Editorial diario La Prensa, Managua, 1.º de noviembre 2021/Ilustración Manuel Guillén
Esta es la expresión verbal, irónica pero exacta, que está en boca de muchos ciudadanos nicaragüenses ante la cercanía de las votaciones del 7 de noviembre.
En realidad, ocho distinguidas personas de distintos sectores de la sociedad nicaragüense, que se postularon públicamente como precandidatos presidenciales, son ahora presos políticos bajo la acusación del régimen de que cometieron supuestos delitos contra el país y el Estado.
Vale la pena mencionar por sus nombres y apellidos a esos presos políticos, que tenían la pretensión de ejercer su derecho constitucional de aspirar a la Presidencia de la República. Y pasaron a la historia porque por querer alcanzar la Presidencia del país fueron enviados a la cárcel.
Una, Cristiana Chamorro Barrios, independiente; dos, Félix Maradiaga, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB); tres, Miguel Mora, del Partido Restauración Democrática (PRD); cuatro, Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica; cinco, Arturo Cruz, independiente; seis, Noel Vidaurre, conservador; siete, Luis Fley, del partido Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), y ocho, Medardo Mairena, del Movimiento Campesino.
Únicamente uno de ellos podía ser inscrito oficialmente como candidato presidencial, pues solo había una casilla electoral disponible. Esta era la del partido Ciudadanos por la Libertad, al que finalmente le fue cancelada la personalidad jurídica, y a su presidenta y representante legal, señora Kitty Monterrey, le cancelaron la nacionalidad y ciudadanía nicaragüense y tuvo que abandonar furtivamente el país.
Uno de esos ocho precandidatos presidenciales debía ser escogido por CXL, y enfrentar como candidato de toda la oposición al veterano caudillo sandinista, Daniel Ortega Saavedra. Pero eso solo podía ser en el hipotético caso de que las elecciones fuesen competitivas y correcto el conteo de los votos.
Lo cierto es que cualquiera de las personas que quisieron ser candidatos presidenciales en la casilla opositora de CxL, hubiera derrotado electoralmente a Ortega. Así lo indican los números de la encuesta de CID-Gallup presentados en octubre. Pero en vez de eso —y tal vez por eso— fueron a parar a la cárcel.
Como recordarán quienes dan seguimiento al proceso político nicaragüense, la encuesta de CID-Gallup mostró que Juan Sebastián Chamorro tenía en ese momento 63 por ciento de opinión favorable; Cristiana Chamorro, 62 por ciento; Miguel Mora, 56 por ciento; Félix Maradiaga, 56 por ciento; Medardo Mairena, 53 por ciento, y Arturo Cruz, 52 por ciento. En cambio Ortega tuvo 34 por ciento y salió mejor su esposa, doña Rosario Murillo, con 37 por ciento. Pero ambos con opinión desfavorable de 64 y 60 por ciento respectivamente.
A partir de esos números, la estimación global de CID-Gallup es que el candidato único opositor podía vencer a Ortega con 65 por ciento de la votación.
Por ahora se ha perdido la oportunidad de reconstruir la unidad nacional y el Estado democrático conforme a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Sin embargo eso no significa que la pérdida sea para siempre.
El camino electoral seguirá siendo el único viable para reunir a los nicaragüenses en un proyecto de nación, dejando atrás al plan partidista, sectario y excluyente. Porque la alternativa es la violencia, que no solo no la quiere la mayoría sino que agrava los grandes problemas nacionales en vez de resolverlos, como lo demuestra la historia nacional de manera dolorosa, pero clara y convincente.
