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Advierten grave golpe a OIJ y Fiscalía por recorte presupuestario/ Vamos a “cierre técnico”, dice Walter Espinoza


Edgar Fonseca, editor

Jerarcas de OIJ y Fiscalía advirtieron de eventuales severos golpes a sus operaciones institucionales debido a fuertes recortes presupuestarios dispuestos por Hacienda para 2023.

Así lo expusieron ayer en la Asamblea Legislativa durante una intervención de representantes del Poder judicial ante los anuncios de restricciones presupuestarias para el nuevo año.

Se viene “cierre técnico”

El Lic. Walter Espinoza Espinoza, director OIJ, cuestionó el recorte de ¢3.000 millones planteado para dicha entidad.

Advirtió que la disminución puede entenderse como una afectación directa a la policía judicial.

Frente a la situación criminal que registra el país, le hacen al Organismo de Investigación Judicial, que es la única policía técnica-jurídica del país y la que impulsa todos los asuntos penales, una rebaja por dicho monto.

“Prácticamente están dejando en un cierre técnico al OIJ en abril del siguiente año”, alertó. 

Nos eliminan el 100% de gastos discrecionales e implica que la policía judicial no podrá realizar actividades en criminalidad organizada ni criminalidad común.

Amplio que les quitan el 63% para mantenimiento de equipos de comunicación y equipos de laboratorios y sistemas informáticos para pericias de balística, identificación de personas, huellas, entre otras. 

Aseveró que perderían el 93% de recursos para equipo de allanamientos de grupos tácticos y delegaciones. 

“Nos quitaron el 100% de los recursos para renovación de chalecos antibalas y hasta marzo podríamos operar”, remarcó. 

Precisó que llegarían hasta agosto con posibilidad de comprar la alimentación de las personas detenidas en cárceles del OIJ. 

“El impacto también representará afectación al Ministerio Público y los Tribunales, a todo el sistema de justicia nacional”, enfatizó.

 

Fiscalía vulnerable

El Fiscal General a.i. Wagner Molina Ruiz, aseveró que órgano se ve afectado en la parte formal y sustancial, pues el presupuesto se hizo bajo la estricta política de cero crecimiento.

Los recursos consignados, dijo, están para atender ineludibles compromisos básicos, referidos a contratos de alquiler, seguridad, vigilancia, servicios públicos, gastos operativos como peritajes, entre otros.

“Si incorporamos recursos para la Fiscalía Adjunta contra la Criminalidad Organizada que iniciaba labores el próximo mes de noviembre y un recorte para el 2023, se vería seriamente afectada la continuidad de esta fiscalía”, puntualizó.

Señaló algunos impactos negativos en subpartidas como la de pago extraordinario y no se contaría con recursos necesarios para atender diligencias que se presenten en horas que exceden la jornada ordinaria de trabajo como allanamientos, audiencias prolongadas de medidas cautelares.

Según dicho jerarca, la rebaja en subpartidas de alquileres, locales y terrenos compromete gravemente la disponibilidad de recursos para atender compromisos de contratos vigentes y en ejecución y acarrearían responsabilidades contractuales para la institución.

Si hay que desalojar locales por falta de pago, el Ministerio Público no cuenta con infraestructura para reubicar despachos.

“No tendríamos donde atender a las personas usuarias, dijo.

El Fiscal Molina Ruiz expuso que la subpartida de otros servicios de gestión y apoyo no permitirá atender el pago de peritajes matemáticos, culturales, interconsultas, traducciones orales y documentales que son necesarios para el buen desarrollo de los procesos de investigación.

Las advertencias las hicieron durante una comparecencia junto a otros jerarcas del Poder Judicial en la Asamblea Leguslativa.

A dicha comparecencia asistieron el Presidente y la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez y Patricia Solano Castro respectivamente; el Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza; el Fiscal General a.i, Wagner Molina Ruiz; el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo; el Director del Despacho de la Presidencia, Róger Mata Brenes; la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins; la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez; la Directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta Meléndez y el Director de Tecnología de la Información a.i, Martín Hernández Serrano.

Con información de prensa Poder Judicial

Búfalo enfurecido mató a presidente de Federación de Caza de México/Falló al dispararle

El cazador mexicano Mario Alberto Canales Najjar murió cuando intentaba cazar un búfalo en la provincia de Entre Ríos, Argentina, informa El Universal de Ciudad México.

El cazador llegó a Punta Caballos el viernes pasado junto con tres amigos mexicanos para practicar cacería deportiva. Habían contratado el servicio a un costo de 500 dólares.

