Edgar Fonseca, editor

A las puertas de una decisión crucial de Sala IV en cuanto a la constitucionalidad de la nueva Ley Marco de Empleo Público, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Cruz Castro, arremetió contra dicha normativa y advirtió que se trata de una “imposición” entre poderes que deja “el cascarón” para que, en la eventual amenaza de un régimen autoritario en el país, se neutralice aún más al Poder Judicial.

“Esa ley de Empleo Público deja el cascarón para que un gobierno autoritario fácilmente pueda aún más neutralizar al Poder Judicial”, sentenció durante una amplia entrevista con este editor el miércoles 21 de julio. La entrevista la divulgamos este martes desde las plataformas de los sitios PuroPeriodismo.com y SociHable Comunicaciones.

Cruz defendió la consulta de constitucionalidad hecha por una mayoría de magistrados que se suma a otra hecha por diputados tras la aprobación de dicha ley en primer debate con 32 votos, el 17 de junio, como parte de una agenda de proyectos acordada con el FMI para que el país acceda a un crédito por $1.778 millones aprobado el 19 de julio.

Otro grupo de diputados presentó una coadyuvancia a la consulta planteada por sus colegas legisladores en que refutan los cuestionamientos y avalan la aprobación de la ley.

La Sala IV se pronuncia en cualquier momento.

Cochinilla, probar más allá de la duda

El magistrado Cruz fue también consultado sobre el megaescándalo del caso Cochinilla y advirtió que deberá pasar por el tamiz del sistema judicial.

“Los juicios no son como un partido de fútbol”, respondió.

“Usted tiene que demostrar y que un juez se convenza de que usted es culpable y ahí están de por medio una gran cantidad  de garantías entre ellas la de tipicidad. Lo que sí debe tratar de hacer el Poder Judicial es que haya celeridad pero no puede garantizar condenas porque ahí esta esa persona acusada frente al Estado junto a sus defensores para desafiar al Estado y que el Estado siempre esté en un nivel de igualdad para demostrar su culpabilidad”, amplió.

“Yo no creo que el Poder Judicial tenga que garantizar siempre las condenas”, puntualizó.

“Yo puedo pensar como ciudadano que esa persona es culpable pero el que define quien es culpable es el juez”, aseveró.

Salida forzada de exfiscala general golpeó al Poder Judicial

Cruz admitió que la controversial jubilación de la exfiscala general, Emilia Navas, el 29 de junio, golpeó aún más la imagen del Poder Judicial.

Navas se retiró de su cargo presionada por crecientes críticas debido a sus inhibitorias en seis causas, entre ellos el escándalo Cochinilla, dado su parentesco con el abogado Francisco Campos, su esposo, defensor de varios de los acusados en dicho caso.

“Las motivaciones de doña Emilia las entiendo, no entro a valorarlas pero, estando en medio de este caso tan tempestuoso, que tenga que irse aceleradamente por supuesto que genera una gran cantidad de interrogantes y, sí, perjudica y viene a darle un debilitamiento a la imagen del Ministerio Público que es la imagen del sistema judicial”, reconoció.

Lo que está de por medio es la división de poderes

El magistrado Cruz defendió con vehemencia sus críticas posiciones frente a la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, #9635 de diciembre 2018, y la del Empleo Público, bajo trámite, que lo llevaron a separarse de su conocimiento en estrados judiciales.

Negó que con ello defienda privilegios del sector judicial sino derechos adquiridos, como le cuestionan desde diversos sectores.

La ley de Empleo Público, afirmó, es la “cereza del pastel” de una política fiscalista frente a la crisis económica que atraviesa el país “porque lo que hace es controlar nombramientos, controlar salarios y controlar disciplina, o sea nosotros quedamos adscritos al Ministerio de Planificación, una cosa realmente inusitada”.

Pero, más allá de ello, el presidente de la Corte aseveró que lo que hay de por medio es una “imposición entre poderes”.

“El Poder Judicial –sostuvo– ha asumido con responsabilidad la crisis porque tenemos dos años de no crecer en plazas y eso desde el punto de vista del servicio no es lo normal. No digo que deba haber un crecimiento desmesurado de plazas, pero las demandas de servicio por el crecimiento de la población lo señalan, pero debemos asumir con responsabilidad y he coordinado con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial lo ha hecho en el tema hacendario y de estrechez fiscal”.

“Nosotros no es que desconocemos el tema salarial y el tema fiscal, lo que pasa es que el principio que está en juego no es el tema económico, que es un tema importante, sino la división de poderes y por esa razón es que hay esa discrepancia con el Poder Ejecutivo y con el parlamento, pero está de por medio algo más que el tema economicista o el tema fiscalista”, puntualizó.

¿Por qué la división de poderes de por medio?

-Porque, por supuesto, si usted pone en la Ley de Empleo Público a un ministerio a supervisar el Poder Judicial, usted está socavando la independencia de poderes. Ese es el tema central. Pero para el común de las personas eso no es importante.

Es más esa ley de Empleo Público deja el cascarón para que un gobierno autoritario fácilmente pueda aún más neutralizar al Poder Judicial. Puede haber buena intención y hay buena intención en esto, pero eso que están haciendo nos puede dar un golpe tremendo para que neutralicen al Poder Judicial.

Yo quiero ver una sociedad con un Poder Judicial que no garantiza, que no tiene esa independencia institucional para poder garantizar juicios justos, imparcialidad política, etcétera.

Ya lo han visto en otras sociedades, pero la verdad es que más allá del tema económico es el Ministerio de Planificación supervisando al Poder Judicial en disciplina, en crecimiento de plazas y en salarios. Eso me parece muy grave. No tiene nada que ver el tema económico, porque el tema económico desde la instancia del Poder Judicial coordinando con el parlamento y el Poder Ejecutivo se puede resolver perfectamente pero cada uno en su lugar. Coordinación de poderes y no sometimiento de poderes. 

-¿A qué atribuye esta fricción?

-No es fricción, es una visión economicista que hemos tenido en los últimos 15 o 20 años que la situación económica se resuelve con regla fiscal, con limitaciones de derechos sociales, etcétera. El deterioro que vamos a tener en el estado social va ser muy grande, porque la regla fiscal es una camisa de fuerza a la cual no se sustrae por supuesto el Poder Judicial, de manera que lo que hay es una visión distinta, ya ¿para qué vamos a tener derechos? Lo más importante es tener trabajo,  es cierto, y lo demás que esperen: derechos sindicales, salarios que sean en disminución, todo eso pierde importancia frente a una crisis fiscal, que es cierta, pero que tiene un mensaje de que lo más importante no son derechos sociales, incluido por supuesto el tema ambiental, sino que lo más importante es el equilibrio fiscal, que es muy significativo, pero cuando usted tiene esa ley que lo que hace es incidir en universidades, en convenciones colectivas, en el Poder Judicial y en otros que no tocaron, por razones políticas, a mí me parece que lo que hay de por medio es una visión muy fiscalista.

–Al asumir usted insistió mucho que defendería intensamente la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué ese énfasis suyo en defender la independencia del ámbito judicial?

-Creo que siempre es una controversia que está presente en el quehacer judicial, porque es el poder más débil de los tres. El Poder Ejecutivo y Legislativo se mueven con una gran soltura y son los que hacen las leyes y son los que designan magistrados y magistradas, de tal manera que la incidencia que tiene el parlamento y el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial es muy grande y por esa razón a mí me pareció que era muy significativo esa defensa que está traducida en los proyectos de ley o los estudios que se planteó la Corte después de la crisis del 2017, y ahí estaban pendientes y todavía están pendientes algunos, así que esa es la razón para haberlo hecho. Más bien eso se concretó todavía más con el proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que, a mi juicio, en algunos elementos o aspectos venían a tener una injerencias sobre la independencia judicial, tema sobre el cual el Relator de Naciones Unidas, que dio sus dos informes en el 2018 y en el 2019, especialmente se refirió al fortalecimiento de las finanzas y decía que incidía en la independencia del Poder Judicial. Lo que pasa es que las necesidades fiscales, las visiones desde el parlamento y el Poder Ejecutivo no han tomado en cuenta esa consideración. Yo tenía y tengo que valorarlo y hacerlo así con el apoyo de Corte, porque Corte en el tema de fortalecimiento dio un dictamen negativo, que es muy extenso en el que señala que hay elementos de esa ley que no podían incidir en la independencia, uno de ellos especialmente en tema salarial.

