Edgar Fonseca, editor
En un año en que el Poder Judicial convulsionó debido a su cuestionado régimen de pensiones, 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen aprobados sus respectivos derechos de jubilación.
Se trata de tres magistrados de la Sala Constitucional y siete del resto de salas.
La información la confirmó este viernes Sandra Castro, portavoz del Poder Judicial tras consultas remitidas por el periodista Edgar Fonseca el pasado dos de noviembre.
No revelaron los montos.
“No hay monto, debido a que ellos solicitaron la fijación de derecho. Esto nos representa si cuenta con los requisitos para la jubilación. Cuando soliciten la jubilación se les elabora los cálculos y montos respectivos”, dijo Castro.
La fuerte reacción pública con los privilegios del régimen de pensiones judiciales se acentuó tras trascender la pensión otorgada a la expresidenta de la Corte, magistrada Zarela Villanueva, de ¢9,8 millones, ¢6.9 millones con deducciones, el pasado 11 de mayo.
Con dicho monto –según informó La Nación en ese momento– “la exmagistrada de 64 años se sumó a la lista de 50 exfuncionarios del Poder Judicial que devengan una pensión superior a los ¢5 millones”.
Según dicho diario, el Poder Judicial tiene 3.013 jubilados activos, de los cuales: 52% reciben un montón inferior a ¢1 millón, 19% (más de ¢1 millón), 13% (¢2 millones), 12% (¢3 millones), 2% (¢4 millones) y 2% (¢5 millones o más). Y hay 731 pensionados activos, los cuales corresponden a pensiones heredadas por el jubilado judicial después de su fallecimiento.
A mitad de julio estalló una huelga en el Poder Judicial, movimiento con el que el frente sindical judicial presionó contra cualquier reforma a su cuestionado régimen de pensiones.
En la Asamblea Legislativa se tramita una profunda reforma a dicho régimen que lo equipare con el resto de regímenes de pensiones públicos.
La huelga acabó el 31 de julio, en medio de indignación pública, ya que los huelguistas impidieron la entrega de 30 cuerpos a sus familiares en el complejo forense en Heredia./
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Diez magistrados tienen derecho
-¿Cuántos magistrados de la Sala IV tienen aprobada su jubilación?
-3 Magistrados tienen el derecho aprobado para la jubilación.
-¿Desde cuándo iniciaron dichos magistrados las gestiones de jubilación y cuándo les fueron aprobadas?
-Fernando Castillo Víquez 18/11/2014, Fernando Cruz Castro 01/06/2005 y Nancy Hernández López 01/07/2017.
Pero no revelan montos
-¿Cuáles son los montos de esas pensiones aprobadas a dichos magistrados de la Sala IV?
-No hay monto, debido a que ellos solicitaron la fijación de derecho. Esto nos representa si cuenta con los requisitos para la jubilación. Cuando soliciten la jubilación se les elabora los cálculos y montos respectivos.
-¿Se pueden conocer los nombres de dichos magistrados?
–Fernando Castillo Víquez, Fernando Cruz Castro y Nancy Hernández López.
Del resto de salas
-Del resto de Salas de la Corte Suprema de Justicia, ¿cuántos otros magistrados tienen aprobada su jubilación?
-Sala Primera: Luis Guillermo Rivas Loaiciga 01/07/2005, Román Solís Zelaya 01/11/2008, Carmenmaria Escoto Fernández 01/09/2012.
-Sala Segunda: Orlando Aguirre Gómez 02/10/1990 y Julia Varela Araya 01/09/2007.
-Sala Tercera: Jesús Ramírez Quirós (Fijación de Derecho 01/12/2012) Doris Arias Madrigal (Fijación de Derecho 15/10/2016)
-¿Cuáles son los montos de dichas pensiones?
-No hay monto por ser fijación de derecho.
-De la totalidad de magistrados miembros de Corte Plena, ¿cuántos cumplen con las condiciones para pensionarse?
–11.
-En el más reciente trimestre (agosto, setiembre, octubre), ¿cuántas son las pensiones aprobadas a empleados del Poder Judicial?
-33 Jubilaciones.
-¿Cuál es el desglose por montos de dichas pensiones aprobadas en dichos periodo?
Agosto: ¢ 23,713,762.35.
Setiembre: ¢ 12,901,796.66.
Octubre: ¢ 34,219,179.80.
-En ese mismo periodo y en comparación con el mismo periodo del año anterior, ¿se ha dado un incremento en la aprobación de pensiones a empleados del Poder Judicial?
-Con respecto al período comprendido entre agosto y octubre del año 2016, hubo un incremento de una aprobación de jubilación; esto porque en el 2017 fueron 33 jubilaciones aprobadas y en el año 2016 fueron 32 jubilaciones aprobadas.
