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Caracol TV Colombia echa a sus dos presentadores estrella por escándalo de acoso sexual

PuroPeriodismo/Forbes Bogotá

El canal terminó unilateralmente el vínculo laboral con Orrego y llegó a un acuerdo mutuo con Vargas, cuatro días después de que estallaran públicamente las denuncias y el Ministerio del Trabajo ordenara una inspección al canal.

Caracol Televisión, anunció este martes la salida de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, dos de los presentadores más reconocidos de su pantalla, en medio de denuncias de presunto acoso sexual que sacudieron a la principal cadena de televisión en Colombia.

Según el comunicado emitido por la empresa, el canal decidió terminar unilateralmente el vínculo laboral con Orrego, mientras que la salida de Vargas se produjo “de mutuo acuerdo”.

En ambos casos, la compañía aclaró que las decisiones “no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales”, y que responden a la necesidad de proteger la integridad de todas las partes involucradas, garantizar investigaciones con “plena independencia” y preservar la confianza pública en la organización.

El canal, propiedad del conglomerado empresarial de la familia Santo Domingo a través de Grupo Valorem, reconoció que las denuncias “conmueven profundamente” a la organización y se comprometió a abordarlas “con la máxima seriedad” y “un compromiso inequívoco con las víctimas y con la verdad”.

https://forbes.co/capital-humano/caracol-television-confirma-la-salida-de-dos-de-sus-presentadores-estelares-tras-denuncias-de-acoso-sexual

Merma en homicidios, la institucionalidad sí funciona a pesar del boicot presidencial

Edgar Fonseca, editor

El país cerrará 2026 con menos de 800 casos de homicidios, según las proyecciones oficiales del Organismo de Investigación Judicial.

Solo en los primeros tres meses de este año, se registra un descenso de 58 hechos, -28% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En todas las provincias, salvo la emergencia por la que atraviesa Cartago, se nota la baja.

Las cifras no son para lanzar las campanas al vuelo dada la brutalidad de la embestida de las mafias narcocriminales.

Pero representan un giro importante en la lucha que el país sostiene por frenar y contener la expansión de la ola criminal atribuida, en su mayor parte, a disputas de poder y territorial entre bandas narco.

El giro que se observa solo tiene una razón de ser: la estrategia lanzada desde el Poder Judicial, implementada por el OIJ, la Fiscalía y jueces para enfrentar con rigor, fundamento investigativo y pericia científica el fenómeno del crimen organizado que desde sus distintas facetas, homicidios, narcomenudeo, trasiego local o externo en mayor escala, legitimación de capitales, o préstamos gota a gota, asedia a nuestra sociedad.

Una estrategia que, noblemente reconocía el jerarca a.i. del OIJ, se coordina a diario con estamentos de la Fuerza Pública, y de las policías municipales concentrados en su operación profesional, alejados del turbador ruido politiquero que fluye desde lo más alto del gobierno.

Una estrategia que se sustenta en sólidas iniciativas legales aprobadas por la presente legislatura, entre ellas la ley de persecución de bandas del crimen organizado y la reforma constitucional que permitió hace apenas una semana extraditar, por primera vez en la historia, dos nacionales vinculados por autoridades de EE.UU. a cargos de presunto tráfico internacional de drogas.

Todo ello evidencia que la institucionalidad sí funciona, no importa si el boicot y el torpedeo proviene, como en la administración que agoniza, de la insensatez de la figura presidencial que, obstinadamente, rechazó cualquier esfuerzo interpoderes frente al embate de la inseguridad y de la ola criminal.

La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y sus brazos operativos respondieron con serenidad, madurez, firmeza y visión. Unos para plasmar leyes clave, otros con acciones constantes, persistentes, contundentes, peligrosas, aún a costa de sus vidas, como ocurrió con el subjefe de la delegación de Pococí, víctima del sicariato.

Los resultados que ve y palpa el país parecen una primera luz al final del túnel que devuelva a nuestra sociedad a estados de normalidad en cuanto a la seguridad pública.

Pero se trata, como bien lo admitió el jerarca policial, de una contención estratégica policial que debería ir aparejada de profundas acciones estructurales en campos como la salud, la educación, la economía y la prevención, en las zonas más vulnerables.

Así lo hizo Medellín, la ciudad más violenta del mundo en los años ochenta y noventa, y hoy es un emporio de desarrollo, competitividad, innovación y hub de sofisticadas tecnologías.

