La exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, implicada y enjuiciada en un millonario fraude fiscal junto al expresidente Otto Pérez, y otras 50 personas, podría perder lujosas mansiones de su propiedad si las autoridades prueban que las adquirió con dineros ilícitos, dice el diario El Periódico de Ciudad Guatemala.
El diario muestra fotos de las distintas propiedades, unas en la ciudad, otras cerca de la playa.
La extradición del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, imputado ante la Corte Suprema de Justicia y quien vive en Miami, está cada vez más cerca, informa el diario La Prensa.
Según dicho matutino, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó de plano “por improcedentes” dos recursos presentados por la defensa del expresidente Martinelli, que pretendían frenar la extradición del exgobernante, a quien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) investiga por la supuesta comisión del delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, por supuestamente espiar las comunicaciones de al menos 150 personas.
Fuentes oficiales –de acuerdo con La Prensa— informaron que se trata de la solicitud de oposición a la petición de extradición, y una advertencia de inconstitucinalidad del proceso, requerimientos que llegaron al despacho de la canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado, de la mano de Rogelio Cruz, uno de los abogados de Martinelli.
El argumento que se planteó para rechazar los recursos es que ante el Ministerio de Relaciones Exteriores “no se surte ningún proceso”, ya que esa entidad solo recibió una instrucción de la CSJ donde le pide que remita una comunicación a otro gobierno, en este caso el de Estados Unidos.
El 27 de mayo pasado, el magistrado Jerónimo Mejía –en funciones de juez de garantías- presentó a la Cancillería una solicitud para extraditar y detener a Martinelli, que salió del país el 28 de enero de 2015, agrega La Prensa.
El diario La Nación, el medio impreso más influyente de Costa Rica, denunció este lunes que el “Banco Nacional, el más grande de Centroamérica, echó mano a sus cuantiosos recursos para desatar una ofensiva destinada a silenciar a la prensa e impedir la divulgación de delicadas informaciones de interés público que considera un “riesgo reputacional” si son conocidas por los costarricenses”.
En un amplio informe de cuatro páginas en su edición impresa, con el título mayor de portada “Banco Nacional desató ofensiva para silenciar a la prensa“, un editorial dedicado al tema y profusa repercusión en su sitio web, nacion.com, La Nación amplió: “La ofensiva incluye la cancelación de pautas publicitarias, la exploración de vías para interponer demandas penales, la falsa atribución a la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) de exigencias de investigación por fugas de información, el intento de contratar bufetes e investigadores privados en el extranjero, la presión sobre directores y funcionarios del Banco para obligarlos a renunciar a su derecho a la privacidad y la posibilidad de interponer una demanda contra “ignorado” para conseguir una orden de suprimir información de interés público que puede ser consultada en la edición electrónica de La Nación”.
Según la versión del diario, suscrita por Esteban Oviedo, editor de Política: “La operación silencio comenzó a desplegarse desde que La Nación informó del acaparamiento de nombramientos y dietas en las juntas directivas de la subsidiarias por parte de directores del Banco Nacional que, a la postre, debieron renunciar a esos cargos. Posteriormente, informamos sobre la actitud asumida por la institución frente al caso de una directora vinculada con una empresa cuyas cuentas cerró el Banco de Costa Rica (BCR) por movimientos sospechosos y sobre los riesgos comerciales de Bicsa, entre otros temas”.
La Nación recoge la versión de Juan Carlos Corrales, gerente general del banco, quien admitió que, temporalmente y a raíz de recomendaciones del área de publicidad de la entidad, cesaron de pautar en dicho medio, decisión que rectificaron. “Fue básicamente una recomendación que sale de la misma gente de publicidad del Banco. Me hicieron la propuesta y yo, al final de cuentas, fui el que dije, bueno, procedamos, está bien. La recomendación básicamente está en que el Banco sigue pautando con toda la campaña que teníamos y todo lo demás, cuando estaban saliendo noticias, digamos, negativas, en los periódicos. Bueno, específicamente, en este caso, en La Nación”. El diario denunció que en junio la pauta publicitaria del banco en el medio quedó en cero.
El Presidente de la República Luis Guillermo Solís fue consultado sobre el tema y guardó silencio, dice La Nación.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó “prácticas desarrolladas por el estatal Banco Nacional de Costa Rica, cuyos directivos han manejado la pauta publicitaria de la institución con el propósito de presionar a medios de comunicación por sus orientaciones periodísticas y editoriales”.
“Hemos sido puestos al tanto de que el Banco Nacional ha estado empleando su pauta publicitaria oficial como castigo a medios costarricenses, entre ellos nuestro socio, el diario La Nación, aplicando así uno de los más corrosivos métodos de censura indirecta”, dijo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, según destaca su sitio web.
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Carlos Enrique Montero Castillo, poderoso hotelero y presidente de la corporación Camino Real de Guatemala, fue capturado en el aeropuerto internacional de La Aurora por defraudación tributaria, según datos proporcionados por la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público, informa el diario Prensa Libre.
Montero Castillo, presidente de la corporación hotelera Camino Real, es señalado –según el diario– de defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria por unos Q21 millones.
Él ocupó la portada de la edición de mayo-junio de 2016 de la revista Forbes-Centroamérica, donde le llamaron “El empresario más Hospitalario” y destacaron su emprendimiento, así como la extensión de la oferta hotelera a Belice, añade Prensa Libre.
El Ministerio Público también capturó a Óscar Humberto Jiménez Contreras, gerente administrativo del Hotel Camino Real.
El Gerente General del aeropuerto internacional de Nicaragua, Orlando Castillo Guerrero, cercano a la poderosa familia presidencial de Ortega, está siendo investigado por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, confirmaron trabajadores de esta institución y fuentes empresariales del sector privado, detalla el sitio Confidencial de Managua.
“La investigación contra Castillo, hijo del ministro de Telcor Orlando Castillo, y estrecho colaborador de Rafael y Laureano Ortega Murillo, miembros de la familia presidencial, ha causado sorpresa y estupor en el mundo oficial. “Orlando es una persona de máxima confianza de la familia presidencial, pero parece que hubo algún problema entre ellos”, indicó una fuente ligada al gobierno·, según Confidencial.
Castillo es gerente de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI).
La Presidencia de la República impuso retención migratoria para Castillo Guerrero y ordenó una auditoría general sobre su gestión. Sin embargo, la investigación no está a cargo de entidades estatales como la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía, la Contraloría o la Fiscalía, sino que la dirigen José Mojica Mejía y el ex juez Marvin Vázquez, dos personas de confianza del presidente Ortega que no ostentan cargos públicos.
José Mojica es un abogado de la familia presidencial que aparece como representante y accionista en diversos negocios privados, como el canal 8 de televisión, la empresa de telecomunicaciones Yota, la distribuidora de combustible DNP, y la empresa de seguridad El Goliat.
Desde hace una semana, la gerencia del aeropuerto está prácticamente intervenida por José Mojica Mejía y Marvin Vázquez, y una de las primeras medidas que adoptaron fue el decomiso temporal de varios vehículos de lujo, marcas Mercedes Benz y BMW, que el gerente Castillo utilizaba para movilizarse.
El gobierno de Ortega tiene bajo silencio el caso, denuncia el diario opositor La Prensa.
