Más protestas desafían discurso amenazante de Ortega

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Jul 22, 2018

PuroPeriodismo.com/ Foto diario La Prensa, Managua

“No es un presidente, es un delincuente”, “No es un presidente, es un delincuente”. Los managuas volvieron a salir a las calles este sábado para exigir justicia por los más de 350 asesinados por el Gobierno y pedir la salida de Daniel Ortega del poder. Miles participaron en las dos marchas realizadas en la capital: “Solo el pueblo salva al pueblo” y “Masaya florecerás”, que se unieron antes de llegar a la rotonda Jean Paul Genie, informa el diario La Prensa de Managua.

“Que se vayan”, “Ortega y Somoza son la misma cosa”, “Fuera Ortega”, fueron algunas de las consignas que gritaban los manifestantes. “Daniel Ortega, ya no te queremos. Dejanos vivir en paz”, pidió una de las protestantes. Mientras recorrían las calles de la ciudad, pobladores salían de sus casas con banderas azul y blanco en señal de apoyo y los conductores sonaban el claxon.

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Nicaragua vive hoy su día 95 de protestas en contra del régimen. La represión gubernamental ha dejado ya más de 350 muertos y más de 2,000 heridos. En las manifestaciones participaban familiares de los asesinados.

Ver diario La Prensa, Managua

Remezón del Poder Judicial golpea al país, advierten empresarios

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Edgar Fonseca

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Jul 20, 2018

Edgar Fonseca, editor

El remezón en la Corte Suprema de Justicia con la sorpresiva salida, por jubilación, del magistrado presidente, la sanción de suspensión a cuatro magistrados y las investigaciones de la Fiscalía contra la presidenta de la Sala III así como de las actuaciones de funcionarios en relación con esos hechos, golpea al país, advierte el influyente sector empresarial a través de la UCCAEP.

Los empresarios califican de “crisis” el momento que atraviesa el Poder Judicial.

“Ante tanto cuestionamiento es preciso que se desarrolle una profunda investigación”, demandó Gonzalo Delgado, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado.

Esta semana trascendió el intempestivo retiro por jubilación del magistrado presidente, Carlos Chinchilla, quien adoptó tal decisión horas antes de ser sancionado el lunes con una suspensión de dos meses, sin goce de salario, junto a tres magistrados más de la Sala III.

La suspensión de Chinchilla, la magistrada presidenta de la Sala III, Doris Arias y de los también magistrados Jesús Ramírez y María Elena Gómez, fue dispuesta el lunes por la Corte Plena al revertir, bajo fuerte censura pública, una sanción de amonestación escrita dispuesta contra ellos una semana antes.

La sanción a los altos jueces se dio en medio de la polémica por una desestimación acogida por la Sala III de una causa por supuesto tráfico de influencias dictada a favor de los exdiputado Otto Guevara, Liberatorio, y Víctor Morales, independiente, en conexión con el escándalo del cemento chino.

Este viernes, la Fiscalía confirmó que investiga de la decisión de un juez contencioso de suspender la sanción a la magistrada Arias y que, a la vez, investiga a dicha juez por supuesto tráfico de influencias.

Empresarios preocupados

La suspensión de la fiscal Berenice Smith, la separación de cuatro magistrados de sus puestos por dos meses, el sorpresivo anuncio de que el expresidente de la Corte Suprema, Carlos Chinchilla, se acogía a su jubilación en medio de cuestionamientos y recientemente ahora la apertura de una investigación judicial contra dos magistradas y un juez, por resolver un trámite judicial de forma expedita, son causas de preocupación para el colectivo empresarial, reconoció su presidente Gonzalo Delgado.

Ante la crisis, en la que está envuelto el Poder Judicial, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, espera que la institución retome su rumbo, pues el prestigio, la institucionalidad y transparencia del país están siendo fuertemente golpeados, destacó un comunicado el ente empresarial esta tarde de viernes.

“No podemos permitir que por la crisis en el Poder Judicial, que quede en duda la institucionalidad de nuestro país, pues nuestra democracia y el estado de derecho, se sostienen en la fortaleza, independencia, pero sobre todo en la credibilidad del Poder Judicial y ante tanto cuestionamiento es preciso que se desarrolle una profunda investigación, que permita esclarecer las dudas sobre todos los detalles que han venido siendo publicados en la prensa nacional”, añadió Delgado.