Le disparó pero no lo mató

Sin embargo, Canales, presidente de la Federación Mexicana de Caza, eligió un búfalo de más de mil kilogramos. Armado con un fusil 408, el mexicano se ubicó a 30 metros del animal antes de disparar, de acuerdo con el recuento del diario argentino UNO.

El búfalo no murió y, enfurecido por el tiro, embistió a Najjar con los cuernos. El guía turístico disparó contra el animal varias veces, hasta que logró separarlo del cazador, agrega El Universal.

Quién es Mario Alberto Canales Najjar

El mexicano, quien ha sido Consejero Representante del Sector Social del Consejo Nacional de Vida Silvestre (CONAVIS) e integrante del grupo de trabajo para el turismo cinegético de la Comisión Ejecutiva de Turismo, sufrió fracturas costales y en el esternón, así como hematomas retroperitoneales, relató el medio local. Entró en shock y murió cuando era trasladado al hospital.

Najjar tuvo que ser llevado en una camioneta particular, porque en sitio donde se encontraban no era accesible a vehículos de emergencia. 

Diputados no se dejen amedrentar…

Edgar Fonseca, editor

“Si a nosotros se nos viene una crisis como la que vivió el país en el año 1980, en las circunstancias históricas en las que estamos porque no sabemos manejar nuestra macroeconomía, yo no le garantizo a nadie que nuestros hijos van a tener democracia“.

El presidente Chaves lanzó esta lúgubre predicción en el marco de una fuerte presión suya para que los diputados aprueben a la brevedad un endeudamiento por $6.000 millones en eurobonos.

El mandatario está en todo su derecho de dar la pelea política.

¿Qué bien lo haga?

¿Cuán afortunados sean sus pasos? (En Nicoya arrancó con el pie izquierdo).

Y, ¿cuál será, finalmente, el resultado?

Todo ello está en veremos.

Ese pulso deberá decantarse en el irremplazable ejercicio institucional legislativo.

Como corresponde en democracia.

Como lo admite, en su urgencia, el gobernante.

Lo que parece exagerado, como tambien él lo reconoce, es condicionar, al trámite y aprobación coyuntural de dicho paquete de endeudamiento, la sobrevivencia de un sistema democrático modelo global.

El país superó, tras una pesadilla gubernamental, la tremenda crisis económica-financiera, de los ochenta.

Superó los remezones de los noventa.

Superó el terremoto político presidencial con que despegó el nuevo siglo.

Superó la crisis económica-financiera global de 2009.

Y superó las revueltas extremistas de 2018 contra la reforma fiscal.

El sistema institucional fue puesto a prueba en todas aquellas circunstancias y respondió sólido.

Ratificó a la democracia tica como un ejemplo.

Las amenazas contra la institucionalidad vienen hoy de otras fuentes.

Del populismo, del autoritarismo, de un corrosivo mensaje antisistema.

Un mensaje que proclama una “nueva era”, “una tierra prometida” y, cuando lo arrolla el tsunami vial (heredado), se queda sin respuesta efectiva, convincente.

Un mensaje con parche por aquí, con parche por allá; con remiendo por aquí, con remiendo por allá; con decretico por aquí y con decretico por allá.

Con cannabis, hoy, y paty mañana…

Un mensaje plagado de ocurrencias e improvisación.

De repentinos virajes: vuelven las mascarillas … satanizadas.

Un mensaje que lleva al país a tientas y que hace preguntarse, apenas a cinco meses, ¿cuál es el rumbo?

Eso sí es nocivo para un sistema democrático en tiempos tan desafiantes.

Diputados no se dejen amedrentar.

No se acobarden.

Cumplan con su responsabiludad democrática.

-Versión actualizada 14 de octubre

Chaves intensifica presión sobre diputados por paquete de $6.000 millones en eurobonos/Dice que está en juego la democracia

Edgar Fonseca, editor

El presidente Rodrigo Chaves intensificó ayer miércoles la presión sobre la Asamblea Legislativa para que los diputados aprueben una emisión de $ 6.000 millones de eurobonos por los próximos cuatro años.

Advirtió que si el país enfrenta una crisis financiera como la de los años ochenta no hay garantía que las futuras generaciones vayan a tener democracia.

“Si a nosotros se nos viene una crisis como la que vivió el país en 1980, en las circunstancias en las que estamos, porque no sabemos manejar nuestra macroeconomía, yo no le garantizo a nadie que nuestros hijos van a tener democracia”, resaltó durante la tradicional conferencia de prensa semanal.

