Edgar Fonseca, editor

La Asamblea Legislativa que lo eligió por mayoría magistrado de la Corte Suprema de Justicia, decidió ayer por mayoría levantar la inmunidad a Celso Gamboa Sánchez, enfrentado a una causa penal y administrativas tras el escándalo del “cementazo”.

Un total de 45 diputados votaron el levantamiento de la inmunidad. La votación fue nominal y no secreta.

Por tratarse de un miembro de los supremos poderes, la viabilidad de la causa contra Gamboa pasaba por levantar su fuero en la instancia legislativa que lo nombró por mayoría hace dos años.

Horas antes de la decisión del Congreso, el magistrado Gamboa, exfiscal adjunto, exministro de Seguridad y exdirector de la DIS,  cuestionó la posibilidad de que la votación fuese nominal.

Advirtió que el reglamento legislativo contempla el secreto de votaciones como estas cuando de por medio están acusaciones, suspensiones, votos de censura contra funcionarios.

Gamboa enfatizó que, de concretarse el levantamiento de su fuero en las condiciones cuestionadas, afectaría o atrasaría el eventual proceso judicial en su contra.

Para Gamboa el levantamiento de inmunidad en esas circunstancias se vería afectado de vicio de nulidad.

“No estoy dispuesto a permitir violaciones a mis derechos fundamentales”, dijo Gamboa en una nota que remitió este jueves a la Fiscal general a.i. Emilia Navas.

Anunció que interpondrá más recursos que atrasarán el desarrollo del proceso en su contra.

Cuestionamientos

Gamboa es cuestionado por haber supuestamente inducido a error a magistrados de la Sala III, de la que era miembro titular, cuando se dio la desestimación de una causa contra los diputados Víctor Morales Zapata, oficialista independiente, y Otto Guevara, libertario, por presunto tráfico de influencias en medio del escándalo del “cementazo” que estalló en la cúpula de asesores del presidente Luis Guillermo Solís.

La Fiscalía también lo investiga por supuesto tráfico de influencias en un caso en que se vincula al alcalde Johnny Araya, quien gestionó ante la Fiscalía se omitiera su nombre de un proceso.

El escándalo “cementazo” envolvió al magistrado Gamboa al trascender la coincidencia de un viaje suyo a Panamá con el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, quien está preso en medio de investigaciones por cuestionados créditos bancarios por unos $30 millones a la firma Sinocem vinculada a él.

Gamboa niega relación anómala con el empresario y rechaza actuaciones incorrectas o ilegales de su parte en los casos a que ha sido vinculado.

La Corte Plena lo suspendió desde el 13 de octubre y al día siguiente la Fiscalía allanó su despacho, en una acción sin precedentes.