Según el gremio empresarial, la Corte Suprema de Justicia, debe replantear su sistema de funcionamiento y consideramos que es necesario personal calificado, idóneo y principios éticos intachables.

Voto de confianza a Fiscala

Los empresarios le dan un espaldarazo a la posición asumida por la Fiscala General, Emilia Navas.

Por igual, UCCAEP reitera su confianza en la labor del Ministerio Público, y particularmente en la señora Fiscala General, Emilia Navas, a quien el sector empresarial le da su voto de confianza, con la esperanza de que procurarán llevar a cabo las investigaciones pertinentes con la mayor celeridad posible, y sobre todo con absoluta transparencia, que es lo que necesita en este momento el país.

Ortega acusa a obispos de golpistas

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Edgar Fonseca

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Jul 19, 2018

PuroPeriodismo.com/Foto diario La Prensa, Managua

El asediado presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, bajo la peor convulsión en 11 años de mandato, con más de 350 muertos, centenares de heridos, desaparecidos, detenidos, acusó este jueves de “golpistas” a los obispos católicos durante un acto de conmemoración del 39 aniversario del derrocamiento de la dictadura de Somoza y del arribo al poder por primera vez del Frente Sandinista en 1979.

“Yo pensaba que eran mediadores, pero no, estaban comprometidos con los golpistas, eran parte del plan de los golpistas”, dijo Ortega durante un acto de masas sandinistas celebrado en la Plaza La Fe Juan Pablo II, en Managua, reseña El Nuevo Diario.

El acto se dio sin la presencia de ningún mandatario extranjero salvo la presencia de los cancilleres de Cuba y Venezuela y del Nuncio Apostólico Stanislaw Waldermar Sommertag.

Este año el gobernante FSLN no movilizó a sus simpatizantes de los departamentos a Managua, como lo había hecho cada año.

Golpe de estado

Ortega acusó que se gestó un golpe de Estado en su contra, por parte de grupos internos y financiados por otros países.

Añadió que las protestas en contra de su gobierno no son pacíficas, sino que son armadas.

Por primera vez se refiere a la reunión que tuvo con los obispos, el pasado 7 de junio, cuando le presentaron lo que los religiosos definieron como una hoja de ruta para democratizar Nicaragua.

Para Ortega, la propuesta formaba parte del intento de golpe de Estado.

“Bueno esto es lo que ellos quieren realmente, yo pensaba que eran mediadores, pero no, estaban comprometidos con los golpistas, eran parte del plan de los golpistas”, dijo Ortega.

“Me duele mucho decir esto porque yo le tengo aprecio a los obispos, les tengo aprecio y respeto, soy católico… pero desgraciadamente siempre se impone la línea de la confrontación y no de la mediación. No acaban de comprender que una mediación es para sentar a las dos partes”, relató.

“Un golpe de Estado querían montar en Nicaragua… cuando me plantearon esto (los obispos), bueno me llené de la paciencia de Job y les dije: si quieren plantear esto en el diálogo, plantéenlo, pero se tiene que alcanzar un consenso”, continuó.

– Daniel Ortega dirige hoy un acto en Managua. EFE/END –

Dijo que la propuesta le asombró y le dolió que los “señores obispos tuvieran esa actitud de golpistas”, agregó Ortega, quien sostuvo que en ese momento para él la ilgesia Católica se descalificó como mediadora y testigo del diálogo nacional, “porque su mensaje claro fue el golpe (de Estado)”.

Nos calumnia, dice combativo obispo

El combativo obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, crítico feroz de la dictadura de Ortega calificó de calumnias el discurso del gobernante sandinista.

Tras el ataque de Ortega , monseñor Báez escribió en su cuenta de Twitter: “La Iglesia no sufre por ser calumniada, agredida y perseguida. Sufre por quienes han sido asesinados, por las familias que lloran, por los detenidos injustamente y por quienes huyen de la represión. Rezamos y estaremos a su lado siempre en nombre de Jesús”.

Ortega –según el diario La Prensa— se burló, además, de la jornada de ayuno y oración de exorcismo convocada por la Conferencia Episcopal. “Que exorcicen a los demonios que tienen ahí… que les digan que tenemos que restablecer la paz y estabilidad para que el país siga creciendo”, dijo Ortega.

Ortega, además acusó a la Iglesia Católica de cómplices de la actos de violencia. “Muchos templos fueron ocupados para guardar bombas y salir a atacar”, dijo.

