Edgar Fonseca, editor/Foto Twitter Carlos Alvarado Q.
El Fiscal Subrogante del megaescándalo Cochinilla, Miguel Ramírez Mata, ve desde hoy una denuncia interpuesta contra el ministro Rodolfo Méndez Mata, por supuesto incumplimiento de deberes, informó la Fiscalía.
La denuncia la tramitó la Fiscalía Anticorrupción.
El fiscal subrogante Ramírez López, confirmó que hoy recibió dicha denuncia en contra del ministro Méndez, de parte de la Fiscalía Anticorrupción, respondió Sharon Hernández, portavoz de la Fiscalía ante consulta de PuroPeriodismo.
Agregó que a dicha denuncia se le asignó el número de expediente 21-000250-1220-PE, por el presunto delito de incumplimiento de deberes, sin perjuicio de que se puedan incluir otros tipos de delito conforme avance la investigación.
Méndez Mata reaccionó sorprendido por la magnitud de las revelaciones del caso que involucra al menos a 13 funcionarios de CONAVI.
El jerarca, de 84 años, catalogado como el ministro estrella de esta administración, impulsó a lo largo del periodo obras clave de infraestructura en todo el país.
El escándalo estalló el 14 de junio tras 57 allanamientos y 39 detenciones ejecutadas por OIJ y Fiscalía contra una red de funcionarios y particulares supuestamente vinculada a sobornos y dádivas en las contrataciones y trámites tes de obras pública.
Walter Espinoza, director OIJ, estimó que el eventual daño al Estado alcanza unos ¢78 mil millones ($125 millones).
Entre los detenidos hay jerarcas de diferentes niveles de CONAVI así como empresarios de firmas del sector de la construcción de obra pública entre ellas MECO, H Solís y Herrera en San Carlos.
Tras las revelaciones, Méndez Mata oirdenó intervnier CONAVI.
E presidente Carlos Alvarado le encomendó dicha intervención y le dio su respaldo.
Jueza anuncia medidas cautelares el sábado
La jueza penal Carolina Lizano Salazar anunciará el sábado las medidas cautelares dispuestas en el caso de los 28 detenidos por el megaescándalo Cochinilla en que autoridades de OIJ y la Fiscalía denuncian la existencia de una red de de sobornos y dádivas en contrataciones de obra pública.
Así trascendió este miércoles al concluir la audiencia de fiscales y defensores para fijar dichas medidas.
La denuncia la atiende el fiscal subrogante designado para el caso Cochinilla, Miguel Ramírez.
Medidas las anuncian sábado
Las medidas cautelares que fije el Juzgado Penal de Hacienda serán conocidas por las partes a partir de la 1:30 p.m.
Defensores de algunos de los detenidos cuestionan la prolongada permanencia de sus clientes en celdas judiciales desde el 14 de junio en que arribaron tras 57 allanamientos y 30 detenciones.
El caso es el mayor golpe de autoridades judiciales contra una presunta red de sobornos y dádivas en trámites de obra pública desde los escándalos que enfrentaron los expedientes Rodriguez y Calderón en 2004.
Entre los detenidos figuran al menos 13 funcionarios de COSEVI y representantes de empresas del sector construcción de obra pública, entre ellas MECO, H Solís y Herrera, de San Carlos.
Fiscalía entre prisión y suspensión de cargos
Aparte de pedir un año de prisión preventiva para 14 de los detenidos, entre ellos 4 funcionarios, la Fiscalía de Anticorrupción confirmó este miércoles que pidió separar de sus cargos, a 11 funcionarios, en su mayoría de CONAVI, vinculados a las investigaciones.
Los 14 detenidos contra los que pidió un año de prisión preventiva son: Cerdas Araya, González Carballo, Bolaños Salazar, Solís Vargas (mujer), Martínez Martínez, Solís Murillo, Arce Alpízar, Madrigal Rímula (funcionaria pública), Fallas Zúñiga (funcionario público), Herrera Chacón, Cervantes Morales, Abarca Quesada, Carmona Rivas (funcionaria pública), Mora Obando (funcionario público).
