Miami (4 de mayo de 2026) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa su preocupación por la revocatoria de visas por parte del gobierno de Estados Unidos a miembros de la Junta Directiva de Grupo Nación, de Costa Rica, empresa editora del diario La Nación y otros periódicos y revistas.

Se trata de una medida sin precedentes que, hasta el momento, no ha sido acompañada de una explicación clara sobre sus fundamentos, según confirmó el sábado pasado el diario La Nación.

“Reconocemos plenamente que Estados Unidos, como cualquier Estado soberano, tiene la potestad de determinar los términos de ingreso a su territorio y respetamos su facultad de tomar decisiones en materia migratoria conforme a sus leyes y políticas”, afirmó el medio costarricense en un comunicado. “Sin embargo, resulta inédito en la historia reciente de Costa Rica que se revoque la visa a miembros de la Junta Directiva de un periódico generalista e independiente”, aseveró La Nación.

La SIP considera que decisiones de esta naturaleza, que involucran a directivos de un medio independiente y de referencia, deben regirse por principios de transparencia y rendición de cuentas.

Según información publicada por distintos medios, incluyendo La Nación, estas revocatorias se enmarcan en una lista más amplia de cancelaciones de visas que alcanzan a magistrados, exdiputados, el expresidente y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias y otros actores del ámbito político e institucional de Costa Rica, en lo que ha sido descrito como una escalada de presión diplomática.

En ese contexto, la inclusión de directivos de un grupo periodístico resulta particularmente sensible y amerita una explicación detallada.

La SIP ha documentado en los últimos años un deterioro significativo de las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en Costa Rica durante la administración del presidente saliente Rodrigo Chaves, caracterizado por un discurso estigmatizante hacia medios y periodistas, así como por un clima adverso para el debate público plural.

En este contexto, resulta especialmente preocupante que medidas de este tipo afecten a una institución periodística como La Nación, que en sus casi 80 años de historia ha sido un pilar del periodismo independiente y un referente en la defensa de la libertad de expresión en la región.

“El uso de herramientas administrativas sin explicaciones claras, en casos que involucran a medios de comunicación, genera inquietud y puede tener efectos inhibitorios sobre el ejercicio del periodismo”, señaló Pierre Manigault, presidente de la SIP y titular del grupo Evening Post Publishing Inc., con sede en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM) afirmó: “La transparencia es un principio esencial en democracias consolidadas. Es fundamental que se expliquen los criterios que sustentan decisiones que impactan a actores clave del ecosistema informativo”.

La SIP solicita a las autoridades correspondientes que brinden información clara y oportuna sobre las razones de esta decisión, en resguardo de los principios democráticos y del respeto a la libertad de prensa.

Según indicó La Nación, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica informó que la política del gobierno es no comentar sobre los casos individuales de visas.

El diario, que publicó la noticia en la portada del domingo, sostuvo que llama la atención que “la divulgación inicial de estos hechos haya ocurrido por vías ajenas a cualquier notificación oficial a las personas afectadas”. La SIP pudo conocer que la noticia se dio en tres medios afines al gobierno del presidente Chaves.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.