Edgar Fonseca, editor/Foto Asamblea Legislativa CR
“Fui víctima de un show mediático, un verdadero circo”, denunció ayer el alcalde de San José, Johnny Araya, suspendido en sus funciones tras ser detenido el 15 de noviembre junto a otros cinco alcaldes, vinculados por OIJ y Fiscalía en el denominado escándalo Diamante por supuestas anomalías en contrataciones de obra pública.
Así lo expuso con vehemencia ante los diputados de la comisión investigadora de dicho caso pero evitó responder preguntas y ratificó su inocencia y actuación apegada a la ley en los hechos denunciados por autoridades judiciales.
“Fui víctima de un show mediático, un verdadero circo”, insistió Araya ante los legisladores.
Como a un capo
“El OIJ y el Ministerio Público desplegaron un operativo desproporcionado, más de 50 oficiales. Algunos fuertemente armados como si se tratara del allanamiento de un búnker o un capo de la mafia criminal”, fustigó.
¿Qué motivaciones tuvieron los que tomaron la decisión? , cuestionó.
“Me sacaron esposado, una decisión incomprensible y sin congruencia con lo que ocurrió posteriormente, pues la Fiscalía ya había decidido no pedir prisión preventiva”, afirmó.
No descartó, por la forma en que se llevaron a cabo los operativos, que existieran intereses políticos ocultos.
Araya es objeto de una investigación penal junto a los alcaldes: Arnoldo Barahona Cortés, Escazú, Humberto Soto Herrera, Alajuela Mario Redondo Poveda, Cartago; Alfredo Córdoba Soro, San Carlos y Alberto Cole De León, Osa.
Todos fueron detenidos el 15 de noviembre en uno de los mayores operativos de OIJ y Fiscalía de 2021 contra alergadas actuaciones anómalas en contrataciones de obra pública.
El primer golpe lo ejecutaron el 14 de junio con el denominado caso Cochinilla en que autoridades judiciales ligan a personeros de empresas constructoras y CONAVI en una aparente red de dádivas y sobornos vinculadas a contrataciones millonarias de obras públicas. Hay 28 acusados y la investigación se amplía contra otras personas.
Rechazo los cargos
“Sí les puedo decir que rechazo los cargos que se me han hecho en sede judicial”, agregó Araya ante los diputados.
“Se me atribuyen supuestos delitos que no he cometido y estoy preparado para demostrarlo en las instancias pertinentes”, enfatizó.
Denunció que se ha producido un escándalo mediático con la divulgación de hechos descontextualizados, malintencionada e ilegalmente divulgados.
Aseguró que se ha violentado una y otra vez el artículo 295 del Código Penal que protege la privacidad de las investigaciones se ha dañado el principio de inocencia, lesionando el derecho a la intimidad de los ciudadanos que figuran en procesos penales
“Los medios de comunicación han estado sacando cosas, primero ilegales, porque es ilegal que el OIJ esté sacando cosas que son confidenciales. Tenemos un amparo presentado por esa violación”, advirtió.
No puedo darme cuenta de todo
En el único intercambio que tuvo con un diputado, José María Villalta, quien lo cuestiono por un supuesto favorecimiento en una contratación a la constructora MECO, Araya respondió que no podía estar enterado de todo lo que pasa en una institución con 3.000 empleados
“Como jerarca –amplió– no puedo darme cuenta de todo lo que pasa en una institución que tiene 3.000 empleados y que tiene un presupuesto que supera los ¢150.000 millones anuales”.
Dijo que el auditor municipal es responsable de determinar si el alcalde tuvo responsabilidad y si la tuvo tendrá que individualizar.
“Estoy convencido que no tengo ninguna responsabilidad de que eso haya ocurrido. No puedo asumir la responsabilidad de lo que hagan todos los funcionarios municipales” aseveró.
“Cualquier cosa que pase, al final, el jerarca es responsable, si alguien se quebró un pié en un hueco de una calle en San José, el jerarca es responsable, y esa lógica no es correcta, porque el jerarca no puede asumir la responsabilidad de todo lo que pase en la Municipalidad”, remarcó.