Con 5 votos a favor y 4 en contra diputados de la Comisión de Asuntos Económicos recomendaron aprobar la emisión de eurobonos por el monto que presiona Chaves.

Se trata de una moción de texto sustitutivo. La comisión deberá aprobar el dictamen y elevarlo a plenario para su discusión.

Sin embargo, la aprobación en el plenario está en suspenso ante dudas de diputados del PLN, PUSC y el Frente Amplio que solo avalan aprobar de inmediato un primer tracto de $1.500 millones para atender vencimientos de pago que debe atender el país el próximo año.

Promete diálogo tras los 38 votos

Chaves se mostró dispuesto a dialogar con los legisladores para lograr el respaldo de 38 votos que requiere la aprobación del plan de los eurobonos.

“Todo el sector productivo, las cámaras, los que dan trabajo y tienen deudas en dólares les van a dar las gracias a los cinco que votaron a favor”, destacó hoy.

“A los cuatro que votaron de otra manera, respeto la división de Poderes y les hago un llamado de que si tienen dudas que sean de carácter técnico y del impacto de esto sobre la población, nosotros estamos muy dispuestos a seguir el diálogo intenso”, añadió.

“Se van ocupar 38 votos y bueno, no es un asunto menor para la estabilidad de este país”, remarcó.

Ven con buenos ojos aprobación inicial

La aprobación de la comisión legislativa al plan de eurobonos fue bien vista por el economista independiente y exdirector del Banco Central, Ronulfo Jiménez.

“Me parece que es una buena decisión y guarda un equilibrio entre lo necesario de punto técnico-financiero y lo político”, reaccionó Jiménez ante consultas de este editor esta noche.

“Lo que no tengo idea –reconoció– es si ya en el plenario se va conseguir los 38 votos que se necesitan para que eso pase. Eso ya dependerá de la capacidad que tenga el gobierno de negociar con los diferentes grupos”.

“Desde el punto técnico-financiero, era necesario tener una perspectiva de mediano plazo en el financiamiento externo. Eso le da una señal al mercado internacional que hay esa perspectiva de mediano plazo, porque si no existe, lo que dicen los analistas y los calificadores es que tenemos un riesgo de financiamiento, porque cada año hay que decidir políticamente una emisión y eso le agrega a los riesgos financieros que existen, riesgos políticos. Entonces el tener esa perspectiva de cuatro o cinco años es importante”, aseveró. 

“En segundo lugar –agregó– es importante, que si el país está en mercados financieros internacionales tenga varias emisiones como para que se vayan formando los precios de sus títulos y que tengan mayor profundidad”. 

“Desde el punto de vista político, el temor era darle un cheque en blanco al poder Ejecutivo, como estaba el proyecto inicialmente, pero creo que los diputados lo resolvieron incluyendo una serie de cláusulas de cumplimiento por parte del poder Ejecutivo para poder hacer la emisión, cumplimiento de metas fiscales, convenio con el Fondo, y esa parte de detalle no lo he visto. Lo que he visto es lo que la prensa ha dicho, pero me parece que se logró un buen balance, entre las necesidades financieras de hacerlo, puramente técnicas y la parte política”, afirmó. 

Fiscalía investiga presunta filtración a la prensa del informe TSE sobre financiamiento de campaña de Chaves

Presidential candidate Rodrigo Chaves greets supporters upon his arrival at a polling station during a runoff presidential election, in San Jose, Costa Rica, Sunday, April 3, 2022. Rodrigo Chaves a treasury minister from Costa Rica's outgoing administration and Jose Maria Figueres a former president, face off to become the country's next leader. (AP Photo/Carlos Gonzalez)

Edgar Fonseca, editor

La Fiscalía General confirmó hoy que investiga la presunta filtración a la prensa de un informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el financiamiento de la campaña del entonces candidato y hoy presidente Rodrigo Chaves.

“En cuanto la filtración del informe proveniente del TSE de marras, divulgado por un medio de prensa nacional televisiva, el área de valoración y admisibilidad de FAPTA ordenó una investigación penal por un posible delito de divulgación de secretos”, citó una respuesta de la Fiscalía ante consultas de este editor. 

“De acuerdo con la información aportada por la Fiscalía General la investigación fue abierta por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. La apertura se dio, luego de las informaciones que trascendieron en los medios de comunicación, el mes anterior”, añade la respuesta.

Defensa del mandatario lo revisó y sacó copias

“El 17 de junio de 2022, en la Fiscalía General de la República, la defensa particular del señor Chaves revisó el expediente 22-000116-1218-PE, sin llevarse copias. El 06 de julio de 2022, nuevamente revisó el expediente y obtuvo copias del mismo, incluido el informe del TSE”, precisó la comunicación enviada a PuroPeriodismo.com este miércoles 12 de octubre.

