Edgar Fonseca, editor
La grave insinuación presidencial de supuestas negociaciones de sentencias en el Poder Judicial merece repudio y, como bien hizo el Sindicato de la Judicatura (Sindijud), la demanda inmediata de que presente pruebas.
El dicho presidencial lanzado a la opinión pública como una interrogante al aire, incómodo el mandatario por una reciente sentencia en el caso de un exdiputado, solo suma a ese afán deslegitimador suyo de una institución clave, como lo es la judicial.
Sembrar dudas, cuestionamientos, confrontar el eventual control jurisdiccional, han sido parte de la conducta del gobernante a lo largo de estos casi 12 meses de gestión.
El 16 de junio llegó intempestivamente a la Fiscalía General a indagar y descalificar de antemano causas en su contra y de sus allegados.
“Francamente las acusaciones son absurdas y sin fundamento, desde mi punto de vista. Yo como siempre he estado muy tranquilo, sigo todavía más tranquilo para serles franco porque las acusaciones son verdaderamente frívolas, absurdas”, dijo tras enterarse de procesos apenas en etapa inicial.
“Los ciudadanos estamos inquietos y preocupados por el uso de la judicialización como herramienta de la politiquería burda y barata. Esta insigne institución que ustedes representan no debe permitir que individuos y grupos malintencionados continúen utilizando la Fiscalía General o el sistema judicial como obsceno cañón para lanzar sus balas de odio y sus intereses canallas”, arremetió cuatro días más tarde en Corte Plena.
Fueron gestos y manifestaciones vistas y calificadas con preocupación en distintas instancias, entre ellas el Poder Legislativo, como abierta intromisión en otro poder.
No menos preocupante resultaron sus manifestaciones del pasado 25 de enero cuando reclamó por el actuar de la Fiscalía en un fallido supuesto megacaso de evasión fiscal.
“Nosotros no vamos a confiar ya únicamente en la Fiscalía para estos casos. Respetando la institucionalidad, el ministro de Justicia a mi pedido y utilizando el artículo 16 del Código Procesal Penal, le están pidiendo a la Procuraduría que actúe como acusador en este caso particular y en los que siguen de mega evasiones, o donde se alegan megaevasiones, directamente ante los tribunales”, aseveró.
Remata ahora con esa grave insinuación de supuesta negociación de sentencia por parte de jueces de un tribunal penal.
“Usted acaba de ver un diputado que por coincidencia le dieron 2,8 años de prisión, eh, de condena. Qué raro, porque después menos de 3 no se sirve la pena en la cárcel. Mmm… Yo no estoy diciendo nada, pero me lo pregunto”, cuestionó el pasado viernes 31 de enero.
“Los jueces pueden condenar para el mismo delito discrecionalmente entre 1 año y no sé cuánto, un período amplísimo de pena, ahí es donde se hacen las negociaciones: póngame menos de 3 y ya no voy a la cárcel”, remarcó.
No solo pone en duda la idoneidad y honorabilidad de los jueces a cargo del caso, sino que siembra cuestionamiento sobre el sistema.
¿Y las pruebas?
He ahí lo grave de su proceder y la debida demanda del sindicato de jueces que denuncie o aporte las pruebas correspondientes, de lo contrario su dicho quedará en un chisme muy ajeno a su investidura.
Sindicato de la Judicatura
Adjunto texto del acuerdo de Sindijud
SINDIJUD
Al Presidente de la República y al pueblo de Costa Rica
Considerando:
Primero.- Desde el momento en que asumió el cargo de Presidente de la República, Rodrigo Chaves no ha dejado de atacar al Poder Judicial, con la clara intención de debilitar la institucionalidad republicana que juró defender.
Segundo.- En su último acto de maledicencia a la institucionalidad y al Estado de derecho, Rodrigo Chaves atribuyó a tres jueces integrantes del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, el gravísimo hecho de haber negociado la pena que se impuso a un ciudadano condenado por el delito de tráfico de influencias.
Tercero.- Si el Presidente sospechaba de la comisión del delito de prevaricato, en su condición de funcionario público tenía el deber ineludible de denunciarlo y aportar la prueba en que sustentaba su afirmación, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código procesal penal. Caso de no denunciar, cometerá el delito de «incumplimiento de deberes» tipificado en el artículo 339 del Código Penal.
Cuarto.- Resulta más que evidente que el Presidente no optó por denunciar la supuesta comisión de delito por parte de tres jueces de la República, por cuanto conoce —o al menos debería saberlo— que una de las funciones de todo juzgador es adecuar la pena al hecho acreditado, conforme a las evidencias reunidas a lo largo del proceso. Solo una persona irresponsable, malintencionada o ignorante de la labor judicial, se atrevería a cuestionar una decisión jurisdiccional, sin conocer los pormenores que rodean el expediente en concreto. En el caso que nos ocupa, haciendo uso del lenguaje chabacano que le caracteriza, impropio de un estadista, en su alocución del día viernes 31 de marzo de 2023, Rodrigo Chaves optó por propalar un ¨chisme¨, profiriendo una clara ofensa al honor y el decoro de los jueces que intervinieron en el juzgamiento de aquel ciudadano, realizando una nueva e irrespetuosa intervención en asuntos que no corresponden a sus funciones, sino a otro Poder de la República.
Quinto.- Un Estado democrático debe ser respetuoso de la separación de poderes. En lo que interesa, al Poder Legislativo corresponde establecer cuáles hechos son susceptibles de ser considerados delito y cuál la pena a imponer en caso de comisión. Al Ejecutivo le corresponde la prevención del delito, esto es, brindar seguridad al ciudadano, evitando que los hechos delictivos se cometan. Al Poder Judicial corresponde juzgar a quienes se atribuye la comisión de los hechos delictivos, una vez que ha fracasado la labor de prevención que, corresponde como se dijo al Presidente y sus respectivos Ministros.
Sexto.- Cada vez que se ha puesto en evidencia durante su mandato, el fracaso en las políticas de prevención del delito, traducidas en el incremento de la inseguridad ciudadana y la comisión de delitos, el Presidente de la República intenta eludir su responsabilidad, culpando al Poder Judicial. A los ciudadanos les interesa que no les roben, no les violen, no los maten, requieren sentirse seguros. Por supuesto que si el Ejecutivo fracasa en esa labor de su exclusiva competencia, el Poder Judicial tiene la responsabilidad de juzgar a los responsables, pero no se vale atribuir la inseguridad a este último Poder de la República, pues no es esta su función. Tratar de eludir su responsabilidad «echándole la culpa a todos los demás» resulta irresponsable, irrespetuoso y carente de profesionalismo.
Séptimo.- Urge al país que Rodrigo Chaves comience a gobernar y deje de atacar la estructura constitucional que juró cumplir, en vez de utilizar su pedantería para destruir el Estado de derecho.
Por tanto:
La Junta Directiva del Sindijud acuerda:
