Edgar Fonseca, editor/Foto diario La Prensa, Panamá
La Fiscalía de Costa Rica investiga un presunto delito de soborno transnacional en las obras de remodelación de la carretera nacional tres de este país adjudicadas en 2009 a la multinacional española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), según fuentes del Ministerio Público, informó este viernes el diario El País de Madrid.
Este editor consultó a la Fiscalía sobre dicha causa y confirmaron que desde el 15 de julio abrieron una investigación por el presunto delito de soborno transnacional.
“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que, desde el 15 de julio anterior, abrió una investigación por el presunto delito de soborno transnacional”, respondió Sharon Hernández, portavoz de la Fiscalía.
“El caso se tramita contra ignorado, es decir, de momento no hay personas imputadas individualizadas”, agregó la fuente oficial.
La firma española, según El País, ingresó por este proyecto 19,7 millones de euros, ($21.7 millones).
Las indagaciones arrancaron el pasado junio después de que la fiscal general costarricense, Emilia Navas, solicitara poner en marcha la maquinaria de las pesquisas tras una información de El País, consigna el diario español.
La noticia revelaba que la Policía de Andorra rastreaba los contratos de la constructora española por pagar comisiones ilegales para conseguir siete obras por valor de 434 millones de euros en Panamá, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica.
Las indagaciones sobre estas adjudicaciones se encuentran en una fase inicial, de “recolección y análisis de pruebas”, y no hay imputados, según señala la Fiscalía de Costa Rica en una respuesta oficial a este diario. Los investigadores evitan detallar sus movimientos amparándose en la confidencialidad.
El inicio de la causa fue adelantado por el periódico costarricense El Observador, cita El País de Madrid.
Un abogado arrestado
La empresa FCC respondió al diario El País que “no ha recibido ninguna notificación de esa supuesta investigación de la Fiscalía de Costa Rica”. La constructora afirmó en junio que los ejecutivos que suscribieron los contratos abandonaron la compañía y que esta prestará cuanta colaboración le sea requerida por la justicia.
La constructora –según dicho medio– consiguió los contratos bajo sospecha tras fichar al abogado español Mauricio Cort, un presunto conseguidor de 49 años que fue arrestado en Panamá dos semanas después de la publicación de la información.
El letrado –agrega el diario– ya fue condenado el pasado año en el país centroamericano a 48 meses de prisión por actuar como intermediario de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que protagonizó la mayor trama de sobornos de América. Tras contratar a Cort, que cobraba comisiones del 4% por obra adjudicada a FCC y que se embolsó 17,3 millones por sus servicios, la constructora se hizo con el contrato público de 19,7 millones para remodelar la carretera nacional tres de Costa Rica.
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Andorra investiga si FCC pagó sobornos para conseguir obras en Latinoamérica por 434 millones
La constructora recibió siete adjudicaciones tras fichar a un abogado vinculado a la trama Odebrecht
El País, Madrid
Tiene nueve páginas, fue firmado el 28 de abril de 2010 en Madrid y refleja comisiones del 4 % por obra. La Policía de Andorra indaga si el contrato que firmó la multinacional española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)con un abogado de Panamá ocultó un esquema de pago de sobornos. Un mecanismo para hacerse con adjudicaciones públicas por valor de 434 millones de euros en Panamá, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, según dos recientes informes confidenciales de los investigadores de este Principado a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
Tras suscribir el acuerdo con Mauricio Cort, un letrado español con nacionalidad panameña, FCC recibió siete de las diez adjudicaciones públicas recogidas en los anexos del contrato. Las obras sumaron 434 millones de euros y se ejecutaron entre 2010 y 2014, según las comprobaciones de este periódico.
Gracias a las gestiones del abogado, FCC consiguió proyectos en Panamá como el Hospital Luis Chicho Fábrega (127 millones de euros), la sede del tribunal electoral (27,6) el acceso del cauce del Pacífico del Canal (187) –en consorcio con las firmas ICA y Meco— o la rehabilitación del puente Centenario (27,6). También captó en Nicaragua la ejecución del complejo judicial central de Managua (13,8), el tramo cinco de la carretera Longitudinal Norte de El Salvador (31,2) y la mejora de la ruta nacional tres de Costa Rica (19,7).
FCC inició estas obras durante los mandatos de los expresidentes Ricardo Martinelli (Panamá), Daniel Ortega (Nicaragua) y Mauricio Funes (El Salvador).
Cort fue condenado el pasado año por un tribunal de Panamá a 48 meses de prisión por actuar como intermediario de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que protagonizó la mayor trama de sobornos de América. La Policía de Andorra rastrea sus movimientos. El motivo: Las cuatro cuentas que este letrado de 49 años manejó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) cobraron fondos millonarios de la constructora brasileña, según los investigadores.
La conexión con Odebrecht
Además, los agentes del país pirenaico analizan la conexión entre FCC y Odebrecht y la figura de Cort como nexo entre ambas compañías. Y apuntan a proyectos donde participaron las dos firmas, como la Línea 1 del metro de Panamá. Un consorcio de Odebrecht y FCC ejecutó en 2010 esta obra de 1.500 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción de España también ha puesto el foco sobre esta infraestructura en una investigación.