Y lo lograron sin violentar garantías constitucionales fundamentales, como lo hace Bukele desde hace cuatro años, con estado de sitio y casi 100 mil presos sin juicio ni derechos.

Y sin allanamientos ilegales como promueve el próximo jefe de fracción gobiernista. ¿Cuál fue el daño?, se pregunta con sumo desparpajo.

He ahí el gran desafío de visión y estrategia que tiene la próxima mandataria y su equipo, ante la inseguridad que campea, para no replicar la intolerancia, el boicot y el torpedeo de su predecesor y mentor.

Cuatro años perdidos, lamentablemente, mientras el país enfrentaba la mayor emergencia de seguridad pública de su historia. Eso jamás tendrá perdón.

País cerrará el año con menos de 800 homicidios, según OIJ/-27% de casos en primer trimestre/Atribuyen baja a combate estratégico interinstitucional contra bandas narco y crimen organizado

Edgar Fonseca, editor/Foto OIJ

El país cerraría 2026 con menos de 800 casos de homicidios, según proyecciones del Organismo de Investigación Judicial.

El anuncio lo hizo ayer el director a.i. del OIJ, Lic. Michael Soto, quien precisó que en los primeros tres meses del año la tendencia de casos es de 1,9 por día.

De persistir este promedio, la cifra final del año sería de 693 homicidios. Si sube a dos casos diarios, se incrementaría a 730 hechos y si subiese a 2,1, se estaría ante un eventual total de 766, todos por debajo de los 800.

El año pasado cerró con 873 hechos y en 2024 con 876.

Hasta ayer 23 de marzo, se registraba una reducción de 58 casos vs el primer trimestre del año anterior.

Según los recuentos oficiales, el país sumaba 158 homicidios en contraste con 216 del mismo periodo anterior, -27% de hechos.

La reducción sería significativa no solo en cuanto los dos años anteriores sino con respecto a 2023, el año más violento de la historia con 905 homicidios, atribuidos en un 80% a ajustes de cuenta entre bandas del narcotráfico por disputas territoriales.

El jerarca atribuyó la merma alcanzada a una estrategia policial de contención coordinada por OIJ con la Fiscalía, jueces, Fuerza Pública y policías municipales que arrancó en 2023 cuando las cifras se dispararon.

¿Qué vamos a hacer?, destacó Soto que se prereguntaron en aquel momento y la respuesta fue apostar por una estrategia que combinara investigación y pericia científica, denominada Plan Estratégico de Contención y Control de la Violencia (PECOV).

Dicha estrategia, dijo, se fundamenta en cuatro pilares: investigación de homicidios, ataque a estructuras del narcotráfico, del crimen organizado y establecimiento de oficinas contra el crimen organizado en todo el país con 296 agentes.

Detalló que por el estrecho nexo detectado entre narco y homicidios, en los últimos tres años incrementaron golpes a los sitios de venta. Pasaron de 488 intervenciones en 2023 a 912 en el 2024 y a 1.244 en 2025 para un incremento interanual de 36%.

A eso sumaron golpes al abastecimiento tanto nacional como internacional de drogas; al aparato económico con constantes acciones contra legitimación de capitales y a hechos conexos como los préstamos “gota a gota”.

La reducción observada, remarcó, se logra gracias a una labor de equipo entre entes policiales judiciales y administrativos.

Las cifras y estimaciones del OIJ contrastan con el choque encabezado por el presidente Rodrigo Chaves en lo que va del periodo en cuanto la coordinación con el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa para el combate del inseguridad y la onda expansiva de la criminalidad, el tema de mayor preocupación nacional.

Hasta ayer

Según cifras oficiales, hasta ayer lunes 23 de marzo, todas las provincias excepto Cartago registraban disminución en casos de homicidios.

-San José: 51 casos, 23 menos que los 74 del mismo periodo del año anterior

-Limón: 32 hechos, 10 menos vs los 42 del periodo anterior

-Puntarenas: 25 hasta ayer vs los 33 del primer trimestre 2026

-Alajuela: 16, 10 menos

-Cartago: la cifra se disparó en 100%. Pasó de 11 casos el primer trimestre 2026 a 23 en el presente trimestre debido a violentas disputas entre bandas dedicadas al narcomenudeo, una de ellas denominada “Los Maruja”.

