Edgar Fonseca, editor
El gobierno condicionó este lunes su aval al plan recién aprobado en la Asamblea Legislativa que impulsa el cannabis de uso medicinal y la producción de cáñamo con fines industriales.
Jerarcas de Salud y Seguridad fueron claros en advertir riesgos del proyecto aprobado por lo que plantearon sugerencias de modificaciones a la propuesta.
Así lo expusieron durante una conferencia de prensa convocada horas después que la Conferencia Episcopal cuestionó el proyecto por posibles implicaciones en salud y seguridad.
Casa Presidencial ratificó que desde el inicio de las consultas de la Asamblea Legislativa, las diferentes autoridades han sido insistentes en que el proyecto va contra diferentes convenciones a las que se ha adherido el país, tales como la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, el Convenio de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
No es medicamento
Según el Ejecutivo, el texto aprobado trata la planta como un medicamento, sin cumplir los parámetros científicos ni médicos mínimos para catalogarlo como tal.
“Resulta altamente riesgoso para la salud pública, ya que se asume que la planta por sí misma, sin importar cómo sea consumida por la persona, tiene efectos terapéuticos o medicinales, y eso no es así”, advirtió el ministro de Salud, Daniel Salas.
Enfatizó que no hay mecanismos efectivos de trazabilidad, lo que resultaría en un control casi inexistente.
Podrían encubrir cultivos
Casa Presidencial también resaltó que la poca regulación del autocultivo como lo plantea el proyecto, le hace prácticamente imposible el control a las autoridades de salud y seguridad, ya que cualquier persona podría encubrir el cultivo de marihuana como si fuera cáñamo.
“Si el cultivo y desarrollo del medicamente se da por profesionales y científicos expertos, no existe tanto riesgo y su regulación es completamente viable, pero el autocultivo y el autoconsumo generarían una proliferación de cultivos que dificultaría las acciones contra el tráfico ilícito de estupefacientes y contra el crimen organizado”, previno el ministro de Seguridad, Michael Soto.
El gobierno precisó sobre el THC componente psicoactivo en los productos de cáñamo. La concentración máxima recomendada por la OMS y países europeos es del 0,2%, el proyecto actual lleva este límite hasta un 1%. Los productos con altos niveles de concentración dejan de ser consideradas drogas blandas.
Sergio Rodríguez, director del ICD, especificó el control establecido en instrumentos internacionales sobre el tetrahidrocannabinol (THC), así como lo estipulado en relación con el cultivo de la planta cannabis en sus diferentes variedades, entre otros.
Si se corrigen los problemas señalados, planteó, “el país se mantendría en cumplimiento de estas normas”.
Observaciones no fueron atendidas
Según la versión gubernamental, el análisis del texto aprobado evidenció una serie de problemas que van desde riesgos para la salud pública y la seguridad ciudadana, incompatibilidades con la normativa nacional ya existente en la materia y roces con convenios internacionales asumidos por el país. Algunas de estas observaciones se remontan desde el 2019, cuando el Ministerio de Salud respondió a la consulta enviada por el Congreso.
Estas observaciones –sostiene la Presidencia– se repitieron desde entonces por los entes mencionados, así como por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), sin que fueran aplicadas en el texto final.
Lamentaron que dichas observaciones no se reflejaron en el texto final, a pesar de la anterioridad con que se compartieron, así como el hecho de que no fueran convocadas a audiencias para el análisis de un proyecto que requiere un alto análisis técnico y científico.
Apoyo condicionado
A pesar de las observaciones, el gobierno le dio un apoyo condicionado al proyecto.
El proyecto cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo y por ello presentará las soluciones a los problemas evidenciados para que se logren los objetivos de la iniciativa, consignó la versión oficial.
“Tras un análisis exhaustivo del texto, el Poder Ejecutivo apoya su potencial para la reactivación económica y sus efectos positivos en la salud”, dijo la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte.
“No obstante –añadió– durante este análisis, los equipos de las instituciones han encontrado aspectos que generarían efectos perjudiciales para la salud pública y la seguridad ciudadana. Por fortuna estos problemas se pueden solventar y queremos que así sea para la firma y vigencia de la ley”.
También intervino el ministro de Agricultura, Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería, quien expresó que desde el MAG, ven la industrialización y producción de cáñamo y cannabis medicinal como una gran oportunidad para los productores nacionales.
“No obstante –enfatizó– para que esta producción sea exitosa es necesario que se dé con los más altos controles de salud, seguridad y fitosanitarios. Una vez corregido el texto, no dudamos de que el sector productor estará listo y deseoso de ingresar al mercado y convertirse en un referente a nivel regional”
