Edgar Fonseca, editor/Foto Zoom Facebook Live

“La casa están orden”, afirmó el ministro de Seguridad, Mario Zamora, tras un año en un entorno “diametralmente distinto” a su primer periodo, (2010-2014), en que frenó la ola de criminalidad y dejó una tasa de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes vs los 17 de hoy.

“Desde una casa ministerial en orden estamos afrontando el reto de la inseguridad”, destacó durante una entrevista que concedió a este editor el lunes 13 de mayo, vía Zoom Facebook Live, al analizar el primer año de su gestión a cargo de la cartera de Seguridad.

Medidas ante la arremetida criminal

Zamora resaltó entre otras medidas en marcha para enfrentar la ola de criminalidad:

• salida a las calles de 1.500 nuevos policías en los próximos 15 meses (100 por mes)
• blindaje con escáneres de la megaterminal de Moín, Japdeva, Caldera y las aduanas de Peñas Blancas y Paso Canoas

De Moín destacó la reciente captura de un empleado sospechoso de la contaminación de contenedores en al menos cinco casos.

En el primer cuatrimestre del año decomisaron en dicha terminal tres toneladas de cocaína, para un total de siete, desde que inició la operación Soberanía en agosto con 250 oficiales.

• operación de base de vigilancia en Sierpe, Osa, la zona de mayor ingreso de droga al país, con el apoyo de la DEA, policía antidrogas estadounidense, Comando Sur y Departamento de Estado
• entrada de un comando nacional digital de operaciones con acceso a cada municipio, cámaras en uniformes y vehículos policiales
• instalación de radares en puntos del Caribe y el Pacifico para la persecución de operaciones narco en conjunto con el Comando Sur de EE.UU.

Freno a caos con paso de migrantes

Resaltó, también, que se puso fin al caos con el manejo del flujo migratorio, especialmente de venezolanos.

En 2022 pasaron por el país 172 mil migrantes, en 2023 la cifra se elevó a 528 mil.

Hoy ese tránsito es más ordenado y seguro sin mayor perjuicio para los extranjeros ni para los ciudadanos en el país, aseveró.

Presión ante el Congreso

Zamora también ejerció una fuerte presión para que la Asamblea Legislativa apruebe un endurecimiento de la prisión preventiva en casos del crimen organizado y la extradición de nacionales requeridos por delitos de narcotráfico y terrorismo.

Remarcó como una de las mayores diferencias entre los periodos que ha ejercido la honda conexión que hay hoy entre grupos criminales locales, particularmente de Limón, con carteles mexicanos y colombianos de las drogas, lo que ha desatado una violenta disputa territorial por razones de mercadeo con la irrupción del sicariato y gatilleros.

Sus acciones se volvieron más crueles y salvajes, lamentó.

Enfatizó que el aparato penal del país debe ser actualizado para enfrentar la grave tendencia criminalidad que desde hace dos años evidencia un salto exponencial y que cerró el año anterior con una cifra récord de 905 homicidios.

Las autoridades atribuyen la mayoría de esos sucesos a ajustes de cuentas entre grupos del narcotráfico por disputas de territorio de mercadeo de droga. 

A la fecha, las cifras semanales de casos de homicidios hacen estimar a los cuerpos policiales que el país registrará una suma final parecida al concluir 2024.

Reforma penal profunda y urgente

El jerarca aboga por una reforma legal fundamental en el caso particular de la causalidad de la prisión preventiva.

El objetivo es impedir que casos de sospechosos de sicariato, con presunción de culpa en hasta más de cinco hechos, sean dejados en libertad por los jueces en cuestión de horas, como ocurrió recientemente con un sujeto, menor de edad, alias Chiquilín en Puntarenas.

También instó a los legisladores a aprobar, mediante reforma constitucional, una normativa que permitiría la extradición de nacionales vinculados a casos de narcotráfico y terrorismo.

Destacó que legislación que adoptó Colombia al respecto en los años noventa, en la guerra contra los carteles de la droga, hizo descender la cantidad de homicidios.

“Élite criminal” de colombianos y venezolanos ancló en el país

Según Zamora, en el país viven refugiados al menos 30 individuos colombianos y venezolanos, requeridos por EE. UU. por actividad del narcotráfico, que evitan ser enviados a dicha nación ya que adquirieron nacionalidad costarricense.

Calificó a dicho grupo de “élite criminal”.

“Nos agarraron del cuello”

“Gracias a nuestra apertura nos han tomado la mano, pero nos han agarrado del cuello. El uso que hacen de esta nacionalidad es que les sirva de escudo para no enfrentar la justicia que les espera en los Estados Unidos con largas penas carcelarias”, ratificó Zamora en un mensaje divulgado, ayer martes 14 de mayo, tras conocer el avance de una reforma de ley sobre dicho tema en la Asamblea Legislativa.

 “Celebro especialmente que nuestra Asamblea Legislativa esté considerando hoy la extradición de nacionales. Ese es un paso importante”, resaltó.

El atraso en la aprobación de esas reformas lo atribuyó, durante la entrevista, a un “alargamiento innecesario” en la instancia legislativa.

“Sin una modificación legal de fondo, poco se puede hacer ante el fenómeno criminológico que vive Costa Rica”, advirtió.