En el contrato firmado en 2010 entre FCC Construcción y Cort se recogía una “retribución” del 4 % por obra. El abogado habría cobrado 17,3 millones de euros por sus servicios.
Por parte de FCC Construcción suscribieron este acuerdo, que tuvo una duración de tres años, los entonces directores de América Latina y de Administración y Finanzas. Cort no apareció en el contrato. Sí lo hizo su sociedad Arados del Plata SA, de la que el abogado tiene el 100 % de las acciones, y Juan Carlos Siekavica, un “testaferro” del letrado, según un informe de la Policía de Andorra del pasado tres de abril.
“Los contratos no eran negociados por los firmantes. Se contrató a Cort porque facilitaba los accesos y canales para obtener las obras. Hasta donde yo sé no tengo constancia de que se hiciera algo malo. Es normal contratar a gente de otros países como interlocutores”, señala uno de los firmantes, hoy fuera de la constructora.
Aunque el contrato se firmó en abril 2010, el documento recoge en su punto cinco que las partes –FCC y Cort- “han venido colaborando” antes y “están interesadas en continuar su colaboración en el futuro”.
De hecho, la Policía de Andorra tiene acreditado que Cort usó su sociedad Arados del Plata SA para cobrar en la BPA 3,5 millones de dólares (3,1 millones de euros) por trabajos de intermediación a favor de FCC. El propio Cort justificó ante los gestores de este banco que el dinero procedía de la multinacional española, según un acta confidencial de la institución financiera del 7 de mayo de 2013. En el documento, la entidad duda de que el dinero que Cort movió en este país pirenaico blindado hasta 2017 por el secreto bancario fuera de él.
Los dos informes de la Policía de Andorra sobre FCC forman parte de la causa denominada Operación Pernambuco. Sus pesquisas rastrean los millonarios sobornos de Odebrecht a decenas de altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de Latinoamérica a cambio de adjudicaciones de obras.
FCC ha indicado a este periódico que ninguno de sus directivos y empleados está siendo investigado en Andorra por este caso. Y que los ejecutivos que suscribieron los contratos con Cort han abandonado la compañía. “FCC no hace comentarios sobre investigaciones judiciales en curso de las que no es parte. FCC presta cuanta colaboración le es requerida por órganos judiciales”, dice la constructora en un correo.
Cort eligió para depositar sus fondos la BPA, una entidad propiedad de los hermanos Higini y Ramón Cierco intervenida en marzo de 2015 por las autoridades de este país de 77.000 habitantes por un presunto caso de blanqueo de capitales. El banco abrió supuestamente decenas de cuentas a clientes sin advertir su condición de Personas Políticamente Expuestas (PEP), que es como se denomina en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por haber ocupado un cargo público, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo.
La trama Odebrecht, el presunto blanqueador asiático Gao Ping o los saqueadores de la petrolera estatal venezolana PDVSA eligieron esta institución financiera andorrana para ocultar su botín. En la denominada causa Petróleo, que indaga el expolio de la energética estatal venezolana, están procesados el que fuera director general y consejero delegado de la BPA Joan Pau Miquel y el exdirector de la Oficina Internacional de este banco Pablo Laplana.
Comisiones y cobros por “compensación”
La Policía de Andorra vincula en un informe del pasado 4 de abril las declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción española de Rodrigo Tacla, exabogado de la constructora brasileña Odebrecht —protagonista de la mayor trama de sobornos de América— con los pagos de FCC al abogado Mauricio Cort.
En el marco de una investigación del ministerio público español sobre adjudicaciones de FCC y Odebrecht en Panamá, Tacla indicó que los pagos (sobornos) a los hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) se canalizaron a través de la constructora española mediante operaciones de compensación (un sistema de blanqueo de capitales).
Según el informe de la Policía de Andorra: “Las manifestaciones de Tacla tienen aspectos bastante interesantes y de credibilidad respecto a la colaboración de Cort como puente de transacciones para ordenar pagos de sobornos a miembros del Gobierno panameño, abonos ilícitos, donde tanto nuestra investigación como las indagaciones internacionales consideran que FCC tenía un papel relevante. Las operaciones no señalan directamente a FCC. A nuestro entender, por lo que respecta a los beneficiarios finales, [la constructora española] se escuda o utiliza intermediarios y transacciones por compensación”.
Tacla exhibió a la Fiscalía Anticorrupción un correo del exdirectivo de Odebrecht Luiz Eduardo da Rocha donde este afirmaba que algunos pagos eran para FCC por “compensación”. Da Rocha negó el pasado julio la autoría de estos mensajes.
Cort ha declinado contestar a EL PAÍS. “Por imperio de Ley y en atención al secreto profesional al que estoy obligado, no comento temas profesionales en medios de comunicación ni a terceras personas”, zanja el abogado.
Ver diario La Prensa, Panamá
El juego comenzó con mucho análisis y pocas llegadas a marco, pero conforme fueron pasando los minutos la ofensiva iba a llegar. Uruguay se asomó primero, sin embargo, apareció Keylor Navas, quien demostró que su nivel sigue en el top y con un paradón ante un remate a quemarropa, evitaría lo que hubiera significado la primera anotación.