La definición salarial es un tema que corresponde al Poder Judicial, como lo dice el relator, aspecto sobre el cual en ese momento no lo aceptó parlamento y no lo aceptó el Poder Ejecutivo, pero por supuesto cuando se hace la consulta a la Sala Constitucional, la Sala le dice al Poder Ejecutivo y al parlamento que ustedes pueden pasar la Ley de Fortalecimiento con un procedimiento abreviado, pero tienen que tomar en cuenta que queda excluido de eso la Ley de Salarios del Poder Judicial, el estatuto judicial, y la ley orgánica del Poder Judicial lo dice expresamente. Lo que pasa es que por la redacción del fallo no se la hecho caso y, finalmente, ni siquiera la Controlaría le hizo caso, pero eso está pendiente, porque la Sala dijo muy claro que en esos temas de salario y de carrera judicial, el estatuto, etcétera., eso no podía tener incidencia la Ley de Fortalecimiento, eso lo he venido diciendo, pero la lectura que los medios hacen de eso es que eso no dijo la Sala. Si la Sala no hubiera dicho eso, no hubieran podido aprobar la Ley de Fortalecimiento, porque requerían 38 votos, y ese procedimiento no permite que si algo requiere 38 votos se apruebe.

–¿Cuánto le ha afectado al Poder Judicial?

-Le ha afectado porque nos ha impedido determinar el tema salarial y por supuesto que nos hemos adaptado porque nosotros hicimos una interpretación conforme a ese fallo, pero la Contraloría nos dio un mandato. El mandato bajo protesta fue acatado y entonces todo lo que dice la Ley de Fortalecimiento está en vigencia en el Poder Judicial, sin duda, con una disminución sustancial de salarios, que de todas maneras yo no entiendo por qué en la opinión pública se tiene la idea que los gastos del Poder Judicial se han hecho gigantescos, cuando nosotros los que representamos es un 5% del total del presupuesto del Estado, un 5 o 6 lo más. 

–¿Cuánto afecta esto la independencia de la función jurisdiccional?

-Lo afecta porque, claro, la discusión es que para algunos señores diputados y para el Poder Ejecutivo la definición salarial no es un tema de la independecia judicial, el salario es un tema que lo puede definir una autoridad administrativa, pero claro, desconociendo lo que la Sala Constitucional dijo en su fallo cuando le consultaron. No sé por qué se ha desconocido eso que dijo la Sala, está pendiente, pero esa es la polémica, vea que de todas maneras yo puedo desde el parlamento y desde la presidencia con la Contraloría respaldándome, yo puedo anular la independencia o disminuir o reducir la independencia y no estamos solos porque el relator de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, nos dio la razón. Perdone que lo interrumpa…

Esto se viene agravar con la Ley de Empleo Público, ahí sí que ya eso es la cereza en el pastel sobre el tema, porque entonces ya entran otros temas todavía de mayor intervención tanto que yo he dicho que quedamos tan adscritos a Planificación, que nosotros en realidad no vamos a ser Poder Judicial, sino Planificación Judicial.

–¿Por qué la cereza del pastel?

-Porque lo que hace es controlar nombramientos, controlar salarios y controlar disciplina, o sea nosotros quedamos adscritos al Ministerio de Planificación, una cosa realmente inusitada, que como bien lo dijo Carlos Arguedas, esta Ley de Empleo Público es reforma del Estado hecha a través de una ley, o sea ya no se necesita hacer una comisión.

Esto es una reforma del Estado … y todo por razones económicas, es decir, se presume que los salarios del Poder Judicial son demasiado faraónicos o excesivos y entonces hay que controlar y no sé por qué el tema disciplinario. Pero yo creo que si ha habido una incidencia negativa para el Poder Judicial en la relación a la división de poderes es esa y nosotros como Poder Judicial no nos hemos opuesto al salario global, porque la Corte aprobó ir hacia el salario global, pero eso es distinto hacerlo como poderes que coordinan, a hacerlo mediante la imposición de una ley.

–¿Usted cree que se da la imposición?

-Por supuesto, claro que sí. Cuatro veces la Sala, la Corte le ha dicho al Poder Legislativo que esto incide en la independencia y la ley siguió como debía seguir.

–Tanto en la ley de Fortalecimiento Fiscal como en la de Empleo Público usted mantuvo posiciones muy vehementes al punto que ha tenido que abstenerse de conocer esos casos. ¿En qué sustenta esa posición para convencer la opinión pública de qué es lo correcto?  

-Qué difícil convencer la opinión pública cuando tienen años de estar diciendo que el sector público es un sector que no tiene evaluación del desempeño, que los empleados públicos ganan salarios exorbitantes, que hay un desperdicio de recursos y entonces claro muy difícil en ese ambiente convencerlos.