El gobernante se presentó intempestivamente a la Fiscalía el 16 de junio a consultar sobre las causas en su contra y las calificó de burdas y sin fundamento.

El 20 de junio, durante una intervención en Corte Plena, arremetió contra la interposición de dichas causas.

El TSE niega que haya sido desde esa institución que se hubiese producido la presunta filtración del informe parcial que remitieron directamente al Ministerio Público el 8 de junio en sobré cerrado y rotulado “confidencial”.

Así lo sostuvo el Lic. Ronald Chacón Badilla, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos, durante una comparecencia ante una comisión legislativa investigadora el pasado unes 10 de octubre.

Chacón negó esa posibilidad ante consultas de la diputada y jefa de fracción gobiernista Pilar Cisneros.

-¿Usted cree entonces que no fue en el TSE?, le preguntó dicha diputada.

-Se lo aseguro, respondió Chacón.

Solo hay dos copias: una en TSE, otra en Fiscalía

“En formato impreso solo existe el documento original entregado a la Fiscalía y una copia que se mantiene en los archivos del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, que consta en el expediente físico de la investigación n.° DFPP-EE-012-2021”, citó Chacón ante la consulta de PuroPeriodismo.

“La copia del TSE permanece en una área de acceso restringido a la cual solo se puede ingresar con tarjeta magnética”, añadió.

“Existen indicios suficientes para presumir que, en el marco del proceso electoral nacional de 2022, operó una estructura paralela de financiamiento partidario con el objeto de impulsar la candidatura del señor Rodrigo Chaves Robles a la Presidencia de la República y potenciar las candidaturas en general del partido Progreso Social Democrático”, cita dicho informe.

El informe trascendió en los medios el 22 de agosto.

El presidente Chaves evitó inicialmente referirse al tema y tildó de “ilegal” la supuesta filtración.

A continuación adjuntamos la respuesta que remitió la Fiscalía este miércoles a PuroPeriodismo.com:

Dos expedientes separados

  1. Actualmente se tramitan dos expedientes por separado. El primero de ellos se encuentra en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), bajo el número único 22-000210-276-PE, seguido contra personas que no son miembros de los Supremos Poderes.

    El segundo expediente corresponde a un testimonio de piezas del primero, el cual se tramita en la Fiscalía General de la República, bajo el expediente 22-000116-1218-PE y es seguido contra miembros de los Supremos Poderes.
  2. La FAPTA recibió el informe DFPP-658-20222, en fecha 08 de junio de 2022, proveniente del Tribunal Supremos de Elecciones (TSE).
  3. En la Fiscalía General de la República no se recibió el informe directamente del TSE, sino que se recibió copia digital certificada por la FAPTA, el 13 de junio de 2022, para incorporarse al expediente 22-000116-1218-PE.
  4. En relación con el expediente 22-000210-0276-PE, la FAPTA informó que, el 16 de junio, la defensa particular de la señora Agüero Salazar se apersonó al proceso, pero no obtuvo copias, sino que solo entregó el oficio de apersonamiento.

    Hasta este momento, como se indicó, por parte de FAPTA, solo se ha remitido copia del informe a Fiscalía General, para efectos de su investigación. Ningún otro órgano, entidad o persona física o jurídica se ha comunicado o ha dado trasladado dicho informe de marras, según lo señalado en el punto 2.

    El 17 de junio de 2022, en la Fiscalía General de la República, la defensa particular del señor Chaves revisó el expediente 22-000116-1218-PE, sin llevarse copias. El 06 de julio de 2022, nuevamente revisó el expediente y obtuvo copias del mismo, incluido el informe del TSE.
  1. En relación con el expediente 22-000210-0276-PE, se encuentra asignada la fiscal auxiliar Arias Espinoza y la fiscala coordinadora Hernández Gamboa, ambas de FAPTA.

    En relación al expediente 22-000216-1218-PE, el caso lo tramita el fiscal general a.i. de la República, Molina Ruiz, con colaboración de la fiscala Cordero Capuano y la fiscala adjunta Quirós Rodríguez.
  2. En cuanto la filtración del informe proveniente del TSE de marras, divulgado por un medio de prensa nacional televisiva, el área de valoración y admisibilidad de FAPTA ordenó una investigación penal por un posible delito de divulgación de secretos. 

Advirtieron que debido a que ambos procesos se encuentran en investigación, no es posible brindar mayores detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, el cual protege la privacidad de las actuaciones.