Edgar Fonseca, editor/ Foto Ministerio Público
Ante recientes casos de estafas en perjuicio de compradores de residencias, la Fiscalía General intervino y recomendó a los ciudadanos extremar su desconfianza con las ofertas de proyectos inmobiliarios que pueden acabar en un fraude.
La Fiscala General, Emilia Navas, con amplia experiencia en materia de fraudes, recomendó no confiar de manera absoluta en la información de los promotores de proyectos inmobiliarios, destacó un informe del Ministerio Público.
El 22 de mayo trascendieron allanamientos judiciales en Pozos de Santa Ana y La Guácima, San Rafael de Escazú y Heredia, contra sospechosos de estafar a unas 30 personas. En dicho caso las autoridades tienen 47 denuncias.
Tres hombres y una mujer figuran sospechosos en el caso, según las autoridades.
Los afectados denunciaron haber pagado primas y adelantos para la compra de propiedades sin lograr su objetivo.
En otro caso, también investigado por la Fiscalía, hay al menos 35 afectados. Algunos de los quejosos dijeron haber entregado primas de $50 mil sin lograr su propiedad.
La prevención es más importantes cuando la compra del proyecto se hace sin que el mismo esté construyéndose o sin que este ya esté terminado, advirtió la jerarca judicial.
“Que sean muy estrictos, que pidan información a los desarrolladores, que vayan al MEIC, a las Municipalidades y al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos a corroborar los datos. Las personas que van a comprar casa deben saber que tienen el derecho de ser exigentes, que deben investigar a quien pertenece la propiedad en la que se va a construir el proyecto inmobiliario y las condiciones del terreno”, advirtió Navas Aparicio.
Así lo expuso en un encuentro este jueves con autoridades del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Jerarcas de la Fiscalía y del MEIC pretenden evitar que el delito se cometa,, para que quienes pretendan invertir en la compra de un proyecto habitacional no tengan perjuicios económicos y no se conviertan en víctimas de una estafa millonaria. Sin embargo, si el delito ya se cometió, las instituciones trabajarán de la mano, colaborando con información y pruebas que permitan fortalecer el proceso penal que dirija la Fiscalía.
Tal el acuerdo entre la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, y la ministra del MEIC, Victoria Hernández Mora. La cita se dio en la Fiscalía General, en compañía del fiscal adjunto de fraudes, Miguel Navarro Cordero, la viceministra del MEIC, Laura Pacheco Ovares, la jefa del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, Kattia Chaves Matarrita, y el jefe del Departamento de Procedimientos Administrativos de la Dirección de Apoyo al Consumidor, Carlos Andrés Sanabria.
“No hay ninguna organización pública que no haya interiorizado que tenemos que trabajar de la mano. Independientemente de que el Ministerio Público interviene en el momento en que el delito se consuma, lo importante es que colaboremos con la parte preventiva, pues el objetivo es que haya menos víctimas de fraudes y, que en caso de que acontezcan los delitos, que trabajemos de la mano en traer la prueba para que estos hechos delictivos se tramiten debidamente”, explicó la Fiscala General.
Más que un delito
Navas destacó que los fraudes inmobiliarios son más que un delito que afecta la economía de las víctimas.
“Este tipo de fraudes son una prioridad para la Fiscalía General, pues no se trata de un bien cualquiera, sino de bienes que afectan la dignidad humana. Comprar una casa significa construir un hogar, hacer un proyecto de vida, y para muchas familias eso implica deudas por hasta 30 años con entidades bancarias”, sostuvo Navas.
La ministra Hernández se mostró complacida con el encuentro en la Fiscalía.
“Estamos haciendo una modificación de los reglamentos de ventas a plazo, específicamente en temas relacionados con compras de inmobiliarias y otros servicios como los funerarios, por ejemplo. A partir de lo ocurrido recientemente con una empresa inmobiliaria y la insatisfacción de los consumidores, buscamos la forma de coordinar esfuerzos con la Fiscalía y, desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, reforzar lo que corresponda para apoyar el trabajo de la Fiscalía”, dijo Hernández.
