El poeta, periodista independiente, disidente y ex preso político cubano Raúl Rivero falleció este sábado 6 de noviembre en Miami en el Hospital Baptist de Kendall, donde estuvo ingresado desde el viernes por problemas cardiorrespiratorios a consecuencia de un enfisema pulmonar, informa el sitio El Nuevo Herald.
Tenía 75 años. Rivero (Morón, Ciego de Ávila, 1945) fue uno de los escritores disidentes más respetados de la isla, firmante de la Carta a los Intelectuales, dirigida a Fidel Castro en 1991, en la que se le pedía al régimen la liberación de los presos de conciencia. Dos años antes había abandonado la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba.
Integrante de las primeras hornadas de periodistas graduados después de 1959, Rivero fue fundador de la revista literaria El Caimán Barbudo en 1966, corresponsal de la agencia Prensa Latina en Moscú, entre 1973 y 1976.
A su regreso a Cuba se encargó del servicio de ciencia y cultura de la agencia. En 1995, fundó la agencia independiente de los medios cubanos Cuba Press, una semilla que germinó en una sólida prensa independiente que hoy reporta desde Cuba lo que ignoran y ocultan los medios oficiales.
En el 2003, durante la llamada Primavera Negra en la que el gobierno impuso largas condenas a 75 disidentes y opositores, Rivero fue condenado a 20 años de prisión acusado de actividades subversivas. Después de pasar año y medio encarcelado enfrentando graves problemas de salud, fue liberado con una licencia extrapenal en noviembre del 2004, gracias a la solidaridad y la presión internacional, especialmente de España, el primer país al que viajó como exiliado, relata el Herald.
Especial PuroPeriodismo:Muere en Miami poeta disidente Raúl Rivero, cronista de una Cuba que oculta el oficialismo, El Nuevo Herald, Miami
Otra tonelada y media de cocaína movilizada en una lancha pesquera por cuatro costarricenses fue interceptada en altamar cerca de Golfito por una fragata de EE.UU. que la entregó a guardacostas nacionales.
Es el segundo golpe a mafias narco en menos de una semana.
El fin de semana anterior las autoridades decomisaron 2,5 toneladas de cocaína que arribaron al muelle Gastón Kogan, Moín, camufladas en un contenedor cargado de cerámica procedente de Turbo, Colombia.
Pesquera interceptada por fragata EE.UU.
Según un reporte de Seguridad, la operación inició en horas de la noche del pasado 2 de noviembre, cuando una fragata del Guardacostas de Estados Unidos realizaba un patrullaje preventivo en aguas del Pacífico, gracias a lo cual detectaron una embarcación pesquera de 38 pies de largo, de nombre Faustino I con matrícula de Golfito PG-9758.
Las autoridades costarricenses recibieron una alerta sobre esa misma embarcación, por lo que hicieron una solicitud a las estadounidenses para que realizaran una custodia hasta un punto específico a unos 65 kilómetros de la entrada del Golfo Dulce, Golfito, Puntarenas.
La nave sospechosa fue entregada en dicho sitio a oficiales del Grupo de Operaciones Especiales del Servicio Nacional de Guardacostas quienes la trasladaron la madrugada de ayer viernes hasta el muelle de Golfito, donde agentes del OIJ estaban a la espera para realizar una revisión detallada del pesquero.
Los oficiales constataron en la inspección que la embarcación presentaba irregularidades en el interior de su casco, pues presentaba lo que se conoce como un doble fondo, en donde transportaba aparentes sustancias ilícitas.
Según Seguridad, al finalizar la revisión, el OIJ determinó que a bordo de la nave se encontraban ocultos 1.500 kilogramos de clorhidrato de cocaína repartidos en 75 bultos.
Los tripulantes de la lancha capturada son cuatro costarricenses de apellidos Méndez de 46 años, Miranda, 40, Walsh, 42, y Umaña de 25 , quienes quedaron a las órdenes del Ministerio Público. También se procedió con el decomiso de la embarcación.
Un total de 2,5 toneladas de cocaína fueron decomisadas el fin de semana anterior en un contenedor cargado de cerámica que arribó al muelle Gastón Kogan, Moín, Limón, procedente de puerto Turbo, Antioquia, Colombia.
La intervención la ejecutaron oficiales de la Policía Control de Drogas (PCD) del Ministerio de Seguridad Pública, por medio del análisis, perfilamiento e información de inteligencia de la nave entre el domingo 31 de octubre y lunes 1° de noviembre.
El contenedor contaminado fue minuciosamente inspeccionado por los investigadores quienes constataron que en el mismo se transportaba un cargamento de aparente droga oculta en maletines.
Las autoridades confirmaron el hallazgo y decomiso de un total de 2.575 paquetes con aparente cocaína, cada uno con un peso aproximado a un kilogramo de dicha droga.
Se trata de un contenedor que transportaba como carga lícita piso de cerámica y venía de Europa, de ahí pasó a Turbo en Colombia, donde se presume fue contaminado, y posteriormente llegó a Moín, cita un reporte oficial.
En lo que va del año (del 1° de enero al 1° de noviembre del 2021) decomisaron un total general de 15.796,00 kilogramos de aparente cocaína en 16 contenedores. De los cuales, 8.542,00 kilos de cocaína en 13 contenedores ubicados en APM Terminals y 7.254 kilos de cocaína en tres contenedores localizados en el muelle Kogan, informó Seguridad.
La farmacéutica Pfizer anunció este viernes que una píldora antiviral que prueban puede reducir las hospitalizaciones o muertes por covid-19 hasta en un 89% entre los pacientes de alto riesgo, destaca el sitio NBC News.
Los ensayos clínicos de su píldora experimental covid-19 han tenido tanto éxito en evitar que las personas sean hospitalizadas o mueran a causa del virus, que está deteniendo los estudios temprano con la esperanza de que el público en general pueda beneficiarse, agrega dicho sitio.
La píldora antiviral se combina con una dosis baja de un medicamento contra el VIH llamado ritonavir, confirmó Pfizer en un comunicado de prensa.
Los pacientes de alto riesgo incluyen a los ancianos, así como a las personas con problemas de salud subyacentes, como obesidad o diabetes tipo 2.
Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, calificó a la droga como un potencial “cambio de juego” en dicho comunicado, según NBC.
“Estos datos sugieren que nuestro candidato antiviral oral, si es aprobado por las autoridades reguladoras, tiene el potencial de salvar la vida de los pacientes, reducir la gravedad de las infecciones por covid-19 y eliminar hasta nueve de cada diez hospitalizaciones”.
Pfizer solo dio a conocer sus datos en un comunicado de prensa; no publicó los datos completos del ensayo clínico. El Dr. John Sanders, jefe de enfermedades infecciosas de Atrium Health Wake Forest Baptist en Carolina del Norte, dijo que será importante que los expertos externos analicen detenidamente los resultados, agrega la cadena.
Aún así, Sanders calificó la información preliminar como “notable”.
“La disponibilidad de un antiviral oral que puede reducir el riesgo de hospitalización y muerte en pacientes de alto riesgo en un 89 por ciento tendrá un impacto importante en cómo tratamos covid-19”, escribió en un correo electrónico a NBC News.
El diagnóstico temprano de covid-19 sería clave. Pfizer dijo que su antiviral fue más efectivo dentro de los primeros tres días de síntomas. Los efectos secundarios, según Pfizer, fueron de leves a moderados y comparables a los que recibieron el placebo, consigna dicho sitio.
Especial PuroPeriodismo: Pfizer’s Covid antiviral pill may cut severe illness by 89 percent, NBC News
La Procuraduría de la Ética Pública elevó un reclamo por presunto daño social por ¢138.950 millones contra los nueve imputados y cuatro empresas ligadas por OIJ y Fiscalía al denominado escándalo “cemento chino-Banco Popular”.
Así lo ratificó este viernes Vivian Burban, portavoz de la Procuraduría ante consultas de este editor.
El caso fue elevado a juicio el miércoles anterior por el Juzgado Penal de Hacienda.
La petición de elevar la juicio la hizo la Unidad Especializada de la Fiscalía General en una audiencia preliminar que inició en setiembre anterior.
Informaron que a partir de ahora, el expediente pasará a manos del Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, para que este órgano señale la fecha de inicio del debate.
Según la Fiscalía, en una resolución, notificada a las 11:30 p.m. del miércoles, se establece que deben enfrentar el debate los imputados de apellidos Bolaños Rojas y su esposa, Suárez Aguiar, Rojas Segura, Cortés Zúñiga, Bogantes Brenes, Gómez Barrantes, Thompson Camacho, Delgado Negrini y Arias Silesky.
Reclamo de daño social por ¢138,950,467,697.34
La Procuraduría de la Ética Pública se apersonó al proceso bajo el expediente 17-000013-33-PE contra Juan Carlos Bolaños Rojas y otros por el delito de Influencia en contra de la Hacienda Pública, como víctima de domicilio conocido, y a su vez interpuso una acción civil resarcitoria, en la cual está cobrando el daño social por los hechos de corrupción, confirmó la fuente oficial.
El monto se estimó en la suma de ciento treinta y ocho mil novecientos cincuenta millones cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos noventa y siete colones y treinta y cuatro céntimos ¢138,950,467,697.34
Las personas demandadas –según la Procuraduría– son:
1. KENDALL GÓMEZ BARRANTES
2. ALLAN BOGANTES BRENES
3. ANA LAURA SUAREZ AGUIAR
4. JAVIER ROJAS SEGURA
5. RIGOBERTO DELGADO NEGRINI
6. ADOLFO ARIAS SILESKY
7. JOSÉ THOMPSON CAMACHO
8. JUAN CARLOS BOLAÑOS ROJAS
9. MARIO CORTÉS ZÚÑIGA
Asimismo, contra las siguientes empresas como demandados civiles solidariamente responsables:
INVERSIONES E INMOBILIARIA DEL GRUPO JCB S.A
JCB CONSTRUCTORA Y ALQUILER S.A
JCB DISTRIBUIDORA S.A
SINOCEM COSTA RICA S.A
El caso:
Línea crediticia para importar cemento chino
La Fiscalía informó que la investigación se realizó dentro del expediente 17-000015-0033-PE.