-Guanacaste: con 8 casos menos de 17 periodo anterior va 9 hasta ayer

-Heredia: registra una importante baja de 11 casos de 13 a 2 hasta ayer

Los ajustes de cuentas entre bandas narcocriminales se mantienen como la principal causa de homicidios: 83 casos vs 160 en el periodo comparado.

Por sexo: 141 masculinos habían fallecido hasta ayer en contraste con 186 del periodo comparado. Se registraban 16 mujeres víctimas, 14 casos menos.

La mayoría de víctimas mortales, 98, fluctúan en edades comprendidas entre los 18 los 39 años.

Febrero con 71 casos fue el mes más violento del primer trimestre. Le sigue enero en 56 hechos y marzo con 31 hasta ayer.

En cuanto a víctimas colaterales también se nota una reducción significativa: pasó de 30 casos en el periodo anterior a 8 en o que va del año.

Celso Gamboa y Pecho de Rata ubicados en cárcel del condado de Collin, McKinney, Texas/De mediana seguridad pero bajo estrictas restricciones/Todas las comunicaciones les son grabadas y monitoreadas

Edgar Fonseca, editor

Tras haber sido los dos primeros costarricenses extraditados a EE.UU, el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y el expresunto convicto Edwin López alias “Pecho de Rata”, fueron ubicados por las autoridades norteamericanas en la cárcel del condado Collin, McKinney, Texas, un centro temporal de mediana seguridad pero con estrictas restricciones.

Dicho penal alberga principalmente a detenidos en espera de juicio y personas que aguardan su sentencia. Su función principal es alojar a los reclusos, generalmente por períodos cortos, mientras se trasladan a sus centros penitenciarios designados o cumplen condenas cortas, según el sitio collincountyjail.org.

Ambos fueron extraditados el viernes en un avión DEA que los recogió a las 8:33 a.m. en Base 2 del aeropuerto Santamaría en medio de una fuerte operativo de segurudad.

La aeronave hizo escala en el aeropuerto La Aurora de Guatemala antes de su destino final en Texas.

Tras su arribo a Texas la noche del viernes, las autoridades estadounidenses ubicaron a Gamboa en el módulo 0B, celda número 15, cama 1  de dicha prisión que puede albergar hasta 1.600 reclusos. Numero de identificación: 422.136.

A López lo ubicaron en el módulo 0B, celda 03, cama 1; número de identificación interna: 422.138.

Los dos enfrentan cargos por supuestos delitos de tráfico internacional de drogas.

Enfrentan penas entre 10 años y cadena perpetua, aunque una de las condiciones de los tribunales costarricenses para autorizar su extradición es que no se les condene a pena de muerte ni a más de 50 años conforme la legislación nacional.

La acusación alega que Gamboa Sánchez conspiró con otros narcotraficantes internacionales y los ayudó a fabricar, distribuir y transportar cantidades significativas de cocaína, gran parte de la cual fue traficada a través de Costa Rica y finalmente introducida en Estados Unidos para su posterior distribución. Gamboa Sánchez ha ocupado diversos cargos gubernamentales en Costa Rica, incluyendo el de Ministro de Seguridad Pública en 2014, puesto encargado de supervisar la prevención del delito en el país, y el de juez entre 2016 y 2018.

Así lo consignó la Fiscalía del Distrito Este de Texas, según un comunicado del Departamento de Justicia difundido el pasado 11 de julio tras el arresto de Gamboa el 23 de junio en San José.

La Fiscalía del Distrito Este de Texas suele procesar y extraditar a más líderes de cárteles de la droga extranjeros que la mayoría de las demás Fiscalías Federales del país, según versión oficial.

Les graban todas las llamadas

Todas las comunicaciones telefónicas les son grabadas y pueden ser monitoreadas, advierte el sitio collincountyjail.org.

Es importante evitar hablar sobre el caso penal pendiente del recluso o cualquier actividad delictiva, ya que estas conversaciones pueden usarse en procedimientos legales. Las comunicaciones se monitorean para garantizar que no se traten temas relacionados con los casos penales de los reclusos, enfatizan las regulaciones.

Cárcel de paso

La cárcel del condado de Collin, también conocida como Centro de Detención del Condado de Collin, está ubicada en McKinney, Texas. Este centro de seguridad media alberga principalmente a detenidos en espera de juicio y personas que aguardan su sentencia. Su función principal es alojar a los reclusos, generalmente por períodos cortos, mientras se trasladan a sus centros penitenciarios designados o cumplen condenas cortas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Collin administra la cárcel, destacando por su profesionalismo y competencia en sus operaciones.