Yo tengo que defender lo que creo que es justo para el Poder Judicial, tampoco desconozco que debe haber una limitación y debe haber una racionalidad en los recursos, pero una cosa es hacerlo en coordinación de poderes  y otra cosa es que la ley, sabiendo que la Corte tiene sus reparos a eso, se imponga de esa manera y no puedo entonces por mi conciencia y tanto años de estar en el Poder Judicial dejar de hacerlo, ahora.

Aquí hay una cuestión positiva y es que lo estamos haciendo dentro del marco de la ley, del marco de la institucionalidad, le hacemos una consulta a la Sala Constitucional, planteamos nuestras objeciones al parlamento y ese es el marco del juego. Lo que pasa es que a mí me llama la atención que las personas creen que el Poder Judicial es silencioso. No, el Poder Judicial tiene el derecho por lo menos de exponer su posición frente a ese tema, pero me parece que, en general, hay como una idea que es inconveniente que el Poder Judicial recurra a la Sala o le diga al parlamento que no le parece que eso sea así, quizá porque se piensa que como estamos desperdiciando recursos entre comillas, entonces nosotros queremos seguir desperdiciando recursos, lo cual me parece que es equivocado, porque nosotros podemos técnicamente determinar, y lo hacemos, los recursos para salarios y debe pagarse bien a los jueces.

Debo señalar, que el Poder Judicial no tiene convención colectiva, los empleados funcionarios del Poder Judicial no están protegidos o tutelados por una convención colectiva que es otro tema que concita mucha oposición y mucha crítica.

–¿Cuál es su posición en cuanto a que lo que defienden son privilegios?

Bueno, me llama la atención que primero, derechos adquiridos son derechos adquiridos.

Creo que, de todas maneras, la ley no se puede aplicar retroactivamente, el régimen nuevo de la Ley de Fortalecimiento es para los que van ingresando de nuevo ingreso, porque es una garantía fundamental.

Si fuera por derechos adquiridos entonces nosotros las concesiones mal dadas deberíamos de eliminarlas y no tenemos que indemnizar, pero para el común de las personas el asalariado público no tiene derechos adquiridos, pero las empresas que hacen concesiones, las que se les dan régimen especial tributario en zonas francas, esas sí no se les puede eliminar esos derechos porque son derechos adquiridos.

Me llama la atención que el ciudadano común piensa que el funcionario no tiene derechos adquiridos, ¿será que en el sector privado — por supuesto la situación puede ser muy difícil para quienes trabajan en el sector privado–, no hay derechos adquiridos? Los derechos adquiridos es una institución jurídica de muy vieja edad y no son privilegios.

En todo caso, los privilegios no están porque si usted tiene un salario excesivo usted puede recurrir a la Sala Constitucional para decir que este salario es desmedido, y la Sala le puede dar la razón, así que no es defensa del privilegio, porque nosotros mismos el año pasado o el antepasado, señalamos que podemos movernos hacia un salario único o salario global, que es como la panacea para decir que vamos a economizar recursos que es un tema muy importante y que yo no desconozco.

–¿A que atribuye que se crea que lo que ustedes están defendiendo son privilegios?

-Hay una orientación que frente a la crisis todos debemos de poner algo, claro que sí, así es, pero frente a la crisis yo no puedo desconocer derechos adquiridos, pero los derechos adquiridos no están en discusión, porque la ley no se puede aplicar retroactivamente y además lo que hemos dicho es que el tema no es si es el cuánto de un salario, cuánto debe ser, yo no lo sé, eso es un tema técnico.

Lo que hemos dicho es que el Ministerio de Planificación no puede incidir en el control disciplinario, en los nombramientos y en los salarios, y los salarios tienen que determinarse técnicamente.

Nadie está diciendo que los salarios se pueden determinar porque a mí me da la gana, porque eso es otra cosa.

Hay una serie de factores, uno de ellos es la competitividad.  

Por ejemplo si usted tiene un fiscal que tiene 15 años de ser fiscal, ¿cómo va querer que compita con los bufetes privados de renombre que le van a ofrecer trabajo? Usted tiene que darle un reconocimiento salarial que en el salario global se reconoce para que esa persona pueda mantenerse en el trabajo, no para que se haga millonario, pero sí para que su salario esté de acorde con la experiencia.

No es lo mismo un fiscal que empezó hace dos años, a uno que tiene 20 años de ser fiscal, no le puede pagar lo mismo, pero claro como el tema salarial se convirtió en un tema irrelevante, ese es el problema.

Me parece que las personas creen que lo que estamos defendiendo es eso y yo creo que algunos, hasta constitucionalistas, han dicho eso, que el Poder Judicial se opone a la Ley de Empleo Público para mantener sus privilegios.