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Ticos han pagado ¢1.423 millones en multas por restricción sanitaria/Pero deben ¢1.254 millones

Edgar Fonseca, editor

Un total de 34.789 sanciones por infracciones a la restricción sanitaria vehicular fueron aplicadas por autoridades de Tránsito durante la pandemia lo que le permitió a COSEVI recibir ¢1.423 millones en multas, confirmaron fuentes oficiales.

Sin embargo, hay multas en estado de condena pero sin ser canceladas hasta el momento por ¢ 1.254 millones, ratificó un informe de dicho ente.

La información la suministró Ronald Ramírez, portavoz de COSEVI, ante consultas de este editor.

-¿Cuántas sanciones han sido aplicadas hasta la fecha desde que empezó a regir la restricción sanitaria vehicular por la pandemia?

-Se han confeccionado 34.789 boletas con el artículo 145DD desde el 06-03-2020 a la fecha. 

-¿Cuánto ha sido recaudado en multas?

-Multa de boletas canceladas a la fecha: ¢1.423.138,814.23.

-¿Cuál ha sido el porcentaje de sanciones apeladas?

-Boletas impugnadas a la fecha: 12.738 (37%). 


-¿Cuál ha sido el porcentaje de sanciones rechazadas?

-Boletas con Impugnación que posteriormente adquirieron estado de condena a la fecha: 4.009 (31%).


-¿Cuál es el monto de las multas sin cancelar a la fecha?

-Multa de Boletas con estado de condena a la fecha: ¢ 1.254.855,436.49.

Estas últimas son las que están pendientes de pago. COSEVI no tiene otra vía de recibir esos montos, salvo que al conductor se le pierda la licencia o necesite renovarla. Al efectuar ese trámite, la institución acciona el cobro, aseveró el portavoz Ramírez.

Esas multas prescriben en cinco años, que es el tiempo promedio en que los conductores necesitan renovar sus licencias, añadió la fuente.

Alemania, Francia, Italia y España reanudan vacunación con AstraZeneca

PuroPeriodismo/Foto BBC

Los principales estados de la UE van a reiniciar el lanzamiento de la vacuna Oxford-AstraZeneca Covid-19 después de que el regulador europeo de medicamentos concluyera que era “segura y eficaz”, informa BBC de Londres.


La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) revisó la vacuna después de que 13 estados de la UE suspendieron su uso por temor a un vínculo con coágulos de sangre.


Encontró que el pinchazo “no estaba asociado” con un mayor riesgo de coágulos, anunciaron oficialmente.


Alemania, Francia, Italia y España dijeron que volverían a usar la vacuna, según BBC.


Depende de los estados individuales de la UE decidir si reiniciar las vacunas con la vacuna AstraZeneca y cuándo. Suecia dijo que necesitaba “unos días” para decidir.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió el jueves a los países que continúen usando la vacuna, y el viernes publicará los resultados de su propia revisión sobre la seguridad de la vacuna.


La investigación de la agencia se centró en una pequeña cantidad de casos de trastornos sanguíneos inusuales. En particular, estaba analizando casos de trombosis venosa cerebral: coágulos de sangre en la cabeza, añade la versión.


Las decisiones de suspender el uso de la vacuna despertaron preocupaciones sobre el ritmo de la campaña de vacunación en la región, que ya se había visto afectada por la escasez de suministros.

Costa Rica tercer país de Latinoamérica y el Caribe con menos riesgo para la operación de empresas

Edgar Fonseca, editor

Costa Rica figura como el tercer país de Latinoamérica y el Caribe con menos riesgo para la operación de empresas, destaca un informe del sitio The Economist.

El país aparece con un puntaje de riesgo 33, en una escala en que 100 constituye el más alto riesgo para la operación comercial en la región.

Solo es superado por Aruba con riego 19 y Chile, 25.

En la escala de riesgo, Costa Rica figura en el segmento B junto a Chile, Panamá, 35; Barbados, 36; Perú, 37; Uruguay, 39, y Jamaica, 40.

Bahamas y Colombia con riesgo 42, completan el top 10 de las naciones de la región en el estudio de The Economist Intelligence Unit.

En el fondo de la tabla, con más alto riesgo, aparecen Cuba, 59; Bolivia, 63; Haití, 63; Nicaragua, 65, y Venezuela 86.

El peso de la estabilidad

La estabilidad política del país es un factor clave que valora ese estudio, según el periodista y exdiplomático Eduardo Ulibarri.

“Creo que las razones clave son la estabilidad política, la seguridad jurídica y un entorno de opinión generalmente favorable a las inversiones extranjeras”, enfatizó el exembajador ante la ONU.

“Hay que tomar en cuenta, además, que en relación con la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, la corrupción es baja y existe un clima de razonable seguridad”, añadió.