Según las pesquisas judiciales, los acusados habrían dirigido acciones tendientes a lesionar los intereses patrimoniales de la Hacienda y del interés público, a través de la apertura de una línea crediticia otorgada a la empresa Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB, para importar y comercializar cemento chino.
La Fiscalía sostiene que, en apariencia, los funcionarios públicos acusados analizaron y recomendaron este producto financiero, a pesar de que conocían que dicha empresa no tenía la capacidad suficiente para atender las obligaciones de pago.
La investigación permitió concluir que, presuntamente, los funcionarios públicos Bogantes y Gómez, en conjunto con Bolaños, habrían acordado ser socios comerciales en la venta de cemento importado de la República Popular de China, mientras se tramitaba el análisis y aprobación del crédito bancario. Además, se determinó que no se importó cemento con el dinero producto del crédito desembolsado por parte del Banco Popular, cita el reporte de la Fiscalía.
La Unidad Especializada de la Fiscalía General presentó al Juzgado la acusación con solicitud de apertura a juicio en febrero del 2020.
Persona imputada
Delitos atribuidos por el Ministerio Público
Bolaños Rojas
Tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública.
Suárez Aguiar
Un delito de influencia contra la Hacienda Pública.
Cortés Zúñiga
Tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública.
Rojas Segura
Tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública.
Thompson Camacho
Un delito de influencia contra la Hacienda Pública.
Gómez Barrantes
Tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública. Dos delitos de falsedad ideológica.
Delgado Negrini
Tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública. Un delito de falsedad ideológica.
Bogantes Brenes
Dos delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública. Un delito de falsedad ideológica.
Arias Silesky
Un delito de influencia en contra de la Hacienda Pública. Dos delitos de falsedad ideológica.
Fuente: Ministerio Público
Causa paralela
El empresario Bolaños, el exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, el exdirector de Aduanas, Benito Coghi Morales, y el exdiputado PAC, Victor Morales Zapata, figuran en el llamado a juicio que hizo el jueves 15 de julio la Fiscalía General en el denominado caso del “cementazo”, tras cinco años de los hechos.
La Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República acusó y solicitó el auto de apertura de juicio en contra de cuatro imputados de apellidos Coghi Morales, exdirector general de Aduanas; Morales Zapata, exdiputado; Rodríguez Garro, exviceministro de ingresos, y Bolaños, empresario, se informó oficialmente.
Según dicha Fiscalía, tras la investigación del expediente 17-000032-621-PE se contó con la evidencia necesaria para acusar la presunta influencia ejercida por parte del exviceministro y del exdiputado sobre Coghi, entre julio y setiembre del 2016, para lograr el desalmacenaje de 20.000 toneladas de cemento hidráulico embarcadas a bordo del barco Aquiles Bukle, proveniente de China.
Informaron que acusaron supuestas acciones y órdenes irregulares emitidas por parte del exdirector general de aduanas para lograr este fin, en apariencia, para el presunto beneficio de Bolaños.
La vacuna contra covid-19 es obligatoria para menores de 18 años, ratificó este viernes el Ministerio de Salud.
El anuncio lo hicieron basados en la Ley General de Salud, el Código de la Niñez y la Adolescencia y en resguardo del principio del interés superior del niño, la niña y el adolescente.
Dijeron que tomando en cuenta que desde marzo 2021 dicha vacuna es parte del esquema básico oficial de vacunación, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología ratificó que la inmunización contra covid-19 es obligatoria para todas las personas menores de edad.
Salud precisó que en nuestro país, las vacunas incluidas en el cuadro básico establecido por la CNVE son obligatorias para personas menores de edad, entre ellas aquellas contra la varicela, la polio, más recientemente contra el Virus de Papiloma Humano incorporada en el 2017 y este año la incorporación de la inmunización contra covid-19.
La Caja Costarricense de Seguro Social informó el 2 de noviembre, el 73% de la población de 12 a 19 años ya cuenta con al menos una dosis de dicha vacuna. Desde el lunes 25 de octubre se abrió de forma general la inmunización de adolescentes mayores de 12 años.
Salud destacó que los padres y madres o representantes legales tienen la responsabilidad de que la vacunación obligatoria de las personas menores de edad se lleve a cabo oportunamente, así como a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Integral, entre ellas la CCSS, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública y el Patronato Nacional de la Infancia, cada una desde su ámbito de competencia, deben velar por la garantía del derecho a la salud y la vida de los niños, niñas y adolescentes.
Informaron que para niños y niñas menores de 12 años el Gobierno gestiona la compra de vacunas para el 2022. Recientemente la Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra covid-19 para niños y niñas de 5 a 11 años. La logística de aplicación de dichas vacunas pediátricas para ese grupo, será comunicada previo a la disponibilidad de las dosis en territorio nacional.
Aclararon adicionalmente que la CNVE acordó que la población adolescente mayor de 15 años pueda recibir la vacuna contra covid-19 sin necesidad de ir acompañado por una persona adulta, siempre con la respectiva valoración de cada caso.
