Edgar Fonseca, editor/Foto Elmer Rivas, Confidencial, Managua

El magistrado Rafael Solís Cerda, mayor operador político-judicial de Daniel Ortega en las últimas dos décadas, no descarta pedir asilo en Costa Rica.

“El Gobierno de Costa Rica me ha acogido de una manera positiva, y creo que obedece también a una tradición que ha tenido Costa Rica en materia de asilo político, aunque no me he sometido a esa posibilidad, no la he considerado”, dijo Solís quien acepta sus responsabilidades por los “fallos políticos” desde la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua  que condujeron a perpetuar a Ortega en el poder.

“Estoy todavía dentro de los noventa días de permiso normal que dan las autoridades costarricenses, y entré por la vía normal, del aeropuerto, el siete (de enero). Pero es una posibilidad, que se pudiera dar”, afirmó Solís en una amplia entrevista que concedió, en San José, al periodista Carlos Fernando Chamorro, director del sitio Confidencial, quien reveló el domingo que se exilió en nuestro país debido a amenazas de muerte de la dictadura de Ortega en su contra.

“Aquí hay miles de nicaragüenses que han entrado por las otras vías, no necesariamente legales, y tienen estatus de refugiados, y están viviendo en este país”, enfatizó Solís.

El Gobierno tico guarda hermetismo sobre la condición de permanencia de Solís quien ingresó el 7 de enero y al día siguiente anunció su ruptura con Ortega tras dos décadas de ser un magistrado aliado suyo en el aparato judicial nicaragüense.

“Estoy aquí para defender los intereses del Frente Sandinista”, advirtió Solís en una ocasión.

El canciller Manuel Ventura dijo la semana anterior a La Nación que una eventual gestión de asilo de Solís se sometería a “diferentes factores”.

Costa Rica ha mantenido una intensa posición diplomática de denuncia del régimen de Ortega y de sus colaboradores tras la represión desatada contra civiles por la revuelta ciudadana que estalló el 18 de abril anterior con al menos 325 muertos, más de 500 presos políticos y un estado de conmoción y de terror, como lo denunció el propio magistrado Solís.

Admite fallos políticos”; dispuesto a que lo investigue una comisión independiente

En la entrevista con el periodista Chamorro,  Solís  dice estar dispuesto a que una “comisión independiente” investigue sus actuaciones.

• Solís reconoce su responsabilidad en los “fallos políticos”, en particular el de la reelección de Ortega,  que permearon la Corte nicaragüense. “Estos fallos, sí fueron fallos políticos”, admite.
•  Acepta que se le investigue. “Asumo mis responsabilidades, no las niego”, dice.
• Niega que negociara su salida de Nicaragua con el gobierno de Costa Rica o con el de EE.UU., a cambio de información.

A continuación un extracto de la entrevista:

Asumo mis responsabilidades

-Al margen de tu renuncia y las razones que has expuesto sobre esta ruptura política, muchos sectores consideran que vos sos uno de los responsables del diseño y de la consolidación de una dictadura institucional que ahora derivó en una dictadura sangrienta, ¿qué responsabilidades asumís frente a ese señalamiento?

-Yo lo he dicho claramente, que sí asumo mis responsabilidades, yo no las niego. Cuando se planteó el asunto de la reelección que pudiera considerarse una gran parte del problema, y la Corte falló diciendo que era inconstitucional el artículo que la había dejado prohibida, nosotros, y yo en lo personal no lo vi como algo malo, me parecía que un periodo era limitante a una relación económica con el sector privado y a un crecimiento del país que se venía dando sostenido en los primeros cinco años, y que era poco tiempo para cumplir un programa de gobierno, y que era normal, como lo tenían otros países, la reelección, incluso nosotros vimos casos similares, aunque no continuas, pero sí alternas, como el de Costa Rica. Lo que no vislumbró nadie era que después se iba a hacer la reforma constitucional, cuando ya el Frente logró la mayoría absoluta de más del sesenta por ciento, de los dos tercios en la Asamblea Nacional, para hacer una reforma constitucional que dejara la reelección indefinida. Pero claro, el origen de la reelección indefinida fue la reelección para el siguiente periodo.

La reelección es el punto medular de la entronización en el poder y el continuismo del comandante Ortega.

Exacto.

Pero también hubo el fraude electoral de 2008, la corrupción del Consejo Supremo Electoral, la ley del canal interoceánico que la misma Corte negó su inconstitucionalidad, los recursos que están acumulados en la Corte, o la expulsión de los diputados del PLI en el año 2016, hay un cúmulo de acciones y responsabilidades de la Corte en el proceso de construcción de esta concentración del poder.

