Edgar Fonseca, editor/Foto Julieth Méndez, Casa Presidencial

Alexander Solís, presidente de la CNE, defendió ayer la legalidad de la contratación de la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) para la compra y suministro de víveres a familias de escasos recursos en el marco de la emergencia por la pandemia.

La contratación por un monto de ¢662 millones es investigada por la Fiscalía tras una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra los ministros Elián Villegas, Hacienda, André Garnier, Relación con sector privado, Pilar Garrido, Planificación, y Silvia Lara, Trabajo, así como el propio jerarca de la Comisión Nacional de Emergencias.

Solís sostuvo que para la contratación objetada por supuestas prohibiciones que afectan a los ministros, hubo “una resolución razonada de parte de nuestro departamento legal”.

“La Ley de Contratación Administrativa, per se, permite hacer una compra directa cuando hay un interés manifiesto, por apoyar a la administración y se entiende que hay un 30% o más de la reducción de los costos, nosotros revisamos la oferta, calculamos los costos de la logística y lo que implica movilizar esos recursos hasta cada uno de los territorios y eso nos daba para aplicar ese artículo”, aseveró sobre la negociación con AED.

“A partir de ahí –ratificó– se hace una resolución razonada de parte de nuestro departamento legal”.

“Ya en el marco específico de la prohibición lo que tengo entendido es que el artículo 22 bis, permite como una excepción a la norma, cuando medie la contratación por un interés manifiesto, es decir, cuando se aplica el artículo 139 se exceptúa de la prohibición, porque no hay un interés de lucro de la organización que oferta”, alegó Solís. 

“Ese es el escenario en el cual nosotros nos movemos”, enfatizó al ser consultado por este editor durante la conferencia sobre la evolución de la pandemia de covid-19 en el país.

“Ese es el actuar desde la Presidencia, el departamento Legal y el departamento de Proveeduría que es el que tiene que aplicar esta Ley de Contratación Administrativa”, insistió. 

“Eso –agregó– nos generó una compra a esta organización que equivale al 3.3% aproximadamente de lo que compramos”. 

El total de familias favorecidas, por este programa, según dicho jerarca, son 340 mil familias aproximadamente.

A AED le contrataron 10 mil raciones. 

“Eso es un monto más o menos de 660 millones aproximadamente lo que se contrató de más de 30 mil millones aproximadamente que vamos invirtiendo en el manejo de la emergencia”, amplió.  

AED: “punto focal” de una red global de alianzas público-privadas

Solís destacó a AED como un “punto focal” de una red global de alianzas público-privadas auspiciada por Naciones Unidas para la articulación del sector privado en materia de gestión de riesgos y atención de emergencias.

En ese marco, justificó, recibieron una oferta la primera semana de abril del año anterior a la administración.

“Se remite a la Casa Presidencial, al señor Presidente de la República, de intención de AED de colaborar con la administración en el manejo de esta pandemia y para ello ofrecen la venta de diarios, que es distinto a la donación, campañas que estaban organizando por su propia cuenta, de la venta de diarios por compra directa a sus empresas afiliadas con un 20% de descuento y facilitando instalaciones, centro de acopio, mano de obra y transporte para que esos suministros llegaran a cualquier parte del país”, detalló. 

Según Solís, la contratación se dio en el contexto de las solicitudes que vienen de todos los territorios, 82 cantones, 9 intendencias, que tenían en ese momento medidas sanitarias de restricción, personas que habían perdido el trabajo y demás. Había, dijo, una sobredemanda de raciones alimentarias.

“Consultamos al CNP. El CNP no podía sostener. De hecho, al CNP se le compra más o menos del 50-56% de lo que hemos adquirido de raciones alimentarias”, manifestó. 

En tal contexto, argumentó, “al haber un interés manifiesto de una organización, el artículo 139 inciso i, si mal no recuerdo, del reglamento de Ley de Contratación Administrativa , permite hacer una compra directa”.

“Y, ojo, que esto no es solamente en el marco de la vía de excepción. La Ley de Contratación Administrativa per se, permite hacer una compra directa cuando hay un interés manifiesto, por apoyar a la administración”, puntualizó.