“Otro factor que considero importante es la libertad cambiaria y la ausencia de controles para las transacciones internacionales y la repatriación de utilidades”, resaltó.

Grandes riesgos populistas en el horizonte

“Nuestras previsiones para América Latina este año y el próximo son cautelosamente optimistas. Pero mirando más allá de las cuestiones inmediatas del lanzamiento de vacunas y el apoyo fiscal, vemos grandes riesgos de que las políticas favorables a las empresas se reviertan y que las agendas de reformas favorables a las empresas se descarrilen”, destaca Fiona Mackie, directora regional para América Latina y el Caribe de la Unidad de Inteligencia de The Economist.

“Se presta mucha atención a los impactos inmediatos de la pandemia, pero estamos mirando hacia adelante a los grandes cambios en la política que podrían ocurrir después de covid-19”, advierte Mackie.

“En un entorno donde las propuestas de políticas populistas a los problemas de América Latina están comenzando a prosperar, vemos grandes riesgos para los marcos legales y regulatorios, para la política tributaria y para el mercado laboral”, enfatizó.

El informe examina el riesgo emergente para las operaciones comerciales de los cambios de política posteriores a covid-19. Utilizando el Informe sobre riesgos de la EIU, el informe sostiene que los riesgos están aumentando, y no solo para la estabilidad política y macroeconómica. Las empresas deben estar atentas a los cambios normativos y normativos importantes, agrega The Economist.

Tendencia populista al alza


Según The Economist, en un gran año electoral para América Latina, ha habido un claro aumento en el sentimiento anti-incumbencia, demandas de un mayor papel del estado en la economía y una creciente preferencia por soluciones políticas populistas entre una proporción creciente de la población.

El problema para los responsables de la formulación de políticas es la falta de margen de maniobra para seguir reforzando las medidas de apoyo fiscal sin crear preocupaciones sobre la solvencia crediticia que luego se transforman en inestabilidad macroeconómica, añade.

La creciente presión fiscal, las demandas posteriores a la pandemia de un mayor papel del estado y el aumento de actores políticos populistas y propuestas de políticas sugieren que se están gestando riesgos políticos para las empresas. En cuatro áreas clave evaluadas por el Informe de riesgos de la EIU, incluido el riesgo legal y regulatorio, el riesgo de política fiscal, el riesgo del mercado laboral y el riesgo de infraestructura, está claro que los nuevos riesgos están aumentando, ratifica el estudio.

Creemos que en algunos mercados existe el riesgo de políticas de competencia desleal que favorezcan a las empresas nacionales sobre las extranjeras, una amenaza creciente a la independencia de los reguladores y amenazas al marco regulatorio que rige sectores clave como la minería, la energía y la agricultura, agregan.

The Economist advierte que el riesgo de la política fiscal será alto. Los impuestos sobre el patrimonio están en juego y también es probable que haya nuevos impuestos indirectos. Pero en algunos mercados también existe un riesgo significativo de aumentos en los impuestos corporativos.

Como mínimo, resaltan, los incentivos fiscales estarán bajo el microscopio. Mientras tanto, el riesgo del mercado laboral se materializará en forma de una escasez de habilidades más aguda, un creciente conflicto laboral y nuevas regulaciones que disminuyen la flexibilidad del mercado laboral.

Especial PuroPeriodismo: Politics, populism and policy risk in Latin America, The Economist Intelligence Unit

Asesinatos de ocho personas en salones de masajes asiáticos conmocionan Atlanta

PuroPeriodismo/Foto The Atlanta Journal-Constitution

Un hombre de 21 años ha sido acusado por los asesinatos de ocho personas, seis de ellas mujeres de origen asiático, perpetrados el martes en salones de masajes en Atlanta, Georgia, informa la cadena BBC.


Las autoridades aún no pueden confirmar si el ataque, en el que murieron seis mujeres asiáticas, fue por motivos raciales. Cuatro víctimas fueron nombradas el miércoles, cita BBC.


El sospechoso, llamado Robert Aaron Long, enfrenta múltiples cargos de asesinato y agresión agravada, añade el sitio.


El alguacil del condado de Cherokee, Frank Reynolds, dijo que el sospechoso pudo haber sido un cliente y afirmó tener una “adicción al sexo”.


El ataque se produce en medio de un fuerte aumento en los crímenes contra los asiático-estadounidenses, destaca la cadena.


Cuatro de las víctimas han sido identificadas por funcionarios del condado de Cherokee como Ashley Yaun, de 33 años; Paul Andre Michels, de 54 años; Xiaojie Tan, 49; y Daoyou Feng, 44. Elcias R Hernandez-Ortiz fue identificado como herido.