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Gran reforma a cuestionado régimen está empantanada/ Informe especial PuroPeriodismo.com
La decisión de la Asamblea Legislativa de aprobar reformas sustanciales al cuestionado régimen de pensiones del Poder Judicial, puso en tensión al Frente Gremial institucional que anunció que recurrirá la constitucionalidad de lo acordado.
“Que no celebren mucho”, advirtió el Frente Gremial judicial que sostiene que la reforma aprobada va en contra de un acuerdo entre sindicatos y la presidencia de la Corte que puso fin, el 31 de julio, a una huelga de 13 días, que desato la indignación pública cuando los sindicalistas impidieron retirar 35 cuerpos del complejo médico forense en San Joaquín de Flores.
“La lucha se traslada a las instancias judiciales”, insistieron ayer los sindicatos.
Hasta anoche no había trascendido reacción del presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Carlos Chinchilla, quien logró poner fin a la huelga en julio, al concertar un acuerdo con el frente sindical para negociar en la Asamblea Legislativa.
Tope de ¢4 millones
Entre otras reformas, la Asamblea aprobó ayer un tope de ¢4 millones a las controversiales pensiones de lujo judiciales.
La aprobación, con 31 votos a favor y siete en contra, culminó una tensa negociación de los últimos meses que llevó en julio a los empleados judiciales a una huelga de servicios en medio de fuertes críticas públicas.
El segundo debate para esta reforma se fijó para el seis de noviembre.
La controversia por los privilegios de dicho régimen de pensiones creció tras otorgársele el 11 de mayo una pensión de ¢9,8 millones, ¢6.9 millones con deducciones, a la saliente presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva.
Con dicho monto –según informó La Nación en ese momento– “la exmagistrada de 64 años se sumó a la lista de 50 exfuncionarios del Poder Judicial que devengan una pensión superior a los ¢5 millones”.
Según dicho diario, el Poder Judicial tiene 3.013 jubilados activos, de los cuales: 52% reciben un montón inferior a ¢1 millón, 19% (más de ¢1 millón), 13% (¢2 millones), 12% (¢3 millones), 2% (¢4 millones) y 2% (¢5 millones o más). Y hay 731 pensionados activos, los cuales corresponden a pensiones heredadas por el jubilado judicial después de su fallecimiento.
La polémica de las pensiones marcó un año de convulsión para la Corte Suprema de Justicia al trascender el escándalo del “cementazo”que provocó la suspensión del magistrado Celso Gamboa y del Fiscal General, Jorge Chavarría. Ambos fueron separados de sus funciones por tres meses con goce de salario.
Gamboa es investigado por el Tribunal de la Inspección Judicial, por una alegada relación con el empresario importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños, en el epicentro del escándalo.
A Chavarría, un veterano servidor judicial, con 40 años de trayectoria, le cuestionan en la misma instancia decisiones judiciales relacionadas con diputados vinculados al escándalo.
El “cementazo” estalló al trascender múltiples gestiones del empresario en las esferas de Casa Presidencial y otras oficiales. Bolaños dijo a los diputados de una comisión investigadora que tuvo siete encuentros en Casa Presidencial, uno de ellos con el presidente Luis Guillermo Solís.
Solís confirmó bajo juramento ante los diputados de la comisión que atendió al empresario pero negó favoritismos.
En este convulso contexto avanzó la negociación para la reforma de las pensiones judiciales con el apoyo de estudios del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR.
Ayer la Corte anunció medidas urgentes, en medio del escándalo, para regular la designación de magistrados y de Fiscal General y los procedimientos disciplinarios cuando se presenten incidentes como los más recientes.
Largo camino
La diputada Sandra Piszk, PLN, quien lideró las negociaciones legislativas de la reforma al cuestionado régimen de pensiones del Poder Judicial, y enfrentó severos ataques de los sindicatos judiciales, destacó los logros de la reforma aprobada.
“Ha sido un largo camino”, dijo Piszk.
“Se logra mayor sostenibilidad del régimen con una deuda actuarial de más ¢5 mil millones”, enfatizó.
Y se logra mayor equidad con el tope a las pensiones de lujo, que serán financiadas con una contribución solidaria de entre 35% y 55%, no confiscatoria, a las superiores de ¢4 millones.
Entre otras disposiciones aprobadas :
–la cuota obrera pasa de 11% a 13%
–la edad de pensión de los empleados judiciales sube a 65 años
–la edad de pensión anticipada pasa a 60 años en el caso de las mujeres y 62 años en el caso de los hombres
–el derecho a pensión lo adquiere el empleado con 35 años de servicio, no a los 30 como ocurre ahora.
