Edgar Fonseca, editor
La denuncia de la expresidenta Laura Chinchilla es gravísima para los efectos de la convivencia democrática del país.
Debería ser investigada de inmediato por la Fiscalía General, sino es que sucumbe al amedrentamiento presidencial.
“Uds. conocen mis luchas por la democracia; la virulencia que he experimentado de los ejércitos de troles de Ortega y Maduro no se compara con la brutal arremetida de las últimas horas desde cuentas en mi propio país y tan sólo por discrepar”, reclamó Chinchilla tras la andanada presidencial de la semana por haber cuestionado el abrupto cierre del centro de eventos Parque Viva del Grupo Nación.
“Sé que para muchos resulta intimidante, es lo que se proponen”, advirtió.
“Si permitimos que perezca el debate público, seremos cómplices de que muera también la democracia”, advirtió la exmandataria que también censuró el apoyo del nuevo gobierno al candidato de la dictadura de Ortega a la secretaria general SICA.
¿Quiénes están detrás de esa infame campaña de exabruptos que hoy se vive en las redes tan solo por disentir de las actuaciones del presidente Chaves?
¿Cuáles empresas sirven de matriz a ese oleaje de intolerancia que pretende sepultar cualquier resquicio de crítica o disidencia como si estuviésemos en Managua, San Salvador, Caracas o La Habana?
¿Quiénes las financian?
Se hace perentoria la intervención de la Fiscalía.
El 7 de abril, apenas cuatro días después de la segunda vuelta, Meta, la matriz del gigante Facebook, destapó la contaminación y manipulación que hubo desde las redes en la campaña presidencial recién concluida
Eliminamos 233 cuentas de Facebook, 84 páginas, dos grupos y 27 cuentas de Instagram por violar nuestra política contra el comportamiento no auténtico coordinado, citó el informe.
¿Ante qué estamos ahora?
¿Se trata de los mismos vasos comunicantes?
La denuncia de la expresidenta Chinchilla es solo un eslabón de lo que el país ha sido testigo en menos de un año.
Estalló cuando el entonces candidato y hoy presidente cuestionó las revelaciones hechas por la prensa –hasta entonces desconocidas por la opinión pública–, de su controversial capítulo a su paso por el Banco Mundial que implicó que lo sancionaran por conductas impropias denunciadas por subalternas.
Desde entonces, cualquier mención al episodio tuvo como reacción orquestada, manipulada, un tsunami de mensajes, de troles, minimizando la causa seguida por el ente global financiero, intentando desvirtuarla a cualquier costo y linchando a quienes osaran hurgar en él y, peor aún, lo repercutieran.
Los periodistas y los medios se convirtieron desde entonces en el blanco de una odiosa embestida de desinformación, de deslegitimación, de desacreditación de lo que debe ser su misión independiente, crítica, incisiva, observadora, que sigue latente, maquillada ahora en la parodia de los miércoles.
He ahí la trascendencia de la denuncia de la expresidenta.
Está de por medio la defensa de valores esenciales de convivencia democrática; la discrepancia y el ejercicio de la libertad de expresión, entre ellos.
Algo que pareciera no es trascendente para aquellos convencidos en la sumisión a un efímero inquilino de Zapote.
Especial PuroPeriodismo: Adversarial Threat Report, Meta, Facebook, elecciones Costa Rica
Versión actualizada: 25 de julio 2022