¿Qué dijo la policía?


En una conferencia de prensa el miércoles, los investigadores dijeron que Long, de 21 años, de Woodstock, Georgia, admitió la ola de disparos y dijo que negó que el ataque estuviera motivado por cuestiones raciales, según BBC.


Ha sido acusado de cuatro cargos de asesinato y un cargo de asalto agravado, según el Departamento del Sheriff del condado de Cherokee.

Especial PuroPeriodismo: ‘A crime against us all.’ Outrage, grief after deadly spa shootings, The Atlanta Journal-Constitution

Macaya hermético ante cuestionadas compras en CCSS pero advierte que “no habrá impunidad”

Edgar Fonseca, editor

Hermético ante los escándalos que han sacudido la entidad por cuestionadas compras millonarias de insumos sanitarios, Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, advierte, no obstante, que no “habrá impunidad”.

“Si se demuestra y los procedimientos llevan a demostrar que los cuestionamientos, las denuncias, son veraces, no habrá impunidad”, ratificó el jerarca ayer miércoles, durante una entrevista con este editor vía Zoom, en el análisis del manejo institucional tras un año de la emergencia sanitaria por la pandemia.

“Algunos de estos casos están en el Ministerio Público, y eso demuestra que sí se ha actuado”, sostuvo.

“Igual tengo demostrar como todos los miembros de la Junta Directiva, como órgano decisor, ese resguardo y protección de los procedimientos”, insistió al pedírsele su valoración sobre las implicaciones de los cuestionamientos en la credibilidad e imagen de la institución.

Macaya defendió la respuesta institucional a lo largo de la emergencia. 

“Sin la Caja los resultados de Costa Rica hubieran sido muy diferentes”, aseveró.

Reconoció que desearían avanzar a un mayor ritmo en la vacunación extraordinaria contra la covid-19 pero depende de la disponibilidad de dosis, en primera instancia de las de Pfizer y luego las de AstraZeneca. 

“Contra el Covid queríamos ir igual o más rápido, pero en esto es un tema de disponibilidad de vacunas”, dijo.

No descartó, si fuese necesario y así lo recomiende la Comisión Nacional de Vacunación, acudir a otros oferentes.

Silencio ante los cuestionamientos

Interrogado sobre los casos de compras cuestionadas e investigadas en instancias judiciales y administrativas, por al menos $7 millones, Macaya mantuvo hermetismo.

“En esta parte no puedo ser tan extendido en mis declaraciones, al igual que no lo podía ser en el Congreso en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, porque yo soy parte de la Junta Directiva de la Caja, y la Junta Directiva de la Caja en este momento está constituida como el órgano decisor”, aseguró.

“El órgano decisor es el que finalmente va a decidir con base en lo que recomiende el órgano director. Cuando se abren estos procedimientos administrativos la lleva un órgano director, que normalmente en la Caja está dentro, en el organigrama, de una estructura que se llama el CIPA (Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos), y ahí se lleva el expediente, se tramitan todo el teje y maneje que tiene que ver con uno de estos casos, pero finalmente le toca al órgano decisor como si fuera un juez dictar sentencia, por decirlo de alguna forma”, añadió.

“Como órgano decisor yo tengo que mantenerme en la máxima objetividad y proteger o resguardar la integridad de los procedimientos para que no hayan solicitudes de recusación y para que no hayan nulidades en los procedimientos, por eso cuando yo fui al Congreso, al igual que en este momento, no me puedo referir a estos casos, ni directa o indirectamente porque se podría interpretar como un adelanto de criterio, como que ya la decisión estuviera tomada y eso podría generar una nulidad en los procedimientos y eso es algo que nadie quiere”, destacó.

“Si se demuestra y los procedimientos llevan a demostrar que los cuestionamientos, las denuncias son veraces, no habrá impunidad, pero igual tengo demostrar como todos los miembros de la Junta Directiva, como órgano decisor, ese resguardo y protección de los procedimientos”, puntualizó.

Interrogado sobre sí le sorprendió la magnitud de los casos que han sido denunciados, Macaya insistió en mantener reserva.

“No me refiero porque podría cometer algún error y decir algo que podría llevar a una decisión de un lado o del otro. Tengo que mantener la neutralidad. Tengo que decir que lo denunciado son alegatos, no puedo darlos por hechos. Todo esto tiene que demostrarse y en eso la disciplina de mi silencio es el resguardo de los procedimientos, y eso es algo que inclusive en la propia Asamblea Legislativa en la Comisión de Servicios Técnicos, que fue llamado a consultarles de este caso que yo era parte de un órgano decisor y ahí él efectivamente reconoció y lo dijo públicamente, está en el acta, que en estos casos donde uno de los comparecientes es parte de un órgano decisor, tiene un deber de abstenerse de referirse a los temas y a las personas que están en procedimentadas”, agregó.  

