Edgar Fonseca, editor/Foto portada prensa.com

La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación de Panamá vincula a la compañía constructora costarricense Meco y a otras seis empresas constructoras en la investigación del caso de los supuestos pagos indebidos por más de $40 millones en contrataciones de diferentes obras públicas revelado el 15 de enero por las autoridades de dicho país.

“Esta investigación fue formalmente iniciada el 11 de septiembre de 2017, por el despacho de la Procuraduría General de la Nación y se encuentran vinculadas las empresas: Constructora Conalvias S. A., Constructora Meco S.A., Constructora Rodsa S.A., Constructora Bagatrac S.A., Ingenería REC S.A., GS Contractors (Grupo Corporativo GS S.A.) y Concepto y Espacios S.A., así como altos ex funcionarios públicos que se desempeñaban en el Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda para los años 2011-2012 principalmente; un ex oficial de la banca privada y un abogado particular, quienes realizaron operaciones financieras y estructuraron sociedades para el movimiento del dinero ilícito, producto de la corrupción”, citó el comunicado oficial de la Fiscalía Anticorrupción de Panamá que aparece en el sitio web y divulgado a la prensa.

Según dicho informe: “La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación adelanta una investigación por delitos contra la Administración Pública en su modalidad de Corrupción de Funcionarios Públicos; Contra el Orden Económico en su modalidad de Blanqueo de Capitales; y Contra la Seguridad Colectiva en la modalidad de Asociación Ilícita para Delinquir, por el pago indebido a funcionarios públicos a través de sociedades anónimas, entre las que se encuentran: Blue Apple Services Inc., Dover Agency Inc., Blanch International Inc., Nightmare Overseas Corp. y Corporación Libuma S. A.”.

“Constructora Meco, producto de las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de Panamá, ha facilitado toda la información requerida sobre el caso de Blue Apple. La posición de Meco ha sido de completa colaboración y respetuosa de las acciones de la PGN”, comunicó la empresa, en un mensaje reproducido por el sitio Telémetro de Ciudad Panamá, con base en un informe de la agencia de noticias Efe.

Meco –según dicho sitio– indicó que sigue con atención el desarrollo del asunto y sostuvo que “es importante dejar claro que no existe un caso abierto o requerimiento de la Fiscalía en contra de Constructora Meco”.

Contratistas, funcionarios, banqueros y abogados figuran en la red bajo investigación de las autoridades de Panamá por este caso, destacó ayer el diario La Prensa de Ciudad Panamá.

Orden roja de captura 

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Las autoridades de Panamá –según dicho diario– giraron alerta roja de captura contra Jorge Churro Ruiz, ex director de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas, a quien se atribuye haber autorizado tres contrataciones por $1.500 millones: una a Conalavías por $21 millones, otra al consorcio ICA-Meco por $237 millones y la cinta costera 3 al grupo Odebrecht por $780 millones, dice la Fiscalía.

La Procuradora Kenia Porcell asegura que Churro Ruiz, de origen español, era quien presuntamente pedía las “coimas” o sobornos.

Exfuncionarios exigían

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Según la Fiscalía Anticorrupción, ex funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda presuntamente exigían pagos indebidos a empresarios.

“Los hechos que se investigan han demostrado que ex funcionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda, le exigieron a empresarios del sector de la construcción, que mantenían contratos adjudicados con el Estado para el periodo 2011 al 2012, un porcentaje relacionado con el valor de la obra, a cambio de la agilización de los trámites administrativos para la ejecución de la obra, así como los desembolsos de dinero del Estado a favor del respectivo contratista, de no hacerlo, se dificultarían las gestiones de cobro por los avance de obra, entre otras afectaciones”, sostiene la Fiscalía de Panamá.

“Estos pagos indebidos –enfatiza– debían ser depositados a la sociedad anónima “BLUE APPLE SERVICES”, quien a través de cinco cuentas bancarias en tres distintos bancos de la localidad, manejó, aproximadamente, 40 millones.

“Estos 3 Bancos –agrega la Fiscalía– ordenaron el cierre de estas cuentas bancarias, luego de considerar, que las operaciones eran inusuales y fuera del perfil transaccional.

“Se han logrado identificar las formas utilizadas para el blanqueo de capitales, tendiente a dar apariencia de licitud a los movimientos de los dineros mal habidos, principalmente a través del factoraje estructurado por una subsidiaria de Global Bank Corporation denominada Factor Global, cesiones de créditos, adquisición de bienes inmuebles y pagos directos, para lo cual también fueron utilizadas otras personas jurídicas como: Dover Agency Inc., Blanch International Inc., Nightmare Overseas Corp. y Corporación Libuma S.A., empresas de papel que fueron creadas para mover el dinero público”, amplía la Fiscalía de Panamá.

“Al día de hoy –añade– se ha logrado la recuperación de US$20 millones de dólares y se han vinculado a 33 personas, de las cuales uno es un ex – oficial bancario, quien era el encargado de las operaciones financieras, un abogado particular encargado de realizar las sociedades anónimas, 3 ex funcionarios públicos, y 7 empresarios. De igual manera se han realizado 5 acuerdos de colaboración eficaz, de los cuales 3 han sido validados por la autoridad jurisdiccional”.

Los supuestos delitos

“En cuanto al delito de Corrupción, cuya pena para los servidores públicos es de 2-4 y de 3-6 años para los particulares. Los empresarios, como particulares ya han rendido indagatoria y han aportado pruebas sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dieron los hechos, han identificado para quienes era el dinero, como se ejecutaba el delito, quienes integraban la organización criminal, el uso de facturas falsas para dar apariencia de licitud al dinero, el destino de las ganancias, además de devolver el dinero ilícito. La colaboración eficaz de los empresarios corroboró nuestra teoría del caso, en torno a un mecanismo orientado a dar apariencia de licitud a la coima, de igual forma nos han suministrado información valiosa sobre nuevos hechos que evidencian la comisión de otros delitos que están originado la apertura de nuevas investigaciones”, puntualiza el informe oficial.

“En cuanto al Blanqueo de Capitales, cuya pena es de 5-12 años de prisión, están siendo procesadas 21 personas, de las cuales 3 están sujetas a detención preventiva. La fiscalía ampliará la formulación de cargos a otras personas”.

“En lo que respecta a la Asociación Ilícita para Delinquir, la pena es de 6 a 12 años de prisión cuando el fin es Blanqueo de Capitales y están siendo procesadas 3 personas, de los cuales 2 están sujeto a detención preventiva”.

Apoyo internacional

“Han sido tramitadas las asistencias internacionales a los Estados Unidos, China, Suiza, Islas Vírgenes Británicas (BVI) y Hong Kong, para la recuperación de estos activos transferidos por sociedades panameñas que crearon para guardar el dinero, entre las que se han identificado: Dejaf Investment Corp., Treasure Islands Development, S.A., Quadrille Managment, Corp., Jiu Shun International Co. Ltd., Energy Corporate Ltd., HB Engineering Corp., y la propia Nightmare Overseas, Corp”, afirmó Fiscalía de Panamá.

En San José, la Fiscalía General no había recibido hasta ayer por la mañana ninguna gestión de colaboración de las autoridades de Panamá.

“La Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público (OATRI) informó que no ha recibido ninguna solicitud de asistencia penal internacional por parte de Panamá, en relación con los hechos que usted menciona y que fueron dados a conocer recientemente por la prensa de ese país”, respondió Tatiana Vargas Vindas, portavoz del Ministerio Público a consulta del periodista Edgar Fonseca.
 
“Lo que se conoce hasta el momento es que los hechos presuntamente delictivos ocurrieron en Panamá”, agregó.
 
“El Ministerio Público estará abierto a tramitar, bajo la vía correspondiente, las solicitudes de asistencia penal internacional que se soliciten”, ratificó.

“Esta es otra investigación compleja de Corrupción en la que se descubre más dinero público sustraído por servidores públicos que traicionaron al Estado. De allí que es importante, tal y como he expresado en distintos comunicados al país, que el compromiso sea de toda la sociedad panameña, porque la institucionalidad y la ética no puede supeditarse a la trampa y al juega vivo, aunado a que, dinero público, aún reposa en manos de los corruptos y que, pese a las pruebas que sustentan los expedientes se niegan a devolverlo bajo argucias legales y prácticas dilatorias para no enfrentar en audiencias a la justicia panameña y ser condenados por los delitos cometidos”, enfatizó la Procuradora General de Panamá, Kenia Porcell al dar a conocer este caso el lunes anterior.