Fiscalía investiga a magistrada por presunto tráfico de influencias

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Edgar Fonseca

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Jul 19, 2018

Edgar Fonseca, editor

El Ministerio Público confirmó este viernes que la Fiscalía General investiga a la magistrada Doris Arias, presidenta de la Sala III Penal, por el presunto delito de tráfico de influencias. La investigación está a cargo de la Fiscala General, Emilia Navas.

Dicha pesquisa es paralela a la investigación de la decisión del Juzgado Contencioso Civil de Hacienda que, en cuestión de tres horas, ordenó suspender la sanción de dos meses sin goce de salario, dispuesta por Corte Plena contra Arias. Esta causa es investigada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), anunció el Ministerio Público la tarde del jueves.

PuroPeriodismo.com consultó a la Fiscalía si a la magistrada Arias se le sigue causa por el presunto delito de tráfico de influencias y si dicha causa tiene relación con la investigación de la suspensión de su sanción. Igualmente se consultó si la magistrada ya rindió su declaración en dicha causa.

“Le confirmo esa información que usted menciona. La investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción es por el presunto delito de prevaricato, mientras que la causa contra la magistrada se lleva en la Fiscalía General por el presunto delito de tráfico de influencias”, respondió Tatiana Vargas, portavoz del Ministerio Público.

La magistrada, al tener inmunidad, no puede rendir declaración ante la Fiscalía. El procedimiento especial para juzgar a miembros de los Supremos Poderes establece que la Fiscalía General investiga pero no puede tomar la declaración indagatoria a la persona imputada, agregó Vargas.

Si se acusa el caso, se presenta a la Corte Suprema de Justicia con la solicitud de que esta admita la acusación y solicite a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad. Si la Asamblea quita la inmunidad, el caso regresa a la Corte Suprema para que se nombre un magistrado/a instructor/a de la causa. Hasta ese momento, esa persona instructora del expediente puede tomar la declaración a la persona acusada, afirmó la vocero judicial.

Sanción suspendida es investigada

Arias, presidenta de la Sala III, y otros tres magistrados de dicha instancia de la Corte Suprema de Justicia fueron sancionados el lunes anterior en medio de la polémica por la desestimación de una causa por supuesto tráfico de influencias que favoreció a los exlegisladores Otto Guevara, Libertario, y Víctor Morales, independiente, vinculados al escándalo del cemento chino.

También fueron sancionados los magistrados Carlos Chinchilla, hasta el lunes presidente de la Corte, y quien sorpresivamente anunció, a primera hora de ese día, que se jubilaba; Jesús Ramírez y María Elena Gómez.

La investigación contra los cuatro magistrados la instruyó el magistrado Román Solís quien estimó como falta grave haber acogido la desestimación de la causa contra los exlegisladores.

“Se está ante un error grave e injustificado en la administración de la justicia por parte de los magistrados de la Sala Tercera… omitir profundizar en ese informe de llamadas como elemento probatorio de peso, al menos realizar un ejercicio intelectual base para descartar su importancia y no simplemente referenciarlo (con base en las consideraciones del Ministerio Publico), es lo que se cataloga en este acto como un error grave e injustificado por parte de los investigados”, advirtió el magistrado Solís en el informe que remitió a Corte Plena.

El miércoles 11 de julio, Corte Plena, dividida, rechazó suspender a los cuatro magistrados y en su lugar dictó una amonestación por escrito.

El lunes 16 de julio, en medio de la creciente censura pública, los magistrados revirtieron la decisión.

Las magistradas Arias y Gómez defendieron el miércoles la decisión, alegaron que la basaron en razones técnicas y no en intereses políticos.

Presunto prevaricato

La Fiscalía anunció este jueves que investiga presunto prevaricado en la resolución dictada a favor de la magistrada Arias.

La resolución la dictó el juez interino de lo Contencioso, Alcevit Godínez Prado.

La Fiscalía Adjunta de Probidad confirmó –según la versión oficial– que a las 7:30 de la mañana del jueves abrió una causa penal por el presunto delito de prevaricato, para investigar la actuación y participación de las distintas personas funcionarias judiciales que tuvieron relación con el trámite judicial y la resolución de la medida cautelar solicitada por la magistrada Arias.