-Es cierto, pero es que en temas políticos la Corte fallaba políticamente, en los temas estrictamente políticos sí había ese criterio. Esta Corte Suprema tenés que verla también en el tiempo, es decir, cuando en el 90 se cambió totalmente y surgió una nueva Core Suprema donde solo quedó, después de las negociaciones, un magistrado del Frente, después se subió a dos más, y luego tres; y después vinieron las reformas constitucionales, las que provocaron aquella Ley Marco, y se subieron a doce, ahí se lograron cuatro, y ocho eran o liberales o de partidos antisandinistas, después vino el acuerdo con Alemán y se subió a dieciséis, ahí entramos unos nuevos magistrados, y ya la correlación todavía seguía siendo desfavorable en el sentido político, por tanto estos fallos, sí fueron fallos políticos que, en muchos países los poderes judiciales, en temas políticos, dependiendo del origen de sus magistrados, también tienen esas consideraciones a la hora de emitir su fallo.

-Pero esta Corte terminó en un monopolio del FSLN, ahora subordinado directamente a la persona de Daniel Ortega.

-Al final. Pero en su evolución no fue de esa manera, sino que fue evolucionando de una Corte antisandinista, por así decirlo, de un periodo de duración de casi quince años, a una Corte efectivamente con una mayoría amplia del sandinismo, que garantizara que las decisiones políticas que se adoptaran fueran consecuentes con los fallos judiciales que en temas políticos se emitieran.

Sin embargo, ninguna de esas situaciones que se dieron, le podían a uno dar luz sobre las situaciones que se produjeron después del 18 de abril. Es decir, era algo que uno decía: “Bueno, está bien, vamos a decir que la ley del canal fue constitucional, o que en el caso del PLI el grupo que se reconoce es este, y el otro grupo no se reconoce”, pero vislumbrar, en medio de un acuerdo político nacional que había con el sector privado y con una cantidad de organizaciones sindicales, gremiales, políticas, antes del 18, era muy difícil que la Corte como tal adoptara otro tipo de decisiones.

Que me investiguen

-Esta Corte política, como la has descrito, también ha sido señalada de tráfico de influencias, y hay magistrados que han sido señalados también de enriquecimiento ilícito, de corrupción, aunque nunca ha habido una entidad independiente que pueda hacer alguna investigación. En tu caso personal ¿te someterías a una investigación independiente?

-Sí, claro que sí. Yo creo que la opinión pública y las instancias correspondientes del Gobierno o de otra naturaleza, tienen esas posibilidades de investigar a la Corte y se nos ha señalado porque una gran cantidad de abogados en el foro también dicen: “No, es que yo soy protegido de tal magistrado, e hice negocios con tal magistrado”, el otro abogado dice lo otro, del otro magistrado, etc.

Ha habido también mucho fondo político en algunas de estas acusaciones, pero el escrutinio que se pueda o no hacer del Poder Judicial es algo que está abierto para actuaciones pasadas de todos los que hemos sido magistrados o para actuaciones presentes. Creo yo que, como funcionario público incluso, estamos sujetos al mismo, eso es algo que está abierto.

-Tu renuncia y tu ruptura política con el Gobierno y el Frente Sandinista ¿implican algún riesgo para tu persona? ¿Has negociado con alguna entidad, a algún Gobierno extranjero, alguna medida de protección, a cambio de información?

-No. Eso no. La decisión fue estrictamente personal. Es decir, la decisión la tome yo. No la consulté, no la discutí con magistrado alguno, con ningún miembro de mi familia. Sentí que era momento ya de hacerlo. Y dije: “Hasta aquí llego” y hago la carta estando en San José y la mando. Te fijás que hay una diferencia entre el ocho, que fue el día que la hice, y el diez, que fue el día que la mandé.

El Gobierno de Costa Rica me ha acogido de una manera positiva, y creo que obedece también a una tradición que ha tenido Costa Rica en materia de asilo político, aunque no me he sometido a esa posibilidad, no la he considerado. Estoy todavía dentro de los noventa días de permiso normal que dan las autoridades costarricenses, y entré por la vía normal, del aeropuerto, el siete (de enero). Pero es una posibilidad, que se pudiera dar. Aquí hay miles de nicaragüenses que han entrado por las otras vías, no necesariamente legales, y tienen estatus de refugiados, y están viviendo en este país.

Pero de eso, a que yo haya negociado de previo con el Gobierno de Costa Rica, como dicen en algunas redes sociales, por tratar de ensuciarme, o con el Gobierno de los Estados Unidos o con otro Gobierno es totalmente falso. No hubo ese tipo de negociaciones de previo. Yo sentí que era el momento ahora, de hacerlo, porque si no lo hacía y me regresaba a Nicaragua, ya no lo iba a hacer y el país seguía por este mismo rumbo, que era el rumbo equivocado. Y por eso dije: “Tengo que hacerlo, aunque me quede en el exilio”.

Entrevista completa, Confidencial, Managua