Al justificar el pedido de un año de prisión, los fiscales razonaron, el 17 de junio anterior, la probabilidad de la autoría de cada una de las personas implicadas, así como los peligros procesales existentes, los cuales, señaló la Fiscalía, son peligro de fuga, de obstaculización de la investigación y continuidad delictiva.
La Fiscalía ratificó que las medidas cautelares que requirieron al Juzgado Penal son proporcionales, necesarias y racionales para cada persona imputada, para, de este modo, garantizar el sometimiento y fines del proceso penal de cada una.
Suspensión de cargo para 11
Dicha Fiscalía informó este miércoles que, contra otras 16 personas imputadas en la causa 19-000025-1218-PE, 11 de ellas funcionarios, solicitó las siguientes medidas cautelares:
-no acercarse a los testigos de la causa al menos a 500 metros.
-firmar una vez al mes.
-prohibición de salir sin autorización del país.
Contra los que ostentan un puesto en la función pública se solicitó la suspensión del cargo, y, en relación con quienes no son funcionarios, se pidió ordenar la prohibición de realizar contratos con la Administración Pública, agregó Daniel Quesada, portavoz judicial.
Según la Fiscalía entre los funcionarios investigados figuran: Chaves Mora, Rojas Monge, May Cantillano, Zamora Zamora, Rodríguez Araya, Sánchez castro, Rivera Campo, Quesada Pérez, Ortiz Vega, Lobo Bejarano, Monge Hernández, Ureña Villalobos.
Como exfuncionarios identifica a: Quesada Aguirre y Solís Vargas, mujer.
También menciona a dos particulares de apellidos Bonilla Guillén, mujer, y Castro Rodríguez.
9 habeas corpus
Hasta este miércoles habìan sido presentados ante Sala IV 9 recursos de habeas corpus en procura de la libertad inmediata de los detenidos.
De siete de los recursos se informó que ya fue cursada su tramitación, lo que implica que fue acogida para estudio y que se emplazó a la autoridad recurrida para que aporte u informe sobre los hechos que se le achacan.
Ottos dos permanecen en estudio de admisibilidad.
Entre quienes figuran con recursos interpuestos, según se informó, está Sonia Solís de la firma constructora H Solís, detenida junto a su hermana Mélida Solís.
También aparece un recurso interpuesto a favor de Tobías Arce Alpízar quien labora para la constructora MECO.
Uno de los recursos aboga por los derechos de los 41 investigados en este caso.
Otro en estudio de admisibilidad lo interpusieron a favor de 33 de los investigados.
Los recursos han sido interpuestos al prolongarse la detención en celdas judiciales de 28 de las 30 personas detenidas inicialmente.
Entre los alegatos de los afectados figuran supuesta violación al principio de proporcionalidad y razonabilidad por la detención y privación de libertad; vulneración de la libertad procesal; tutela del derecho a la vida, la salud y la libertad.
Los recurrentes alegan la violación entre otros artículos del 48 de la Constitución Política que establece: ” Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10.”
También invocan el artículo 37 del cuerpo constitucional que consigna: “Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas”.
En algunos de los recursos se alega violación de los artículos 6 y 7 de la convencion Americana de Derechos Humaos
El 7 en lo particular señala: “
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
Empresaria a clínica CCSS
La empresaria Mélida Solís de la firma constructora H Solís, investigada y detenida en este caso, fue trasladada ayer por la tarde a a una clínica CCSS por razones de salud.
El traslado de Solís se dio tras 9 días de permanecer detenida en celdas judiciales junto a otros 28 investigados que aguardan medidas cautelares por parte de una jueza penal.
Esta mañana no se había informado cuánto tiempo permaneció Solís y en cuál clínica.
El traslado lo confirmó a los medios su abogado defensor Erick Gatgens.
La detenida regresó anoche a las celdas judiciales.
