Edgar Fonseca, editor
Los magistrados de la Sala IV deberán decidir sobre la legalidad del abrupto cierre del Parque Viva, propiedad del Grupo Nación, en La Guácima, Alajuela, medida ordenada por el gobierno del presidente Rodrigo Chaves el pasado 13 de julio.
Dichos magistrados deberán emitir criterio ante un recurso de amparo interpuesto por la firma propietaria.
Casa Presidencial confirmó el recurso.
Este jueves 4 de agosto la Presidencia de la República recibió la notificación de un Recurso de Amparo que presentó el Grupo Nación el pasado 29 de julio del 2022 por cese temporal al permiso de funcionamiento del Parque Viva, citó un comunicado oficial enviado este viernes a las 12:59 p.m.
Otro recurso contra directriz mordaza
La Sala I también acogió otro recurso de amparo contra una directriz de la ministra de Salud, Josselyn Chacón, que impide el acceso de los periodistas de forma directa a las fuentes institucionales.
El recurso lo interpusieron los periodistas Alejandro Fernández Sanabria, Luis Manuel Madrigal Mena, y Andrea Mora Zamora.
Cuestionan el oficio MS-DM-6218-2022, que advierte que ningún funcionario debe brindar declaraciones o información sin antes contar con la aprobación respectiva.
Escándalo internacional
El atropellado cierre del Parque Viva, ejecutado por el Ministerio de Salud, provocó revuelo internacional.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) censuró la decisión como una amenaza al ejercicio de la libertad de prensa.
También diarios del hemisferio y otras organizaciones defensoras de libertades cívicas, denunciaron la acción.
El gobierno niega que se trate de una acción contra el ejercicio periodístico.
Argumentos absurdos
Según Casa Presidencial, los argumentos presentados por La Nación ante los magistrados son absurdos y alejados de la realidad.
Los califican de incoherentes.
Para la Presidencia, La Nación disfraza la violación al Derecho a la Salud Pública como una defensa a la libertad de prensa.
“Respetuosos de la independencia que gozan las señoras y señores magistrados de la Sala Constitucional, confiamos en que este asunto se resolverá de la manera adecuada, y que los intereses de la población prevalezcan sobre los de un grupo de poder económico”, reaccionó el presidente Chaves ante la acción judicial.
Golpe al flujo de caja
Según la Presidencia, los alegatos mencionan que el flujo de caja del Parque Viva paga los salarios de los periodistas del periódico La Nación. Por tanto, justifican que el levantamiento temporal del permiso de funcionamiento es un atentado contra la libertad de prensa.
Este argumento –alega la versión gubernamental– es absurdo ya que, si esta agrupación tuviera actividades criminales para pagar el salario de sus periodistas, el Gobierno no podría hacer cumplir la ley porque, bajo la extraña lógica de La Nación, sería un ataque a la libertad de prensa.
Destacan que el Gobierno de la República presentó el 13 de julio de 2022 la evidencia por la que tuvo la obligación de cerrar dicho parque.
También mencionan, que el mandatario en la conferencia de prensa del pasado miércoles 3 de agosto, expuso el informe del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el cual revela que los permisos de construcción y operación obtenidos por Grupo Nación tienen anomalías e irregularidades con respecto al marco jurídico.
Ese informe fue rebatido por Grupo Nación con base en un pronunciamiento de la municipalidad de Alajuela.
Casa Presidencial resalta que el pasado 12 de julio el Colegio de Periodistas de Costa Rica se pronunció indicando que el cumplimiento de la Ley con respecto a la situación sanitaria del Parque Viva no es una amenaza, ni atenta contra la libertad de prensa.
Ratificaron que tanto la Presidencia de la República, como las instituciones del Estado, están conscientes del papel fundamental que juegan los medios de comunicación, por lo que reiteran el compromiso con la libertad de prensa y de expresión.
Advierten, no obstante, que esas libertades no implican permitir ilegalidad de parte de quien tenga un medio de comunicación.
