reglas democráticas con respeto a la separación de poderes, en donde las instituciones sean reconocidas y fortalecidas por toda la comunidad, en donde también las formas de expresarse en la dialéctica político-electoral vuelva a tener algunos mínimos de decencia y de buen manejo respetuoso del adversario, que es eso, adversario político y no enemigo. No somos los únicos. No somos el único país de América Latina y del mundo que vive esa encrucijada pero eso no lo hace menos grave y creo que el poder de las urnas nos da a todos los costarricenses mayores de 18 años la posibilidad de dar nuestra opinión y determinar, repito, si seguimos ese tenebroso camino o si recuperamos una serie de convicciones democráticas, porque en realidad no hay que olvidar que Costa Rica es calificada como una de las poquísimas democracias plenas del mundo y hemos vivido un periodo de degradación democrática que arriesga esa posición. Así que es mucho lo que está en juego de cara al proceso electoral y tenemos que tomárnoslo con responsabilidad. Hay que involucrarse en este proceso político electoral, al menos como electores, al menos participando en esa toma de decisión colectiva que el país tiene indudablemente que hacer.
Puede haber un difícil desenlace
-¿Usted no ve este proceso como uno cualquiera, como uno normal, como uno más en la trayectoria que venía siguiendo el país a lo largo de los últimos 70 años, luego de la fundación de la Segunda República?
-Sin duda alguna y le retrato lo que para mí son algunos de los elementos claramente diferenciadores: nunca como antes el costarricense inicia un proceso electoral con el nivel de debilitamiento del sistema de partidos políticos. No me refiero a una agrupación en particular, me refiero al de las agrupaciones políticas y no puedo dejar de observar un enorme desgaste, un gran deterioro y erosión de las lealtades partidarias. En las últimas encuestas, básicamente una minoría, impresionantemente reducida, dice sentirse parte o sentirse seguidor de un partido político y esto hace que la discusión electoral tienda a ser mucho más personalista y esto tiene un precio que pagarse en la dinámica política y donde vemos, además, que la corriente política del presidente, cuya figura fundamental es el presidente, se instrumentaliza, se canaliza, a través de agrupaciones que son realmente nuevos y sin una estructura significativa. Eso me parece el primer elemento diferenciador. Segundo, es la primera campaña política donde ese sector político parte de la desconfianza frente al árbitro de las elecciones, sea frente al Tribunal Supremo de Elecciones que hemos sido testigos de que ha sido víctima de injustos ataques desde la Presidencia de la República y, finalmente, repito, una campaña política donde la interacción en redes sociales será particularmente importante, siendo este un espacio donde hay una enorme cantidad de maniobras de desinformación que, sin duda, permean la integridad del proceso electoral. No descarto que, dependiendo del resultado de la expresión de la voluntad popular el día de las elecciones, pueda haber un difícil desenlace con la resistencia posible de algunos actores en aceptar su derrota electoral y, ojalá que no, pero siempre hay que estar atentos de preservar la tranquilidad del país que puede resultar amenazada con algún brote de violencia.
Estamos en una especie de golpes de Estado en cámara lenta
-El país está ante una encrucijada y no debe de seguir el rumbo tenebroso del populismo. ¿Es así de peligroso, de riesgoso el entorno que usted observa para el sistema democrático costarricense en estos momentos?
-Así lo veo. Hay que ver que la agenda de los populismos latinoamericanos no es extraña para aquel observador atento, una agenda que inicia por un triunfo electoral, por una constante descalificación de la prensa, por una crítica ácida al desempeño de los otros poderes del estado y se trata, además, de movimientos políticos que, una vez en el poder, gracias a una mayoría legislativa, que es el punto clave de la próxima elección, no quien es el presidente sino quien controla la Asamblea Legislativa, pues esa mayoría populista logra obtener suficientes escaños solo o en alianza con compañeros de viaje, empieza la verdadera destrucción del Estado de derecho. Eso sucedió en Venezuela, eso aconteció en Nicaragua y eso está a punto de culminar en la República de El Salvador. Veamos que no es un golpe de Estado al estilo de los años setenta que, en un cuartelazo, se concreta en uno o en unos pocos días. Aquí estamos en una especie de golpes de Estado en cámara lenta es decir es un primer momento donde hay un control del órgano parlamentario junto con el Ejecutivo y luego una cooptación del Poder Judicial, de la magistratura electoral y luego empiezan una serie de reformas, inclusive constitucionales, se va desmejorando paulatinamente el Estado de derecho. Acaba de pasar en El Salvador con la aprobación de la reelección indefinida, como antes ya había pasado en Nicaragua, y como aconteció, también, en Venezuela, a contrapelo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el final de ese proceso es un marco donde las elecciones son verdaderas farsas. No hay una competencia equitativa entre partidos diversos con igualdad de oportunidades para todos ellos. La división de poder es una caricatura realmente. No hay control real por parte del parlamento, por parte del Poder Judicial, por parte de la Contraloría y del órgano electoral respecto de la autoridad de gobierno y, por eso, son democracias que llegan a ser simplemente nominales. Simplemente tienen el nombre de democracia pero más allá de esas apariencias, vivimos en regímenes autoritarios, de los cuales librarse no resulta fácil. Caer en la tentación autoritaria, entregarle el poder a un mesías político puede ser algo atrayente y puede ser algo rápidamente concretable, pero el camino de regreso es mucho más complicado. Pueden ser décadas y una gran cantidad de vidas y personas desperdiciadas en medio de ese proceso. Yo creo que nuestro país ha dado los primeros pasos en esa agenda rumbo al autoritarismo y precisamente por ello la clave de la próxima elección no es solo quien ocupa el Ejecutivo sino, especialmente, si el movimiento político populista es capaz de controlar mayoría legislativa y, peor aún, 38 votos con lo cual es capaz de adaptar la Constitución a las necesidades del partido gobernante.
–¿Es el país o hay sectores particulares interesados en avanzar en esa ruta?
-Sin duda hay un sector político definido y plenamente decidido a continuar por esa ruta. Dependerá de todos nosotros si accedemos a esa pretensión o si ,por el contrario, la rechazamos. Esa es la gran encrucijada del primero de febrero. Yo quiero ser claro. No llamo públicamente a votar por ningún partido en concreto sino únicamente a darle la espalda a los operadores políticos de corte populista por los riesgos que entrañan para la democracia costarricense.