Cuando se le planteó el impacto de los cuestionamientos en la credibilidad e imagen institucional, Macaya respondió que igualmente recibe reconocimiento a la labor de la institución a lo largo de la emergencia.

“Depende a quién se le pregunte. Yo recibo muchos comentarios de un reconocimiento a la Caja, a nuestro sistema de salud, de que la Caja no colapsó, pudo seguir adelante. Lo que está en procedimientos en este momento tanto a lo interno como lo externo, hay que dejar que eso corra su camino, a lo externo algunos de estos casos están en el Ministerio Público, y eso demuestra que sí se ha actuado, pero también hay que señalar que la Caja no es solo compras”, aseguró.

“La Caja es un aparato enorme, complejísimo, pero con un enorme capacidad de atender a la población y creo que hoy por hoy, aún con todo lo que genera una pandemia, en esta pandemia hay gente que ha perdido el trabajo, que está frustrada, enojada, también hay gente que está muy agradecida, gente que está recién vacunada, o que ya vacunaron a sus padres, sus abuelos, sus tíos y la Caja ha demostrado ser esa institución indispensable para el país”, amplió.

“Digo indispensable porque atiende, en lo regular, la operación ordinaria y la operación extraordinaria, y en la extraordinaria como lo es esta pandemia, no hay otra institución que la pueda sustituir, sin la Caja los resultados de Costa Rica hubieran sido muy diferentes”, resaltó.

Lentitud con la vacunación

El jerarca aceptó que desearían ir a un mayor ritmo con la vacunación anticovid-19 pero dependen de la disponibilidad de envíos de Pfizer, en este momento, y de AstraZeneca, previsto para mayo.

“Todo depende del ojo con que se mire”, dijo.

“Todo el mundo quiere ir más rápido pero nosotros también vamos más rápido que otros países, pero veamos los ejemplos que usted mencionó, Chile efectivamente ya ha aplicado 5 millones de vacunas, Israel ha aplicado ya varios millones, más del 70% de la población ya está vacunada, y Emiratos Árabes también va muy avanzado en términos porcentuales de la población, pero Costa Rica y la Caja que es el brazo ejecutor de la campaña de vacunación, puede ir mucho más rápido de lo que estamos haciendo hoy y puede tan rápido y cuidado no más rápido que Chile o Israel u otros países si tuviéramos las dosis disponibles, esa es la clave”, admitió. 

Según Macaya, el país dispone de una infraestructura, una red de más de mil EBAIS con equipos especializados, áreas de salud con gente muy capacitada en vacunaciones para hacerlas no solo rápido sino ordenadamente.

“En media pandemia nosotros vacunamos a más de un cuarto de la población en cuestión de 5 semanas en contra la influenza, porque queríamos eliminarle la carga de la morbilidad sobre la pandemia para que no estuviéramos compitiendo en camas hospitalarias de pacientes con influenza versus pacientes de Covid, y en 5 semanas vacunamos a 1.3 millones de personas, y eso que íbamos lento a propósito”, detalló.

“Contra el Covid queríamos ir igual o más rápido, pero en esto es un tema de disponibilidad de vacunas. El mundo entero está comprando, entonces podrían preguntar, ¿por qué Chile entonces va tan rápido?, porque Chile está vacunando principalmente con una vacuna que está mucho más disponible que es la de Sinovac, que es una vacuna de China”, dijo. 

No descarta más proveedores

Macaya no descartó la posibilidad de acudir a más proveedores pero dependerá de las aprobaciones de la Comisión Nacional de Vacunación y de Epidemiología.

Dicha comisión, dijo,  usó una serie de criterios para seleccionar la canasta de vacunas que el país iba a adquirir, dentro de esos atributos tenía que estar que la vacuna fuera sometida a una evaluación en algún país de estándares sanitarios altos, en términos regulatorios, eso significa Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, Canadá y eso limitó cuáles eran las vacunas por adquirir.

Al final, dijo, contrataron con  Pfizer y Astrazeneca, que han estado mucho menos disponibles que otras vacunas de otros orígenes.

Citó el ejemplo de Argentina que está vacunando principalmente con la vacuna rusa.

Dijo que en la medida de que van evolucionando estas vacunas, si llegan a evaluarse en estas autoridades regulatorias muy estrictas, podría cambiar la ecuación.

Lo que pasa, sostuvo, es que Costa Rica ya adquirió vacunas para 3.5 millones de habitantes, que eso termina siendo prácticamente todos los adultos mayores a 18 años de edad. “Todo el mundo va a estar vacunado, es simplemente el cuándo”, remarcó.