La Contraloría General de la República puso contra las cuerdas el plan de crear un Gran Parque de Diversiones en puerto Limón, del que advirtió es un proyecto que carece de estudios que determinen la viabilidad técnica, financiera, presupuestaria y su impacto social.
Incluso destaca que el proyecto podría convertirse en una carga fiscal para el Estado en un contexto en que las finanzas públicas muestran poco margen de disposición económica.
La Contraloría cuestiona el plan del proyecto de utilizar para diferentes a los establecidos por ley el canon de fiscalización de la concesión de Moín.
También el ente contralor objeta que el parque sea creado dentro de la estructura de Japdeva sin formar parte de las competencias propias y originarias de la institución.
Para el desarrollo o implementación de iniciativas de esta naturaleza se requieren
estudios de factibilidad técnica, financiera, económica, de mercado y, en ocasiones,
ambientales y sociales, que permita maximizar los recursos y los beneficios que se
obtengan, destaca el pronunciamiento de la Contraloría suscrito por la
Licda. Vivian Castillo Calvo, Fiscaizadora y por el Lic. Iván Rodríguez Quesada, Gerente Asociado.
Cuestionan uso del canon
Para efectos de la utilización del canon de explotación que se
dispone en el numeral 33 de la Ley Orgánica de JAPDEVA, es fundamental conocer los
impactos económicos y sociales que traerá el proyecto a la región, incorporando en el
análisis criterios de priorización en zonas de bajo índice de desarrollo, metas, indicadores,
así como métricas de tiempo, costo, alcance y calidad para dar seguimiento y monitoreo a
cada uno de los programas y proyectos que se ejecutan, agrega la Contraloría.
Sin viabilidad técnica, financiera, presupuestaria
Persiste la ausencia de estudios técnicos que determinen de
manera concreta que abarca el proyecto propuesto, así como su viabilidad técnica,
presupuestaria, financiera, económica y su impacto social.
El pronunciamiento también resalta como “importante señalar que el aval estatal, el cual se establece en el
numeral 5 del texto consultado, presupone un análisis sobre la capacidad fiscal del
Estado, por cuanto podría eventualmente convertirse en un pasivo para el Estado y con
ello generar una mayor presión fiscal, en un contexto en el que las finanzas públicas
muestran poco margen de disposición económica, especialmente si no se cuenta con
todos los análisis que evidencien la viabilidad técnica, social y económica del proyecto
propuesto”.
La propuesta de ley es omisa ante eventuales situaciones en las que se
presenten resultados financieros deficitarios en la operación del proyecto, lo cual trae
consigo una serie de interrogantes, pues no se contempla quién asumirá dichas pérdidas, advierte el órgano contralor.
Persiste la norma relacionada con la
utilización del canon de fiscalización, sobre lo cual se indica que este tiene una finalidad
específica, en razón de que está destinado, de acuerdo con el artículo 14 inciso 1.a de la
Ley n.° 7762 Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, y la
cláusula 11.1.4.1 del Contrato de Concesión de la TCM, añade la Contraloría.
La disposición de
esos montos para otros fines distintos a los establecidos se haría en quebranto de esa
normativa y del propio contrato de concesión, con una clara afectación y debilitamiento del
sistema de control de la concesión, sostiene la respuesta ante la Asamblea Legislativa.
El proyecto de ley, tal y
como se indicó anteriormente, es omiso en ello, dado que no se aportan datos, análisis ni
estudios que determinen su viabilidad técnica, social y económica, cita la Contraloría.
Japdeva sin competencias
La autorización de
crear un parque de diversiones directamente por la estructura de JAPDEVA, no tiene
relación con las competencias legales que dieron origen a la citada institución, que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica de JAPDEVA, establece
que: “(…) se encargará de construir, administrar, operar, subcontratar, concesionar y
realizar cualquier otro mecanismo financiero que (…..) permita, para desarrollar los
servicios portuarios, (…) construcciones y mejoras, en los puertos marítimos y fluviales de
la Vertiente Atlántica (…) ”, remarca el análisis del ente contralor.
