Edgar Fonseca, editor
Con el respaldo de 49 diputados, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves, tras un acalorado debate, crear una comisión especial que investigará la posible penetración de redes narco en partidos políticos y municipalidades.
La comisión fue creada en medio de la controversia por el caso del diputado Gustavo Viales, PLN, quien renunció el miércoles a la Secretaría General de Liberación, a la presidencia de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y se retiró temporalmente de su fracción, tras confirmar que el Martes Santo, 30 de marzo, visitó un condominio en San Joaquín de Flores, donde Fiscales y agentes OIJ allanaron, una semana después, una residencia y arrestaron al supuesto líder de una gran red narco-financiera que tenía su base en La Cuesta, Corredores, zona sur.
Viales dijo que llegó al sitio para recoger un dispositivo USB con información de temas hospitalarios y vacunación de la zona sur que le dejó una persona de apellido Chavarría, munícipe de Corredores, posteriormente detenido e involucrado por las autoridades en el caso. Chavarría es identificado por las autoridades como presidente municipal de la zona.
El diputado Viales negó haber entrado a la residencia o conocer a quienes vivían en ella.
Rechazó cualquier vinculo con los detenidos o con el caso investigado por el OIJ.
Dijo que una persona adulta, a quien no identificó, lo atendió en la acera y le entregó el dispositivo.
Narró que él se retiró sin haber permanecido en el lugar más de 5 minutos.
El legislador renunció a su inmunidad para que se le investigue y pidió una investigación del Tribunal de Ética PLN.
Comisión investigadora
La moción para crear la comisión investigadora la propuso el diputado Luis Ramón Carranza del oficialista PAC.
Carranza propuso formar “una comisión especial con el objeto de investigar las denuncias sobre la posible penetración de organizaciones relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado en los territorios y municipalidades de la Zona Sur y otras regiones del país, y sobre sus posibles vínculos con el financiamiento de partidos políticos, y cualquier otro relacionamiento orientado a buscar favorecerse de la gestión de las autoridades públicas o acceder a recursos públicos para beneficios particulares”.
“Quiero decirle al pueblo de Costa Rica que ya presenté la moción para que se investiguen los casos de infiltración del narcotráfico en Corredores, con el presidente municipal, el alcalde e incluso el plenario legislativo”, advirtió Carranza.
“Si estaban amenazando para que yo no presentara esa moción para investigar, no es el PLN, todos los partidos pueden ser víctimas del narco”, añadió.
“No se vale que sean doblemente víctimas por el silencio complaciente de diputados que quieran minimizar el caso del narcotráfico”, enfatizó.
La comisión la integrarán siete legisladores: 2 PLN, 1 PUSC, 1 PAC, 1 Restauración, 1 independiente, 1 minoritario.
Deberá entregar un informe de labores en abril 2022.
La investigación legislativa trascendió al tiempo que este jueves la Fiscalía confirmó que investiga una denuncia anónima de supuestos trabajos con recursos municipales en una finca en Corredores ligada al líder de la red narco-financiera desarticulada.
La Fiscalía investiga supuesto cohecho y tráfico de influencias, confirmaron fuentes oficiales.
La denuncia también fue hecha llegar a la Contraloría General de la República que no ha decidido si investiga.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Gran red narco-financiera
La red narco-financiera quedó al descubierto el 6 de abril tras 25 allanamientos y 12 detenciones ejecutadas por por la Fiscalía y el OIJ en distintos sitios del sur y del Área Metropolitana.
Según las autoridades, este grupo trasegaba al menos una tonelada de cocaína desde la zona sur cada dos meses. Operaban desde sitios como puerto Jiménez, Golfito y punta Burica, frontera sur.
En octubre 2020, la policía le incautó a la organización una tonelada de cocaína en Jacó.
Walter Espinoza, director del OIJ, confirmó, al momento de los allanamientos, que el sospechoso de ser líder de la red de apellido González, operaba como “gerente”.
Se le identifica como un empresario dedicado a la producción de palma aceitera.
Uno de los allanamientos fue ejecutado en una lujosa propiedad en La Palma de La Cuesta, Corredores, ligada por las autoridades a dicho individuo.
Según el OIJ, la propiedad tiene helipuerto, bodegas, lago.
González y su compañera sentimental fueron arrestados en el condominio de San Joaquín de Flores.
Al caso son ligados dos agentes del OIJ de Corredores.
Tras los allanamientos y arrestos, las autoridades in formaron que intervinieron e incautaron bienes y propiedades por al menos $3 millones, entre terrenos, vehículos 4×4, maquinaria agrícola así como el congelamiento de cuentas bancarias.
Sospechosos y medidas
La causa por este caso es la 19-000004-0822-PE.
La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos indicó que, por error, informó que el Juzgado Penal de Grecia ordenó que el sospechoso de apellido Chavarría permanezca en arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Sin embargo, lo correcto es que este juzgado no le impuso arresto domiciliario.
La Fiscalía detalló las medidas cautelares impuestas a cada persona sospechosa:
| Personas investigadas | Medidas cautelares dictadas |
| González, Concepción, Campos, Méndez, Estribí, así como dos hombres y una mujer de apellidos Jiménez. | Seis meses de prisión preventiva. |
| Gómez, Santos, Quirós y Jiménez | Monitoreo electrónico bajo arresto domiciliario e impedimento de salida del país por el plazo de seis meses. |
| Chavarría | Monitoreo electrónico, impedimento de salida del país, presentarse a firmar una vez al mes y mantener domicilio fijo. |
Según un reporte oficial, respecto a Gómez, Santos, Quirós y Jiménez, la Fiscalía apeló las medidas cautelares impuestas en su contra, por lo que se está a la espera de que sea señalada una nueva audiencia, en la que se requerirá, por segunda vez, que se les ordene prisión preventiva.
El caso –agregó la Fiscalía– continúa en investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba, fase que es privada, por lo que no es posible brindar más detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal.