Inaugurada en 1994, la instalación contaba inicialmente con 536 camas, con un diseño que permite su expansión según las necesidades. Actualmente, puede albergar hasta 1600 reclusos. El Centro de Detención del Condado de Collin está bien equipado, con un edificio central conectado a la Oficina del Sheriff y múltiples módulos de alojamiento para reclusos. Reconociendo la importancia de la rehabilitación, el centro ofrece diversos programas orientados a la educación y el desarrollo personal de los internos, con el objetivo de reducir las tasas de reincidencia. Además, en respuesta a las necesidades cambiantes, el centro ha mejorado recientemente sus servicios de salud mental, integrándolos en el proceso de admisión de los internos.

Normas y Horarios de Visita en el Centro de Detención del Condado de Collin

Visitar a un recluso en el Centro de Detención del Condado de Collin es un proceso regido por normas específicas diseñadas para garantizar la seguridad de visitantes, personal y reclusos. Cumplir con estas normas es fundamental para mantener un entorno estable y seguro, y facilita la interacción positiva entre los reclusos y sus seres queridos. Estas normas de visita también contribuyen a mantener un entorno seguro y humano para todos.

Procedimiento para Programar una Visita

Programación de Visitas: Para visitar a un recluso en el Centro de Detención del Condado de Collin, las visitas deben programarse con anticipación. Esto puede hacerse hasta 13 días antes de la fecha de visita deseada. Es importante programar las visitas al menos 6 horas antes de la hora prevista. Este sistema garantiza la organización de las visitas y que el centro pueda atender a los visitantes adecuadamente. Para obtener ayuda con la programación, los visitantes pueden comunicarse con el teléfono de la oficina de detención.

Proceso de Solicitud de Visita: Los visitantes deben registrarse con IC Solutions para realizar videollamadas. El proceso de registro consiste en definir al recluso que desea visitar y su relación con él. Solo se pueden visitar los reclusos que figuren en su lista aprobada. Esto garantiza que las visitas se realicen de manera ordenada y segura, con un registro claro de quién visita a quién.

Reglas y normas para las visitas

Identificación y registro: Es necesario presentar una identificación con fotografía válida para todos los visitantes, y el registro debe realizarse 15 minutos antes de la hora programada. Esta norma contribuye a la seguridad y garantiza que el proceso de visita comience puntualmente.

Código de vestimenta: El centro penitenciario aplica un estricto código de vestimenta para los visitantes. No se permite ropa inapropiada, como prendas reveladoras, transparentes o provocativas. El código de vestimenta tiene como objetivo mantener un ambiente respetuoso y seguro para todos los visitantes y reclusos.

Normas de conducta: Se espera que los visitantes cumplan con las normas de conducta, que incluyen mantener el decoro y no participar en comportamientos disruptivos. Esta norma es esencial para garantizar la seguridad de todos en el centro penitenciario.

Artículos prohibidos: No se permiten artículos personales como bolsos, mochilas o teléfonos celulares en el área de visitas. Esta política tiene como objetivo prevenir la introducción de contrabando y mantener la seguridad de las instalaciones.

Restricciones para las visitas: Solo se permite un visitante adulto por recluso por día de visita. Los niños pueden visitarse según la disponibilidad de espacio. Esto ayuda a controlar el número de personas en el área de visitas y a garantizar un ambiente controlado.

Derecho de seguridad: La Oficina del Sheriff se reserva el derecho de denegar cualquier visita cuando tenga motivos para creer que no es conveniente para la seguridad de las instalaciones. Esta norma subraya el compromiso del centro con el mantenimiento de un entorno seguro y ordenado. Estas normas son aplicadas por una oficina del sheriff competente y comprometida con el mantenimiento del orden.

Comunicaciones con los reclusos

La comunicación con los reclusos en el Centro de Detención del Condado de Collin se facilita a través de diversos canales, lo que garantiza que permanezcan conectados con sus familiares y amigos. Estos métodos de comunicación se rigen por normas y reglamentos específicos para garantizar la seguridad y el orden dentro del centro.