Dicha fiscalía ordenó a la policía judicial secuestrar elementos probatorios relevantes para la investigación, diligencia que está siendo ejecutada en los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial de San José. La diligencia que se realizó fue secuestro de documentos y no allanamiento, sostuvo el ente acusador.

La investigación se realiza de momento contra persona ignorada, añadió la versión oficial.
Por seguridad en la preservación de la prueba, la Fiscalía ha dispuesto que no se puede detallar sobre la evidencia localizada ni en aspectos adicionales del proceso penal, agregó el informe.

Pensiones de lujo, un abuso flagrante

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Edgar Fonseca

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Jul 19, 2018

Jorge Corrales, economista

No hay duda que la crisis fiscal y las propuestas de reformar una serie de privilegios contenidos en los pluses salariales, que pululan en la administración pública, han logrado una enorme virtud imprevista: han salido a la luz una serie de situaciones abusivas, displicentes, acomodaticias, de arrastrar los pies en la toma de decisiones, de claros abusos con los fondos públicos aportados por los contribuyentes, en vez de tomar las medidas correctivas moralmente indispensables, sin pretender gravar con más impuestos a la ciudadanía.

Una de ellas la describe La Nación del 9 de junio, bajo el encabezado “Gobierno de Solís le dio largas a rebaja en las pensiones de lujo: En últimos ocho meses, rehusó pedidos de Ottón Solís.”

Resulta que, de acuerdo con la Ley 7531 de 1995, “Reforma Integral de Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio,” por la cual los jubilados bajo ese régimen que recibían entre ₡3.8 millones y ₡11.2 millones (¡casi nada!), deberían darle al estado entre un 25 y un 75% de esos montos en exceso de ₡3.8 millones (¡sigue siendo un montón de plata!), como contribución solidaria para dar sostén a un abusado sistema de pensiones del magisterio, cuya supervivencia depende del cobro de impuestos a toda la ciudadanía.

Pero, en agosto del 2017, el diputado Ottón Solís le advirtió al gobierno de Luis Guillermo Solís, que “325 pensionados no estaban pagando la contribución solidaria” y que buscara “recuperar los montos no pagados durante los últimos 23 años.”

No fue sino hasta abril del año siguiente (8 meses después), cuando el ministerio de Hacienda reconoció que Ottón Solís estaba en lo correcto.

Afortunadamente, ya el presidente Alvarado decidió proceder a dicho cobro y recuperar lo no pagado por los pensionados de lujo en esos últimos 23 años.

¿Cómo fue el vía crucis burocrático? Que ante aquella nota del diputado Solís, el ministro Helio Fallas respondió, tres meses después (noviembre del 2017), que no se podía hacer el rebajo por razones de “legalidad” y porque aquellas pensiones en su plenitud eran producto de “actos declarativos de derechos subjetivos, revestidos de presunción de legalidad.” Esto no lo entiendo, pues claramente existía aquella Ley 7531, que legitimaba esa rebaja como una contribución solidaria.

Luego, una resolución del Procuraduría de la República de marzo del 2017 le dio razón al diputado Solís y que el grupo de pensionados del magisterio que debería pagar “no se encontraba exento de la contribución especial.”

Así pasó el tiempo, no fue sino hasta que la burocracia de Hacienda estuvo en capacidad, y 8 meses después de que Ottón Solís lo advirtiera, cuando, al fin, el gobierno pasado reconoció que debería hacer ese cobro. Dar más largas no podemos imaginárnoslas. No, en verdad, ¡sí lo podemos imaginar!, dado el arrastre de pies en estas cosas de ordenamiento del gasto público que caracterizó al gobierno anterior.

Ahora debemos estar alerta para que el gobierno ineficiente -si bien estimulados por la apropiada prisa del gobierno de Alvarado en cobrar el abuso- efectivamente haga la recuperación de esos fondos… pero rápidamente. Y que no nos metan en el jueguito de si quien debe hacer el cobro es la Junta de Pensiones del Magisterio o la Dirección Nacional de Pensiones o el Ministerio de Hacienda o la Superintendencia de Pensiones: el que sea, pero pronto, pues el abuso es flagrante y, de paso, injusto con todos los costarricenses, que hemos aportado los fondos en montos suficientes para otorgar a plenitud esas pensiones de privilegio. Deben recuperarse esos casi ₡1.800 millones anuales. Incluso, ¿qué tal cobrar intereses por esos fondos pagados de más?