Edgar Fonseca, editor
El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública ordenó la libertad de los 28 investigados en el caso del megaescándalo Cochinilla pese a aceptar la tesis de la Fiscalía del peligro de fuga, de continuidad delictiva de los sospechosos y obstaculización, confirmó este lunes el fiscal Glen Calvo Céspedes de la Fiscalía de Anticorrupción.
Ratificó que apelaron la decisión del juzgado a partir de la abundante prueba que aportaron que incluye múltiples intervenciones telefónicas.
“El caso es bastante complejo”, destacó ante los medios en una conferencia de prensa virtual esta mañana.
- La Fiscalía, dijo Calvo, mantiene el pedido de prisión contra 14 de los imputados, de los cuales 12 ya están en libertad desde el sábado anterior.
El fiscal subrogante del caso, Miguel Ramírez, dijo que del ministro Rodolfo Méndez solo existe una denuncia por supuesto incumplimiento de deberes. No lo han citado a declarar.
Dicho fiscal confirmó, además, que investigan paralelamente la filtración de extractos de la causa judicial.
“¿Qué ocurre? Que en un expediente hay información variada, salen nombres de una persona, de otra, y primero hay que hacer una verificación de la información”, puntualizó Ramírez.
“Un expediente fugado por un funcionario o por un tercero –agregó– provoca una serie de inquietudes a niveles externos, pero procesalmente no”.
“Si fuera un caso de narcotráfico, es delicado que se filtre el nombre de una persona y mañana amanezca muerta, porque estaba en el expediente y simplemente se le mandó a matar”, aseveró.
“Tenemos que tener una total seguridad de qué es lo que decimos y cómo lo decimos, de acuerdo con el principio de inocencia vigente”, añadió.
Extractos de copias de la causa judicial 19-000025-1218-PE circulan en diversos medios nacionales.
La investigación de las filtración es contra ignorado, dijo el fiscal Ramírez.
Investigarán eficacia y valifez de bienes
El fiscal Calvo aseveró que verificarán las condiciones de los bienes ofrecidos por los imputados a los que la jueza Carolina Lizano concedió libertad bajo fianzas.
La Fiscalía, enfatizó, solo solicitó prisión preventiva por un año, no la caución real planteada por los defensores.
Las propiedades ofrecidas deben ser valoradas por peritos y ofrecidas libremente.
Ante incumplimiento de las medidas cautelares por parte de alguno de los imputados, el Estado puede rematar los bienes, agregó el fiscal Calvo.
“Cuando se ofrece una fianza se exige que sea eficaz, legal y fiable”, advirtió.
“Que las propiedades sean potencialmente sujetas a una dotación por parte del órgano culpador”, afirmó.
De cada una de las propiedades pidieron ese análisis legal de validez y eficacia y poderle indicar al juzgado si en alguno de los casos no están de acuerdo.
“Solicitamos un informe de cada una de las propiedades, para hacer un análisis legal, de oportunidad, de validez y eficacia de ellas e indicarle al Juzgado si en alguno de los casos no estamos de acuerdo y por qué”, enfatizó.
Los beneficiados cpon las fianzas por caución real no pueden salir de la cárcel hasta que la jueza no avale la caución respectiva, amplió Calvo.
También confirmó que rige inmovilización de sociedades, bienes, cuentas, actividades de las empresas vinculadas a la investigación.
La apelación de la orden de libertad de imputados será decidida por el Tribunal Penal de Hacienda en las próximas horas.
Solo dos pendientes de libertad
De los 28 detenidos solo quedan bajo arresto los empresarios Carlos Cerdas de la firma MECO y Mélida Solís de H Solís.
Contra ellos la jueza fijó fianzas de $5 millones y $3 millones, respectivamente.
Los defensores informaron que acudirán a bienes de los investigados para responder por ambas fianzas que fueron calificadas como el fiscal Ramírez como anormales en los procesos judiciales ordinarios.
Durante una conferencia de prensa matutina convocada para analizar las implicaciones del caso, no descartaron llamar más imputados en la causa.
Si existe pruebas contra estas personas las llevarán a la causa.