Información general del sistema de llamadas para reclusos

El principal proveedor de servicios telefónicos para reclusos en el Centro de Detención del Condado de Collin es IC Solutions. Para comunicarse con un recluso por teléfono, primero debe registrarse en IC Solutions. Este servicio ofrece varios tipos de cuentas, incluyendo cuentas telefónicas prepago y de débito. Una vez que su cuenta esté configurada y con fondos, los reclusos podrán llamarle. Para configurar una cuenta, puede visitar IC Solutions o comunicarse con ellos al 888-506-8407.

El sistema de llamadas para reclusos forma parte de los servicios penitenciarios del condado que ofrece el centro.

Normas y reglamentos

Restricciones de llamadas telefónicas: El Centro de Detención del Condado de Collin puede establecer límites en la duración y la frecuencia de las llamadas telefónicas. Es fundamental dosificar el uso del teléfono para evitar agotar el tiempo asignado a principios de mes.

Horarios de llamadas programados: Los reclusos solo tienen acceso a los teléfonos durante horarios específicos, por lo que es importante coordinar un horario regular para las llamadas. Si una llamada no se realiza según lo programado, puede deberse a diversos motivos, como confinamientos o largas filas para usar el teléfono.

Conversaciones grabadas: Todas las llamadas telefónicas se graban y pueden ser monitoreadas. Es importante evitar hablar sobre el caso penal pendiente del recluso o cualquier actividad delictiva, ya que estas conversaciones pueden usarse en procedimientos legales. Las comunicaciones se monitorean para garantizar que no se traten temas relacionados con los casos penales de los reclusos.

Comunicación por correo electrónico: Algunos centros, incluido el Centro de Detención del Condado de Collin, ofrecen servicios de correo electrónico a los reclusos y sus familias. Este método es eficiente y permite una comunicación rápida, eliminando la demora que suele asociarse con el correo postal.

Monitoreo de contenido: Los correos electrónicos y las llamadas telefónicas se monitorean para detectar contenido relacionado con actividades delictivas o de pandillas. Esto forma parte de las medidas del centro para mantener la seguridad y el orden.

Fuente: https://collincountyjail.org

Familias “puente” entre Nicaragua y Costa Rica/Los “ticos-nicas” Constantino Urcuyo y Jaime Ordóñez, y los “nicas-ticos” Alberto y Vicky Cortés Ramos cuentan sus historias binacionales

PuroPeriodismo/Confidencial, Managua, desde el exilio

Vicky Cortés Ramos es una nica-tica, hija de madre costarricense y padre nicaragüense, que nació en Managua y estudió en el Colegio Teresiano de la capital nicaragüense hasta 1978. Sus padres decidieron mudarse a San José, justo antes de la insurrección de 1978. Hoy, Vicky es coreógrafa y maestra de danza en la Universidad Nacional de Costa Rica (UCR).

En 2014, Vicky recibió el Premio Nacional de Danza de Costa Rica por la mejor coreografía, representada en la obra “Margarita”, basada en sus recuerdos personales sobre el poema de Rubén Darío. En febrero de 2026, obtuvo el mismo galardón por la coreografía de la obra “Su-venir”. 

Pese a que tiene más de 40 años de vivir en Costa Rica, Vicky reconoce que lleva presente en su vida la nicaraguanidad, que ella llama “la forma muy directa de ser nicaragüense, de el volumen de la voz, de la expresión, nicaragüense”, y asegura que el germen idiosincrático y psíquico nicaragüense, le produce una gran alegría.

Su hermano, Alberto Cortés Ramos también nació en Managua y aprobó el sexto grado en el Colegio Centroamérica de Nicaragua, donde jugaba fútbol.

La familia vivía en la Carretera Sur, en el borde del valle de Ticomo, y Alberto recuerda el paisaje del Lago Xolotlán y el Volcán Momotombo en el horizonte. También, los viajes a una finca en Matagalpa, donde advertían de movimientos militares, por parte de la Guardia Nacional y de guerrilleros sandinistas.

Alberto y Vicky se trasladaron a Costa Rica huyendo de la inminente guerra en Nicaragua. Una de los eventos que marcó a Alberto, fue recibir la llamada que le avisó del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro. “Mi tío, que trabajaba en la Cruz Roja, me pidió que le avisara a mi mamá que habían matado a Pedro Joaquín, Luego entendí lo que significaba”, narra.

PuroPeriodismo/Confidencial, Managua, desde el exilio